Las nuevas salas del TSJA desatan la pugna entre Málaga y Granada
La ubicación de dos secciones de nueva creación en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha despertado las exigencias locales en Granada, Sevilla y Málaga. Cada una con sus argumentos, instituciones de las tres ciudades reivindican que las nuevas sedes se instalen en su provincia y la discusión ha ido subiendo de tono, con el alcalde de Granada acusando a Sevilla y Málaga de “pervertir” el Estatuto de Andalucía.
El artículo 4.2 del Estatuto de Andalucía vigente dice literalmente así: “La sede del Tribunal Superior de Justicia es la ciudad de Granada, sin perjuicio de que algunas salas puedan ubicarse en otras ciudades de la Comunidad Autónoma”. El Estatuto de 1981 ya decía que en la primera sesión ordinaria del Parlamento se elegiría la sede del Tribunal Superior de Justicia, y esa fue Granada.
36 años después de aquello, la planta judicial va a incorporar dos nuevas secciones de lo penal integradas en el TSJA, cúspide de los órganos judiciales andaluces. El cometido de estas secciones será el de resolver apelaciones de sentencias penales dictadas por las audiencias provinciales. En favor de ubicarlas en Málaga y Sevilla juegan el volumen de casos que generan las dos ciudades, la comodidad y el ahorro de costes en desplazamiento para ciudadanos y abogados. En favor de Granada, la literalidad del Estatuto y la unificación de sedes judiciales, evitando la dispersión.
La decisión debe tomarla el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reunido en comisión permanente. No lo hizo en su reunión de este martes y aún no hay previsión de cuándo lo hará, informan fuentes oficiales. El CGPJ deberá ratificar o no lo acordado por la Sala de Gobierno del propio TSJA, que el 25 de abril se pronunció a favor de ubicar las nuevas sedes en Málaga y Sevilla, incorporando tres magistrados en cada sede. Votaron a favor de esta opción veintitrés magistrados, por cinco en contra, incluido aquí su presidente, Lorenzo del Río, que emitió voto particular calificando la decisión de “prematura e injustificada”. No es habitual que el Gobierno de los jueces se aparte del criterio de las salas de gobierno.
Sin embargo, a la ecuación se incorporó otro factor. Primero el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, y luego el consejero de Justicia, Emilio de Llera, se pronunciaron contra la propuesta de la Sala de Gobierno del TSJA. En una carta que remitió al ministro de Justicia y al propio Consejo General, De Llera argumentaba que el Estatuto “determina con claridad” que Granada es la sede del TSJA, que la creación de órganos judiciales “fuera de su sede” comporta un “incremento del gasto” y que no hay argumentos objetivos para el desplazamiento. Por eso, “el caso que nos ocupa requiere, para su concreción, de nuestro parecer favorable”, aseguraba De Llera.
Este martes, la presidenta Susana Díaz se sumó al debate. Defender la capitalidad de Granada, dijo, es “defender nuestro Estatuto de Autonomía”. “Como presidenta de todos los andaluces”, Díaz aseguró que va a “levantar la voz cada vez que haga falta para que nadie juegue al enfrentamiento entre territorios”, según recoge Europa Press. Hizo estas declaraciones en Granada.
Instituciones malagueñas contra granadinas
El consejero envió las cartas una semana después de que el TSJA hubiera optado por Málaga y Sevilla y acabó provocando una escalada verbal. En Málaga comparecieron el lunes, en estampa conjunta, el alcalde Francisco de la Torre, el subdelegado del Gobierno, Miguel Briones, el decano del Colegio de Abogados, Francisco Javier Lara y hasta representantes de la Universidad. Lara pidió a la Junta de Andalucía que “respete” el acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJA y criticó la “injerencia política” del consejero, deslizando que había intentado “politizar” el asunto. Lara tiró de los datos de la última memoria del TSJA, que indican que Málaga es la provincia andaluza con más litigios penales (19.163 en 2016, por 18.342 en Sevilla y 8.715 en Granada) y encabeza el número de macrocausas.
Sus declaraciones se unieron a las del juez decano de Málaga, José María Páez, o las del decano de los abogados sevillanos, José Joaquín Gallardo, que había pedido “respeto institucional” para la decisión del TSJA. Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), vaticinó que la ciudad tendrá una de las secciones “por pura lógica, sentido común, porque es lo natural y lo que corresponde”.
Al frente institucional en Málaga se le opone el de Granada, cuyo alcalde advirtió de que podría recurrir ante los tribunales de lo contencioso-administrativo si las sedes se desplazan a Sevilla y Málaga. Francisco Cuenca (PSOE), que se reunió con agentes locales para crear un frente común, acusó a las otras dos ciudades de “pervertir” el sentido de la capitalidad judicial de Granada. Cuenca llegó a anticipar manifestaciones en Granada si el CGPJ hace caso al TSJA y crea las nuevas secciones en Sevilla y Málaga. En la ciudad nazarí se ha recuperado para el argumento el supuesto de Ley de Demarcación y Planta de 1988, con la que se crearon dos salas de lo Social y una de lo Contencioso-Administrativo en Málaga y Sevilla, respectivamente.
El debate ya ha dejado atrás los criterios de legalidad, economía, organización o conveniencia para entrar de lleno en las lógicas locales. Que las apelaciones penales se ventilen en uno u otro lugar es también un negocio para los procuradores y abogados de la ciudad escogida, y a nadie se le escapa que Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada están gobernados por el PSOE, mientras que Málaga tiene alcalde del Partido Popular. En contraste con las declaraciones de De la Torre, el alcalde socialista de Sevilla, Juan Espadas, no se ha pronunciado sobre este asunto.
