"Nadie me escucha", "todo está cerrado": ocho de cada diez andaluces que fueron al Defensor durante la pandemia lo hacían por primera vez

La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, y el defensor andaluz, Jesús Maeztu

"Aunque todos nos hemos sentido vulnerables, no todos tenemos el mismo paraguas protector". El Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha presentado este jueves en el Parlamento de Andalucía el informe extraordinario 'Derechos de la ciudadanía durante la COVID-19. Primera ola de la pandemia' en le que, al hilo de la pandemia, propone una decena de retos a modo de "lecciones de la crisis" para lograr reducir la brecha de la desigualdad, agrandada desde marzo como consecuencia de la nueva enfermedad, que "ha puesto en evidencia las carencias" del actual sistema durante los últimos meses. Como muestra, un botón: ocho de cada diez personas que acudieron al Defensor por un motivo relacionado con la Covid-19 no había acudido nunca antes a la institución. Muchas dudas, mucha inseguridad y no siempre una respuesta por parte de las administraciones, ha denunciado Maeztu ante una pandemia que ha hecho "saltar algunas costuras" en la sociedad. "No vale salir con una vacuna y dejar a los excluidos sin un paraguas y poner en la cola otra vez a los mismos", ha resumido.

El 'efecto Daniel Blake' amenaza con alejar del ingreso mínimo vital a las personas más necesitadas, según los gerentes de servicios sociales

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La Defensoría, desde el inicio de la crisis sanitaria, adaptó su servicio desde el primer día de confinamiento para tratar de atender las demandas de ayuda y asesoramiento por parte de la ciudadanía andaluza. "Machaconamente, las frases que más se han repetido han sido 'no sé adónde ir', 'nadie me escucha', 'todo está cerrado', 'yo y mis niños ¿de qué comemos?', ha comentado Maeztu en rueda de prensa. Entre los datos aportados, el informe se fundamenta en más de 5.000 expedientes solo relacionados con la Covid-19 (1.602 quejas y 3.474 consultas). El informe ofrece especial atención hacia los colectivos que se han visto más desprotegidos. "No estábamos preparados, pero quiero impusar las mejoras de retos que están pidiendo solución, porque esto aumenta la pobreza", ha reflexionado. Colapso o mala atención en servicios de información o reserva de citas ha sido una de las cuestiones más trasladadas por la ciudadanía. "Hace falta revisar cómo estábamos y qué necesitamos para acercarnos a la igualdad real", ha dicho Maeztu, que ve la pandemia como una oportunidad para hacer cambiar algunas cosas. "Ha sido todo muy cruel pero se pueden ahora arreglar muchas cosas", ha enfatizado.

El informe denuncia la "tardía respuesta de las administraciones", con múltiples situaciones trasladadas por la ciudadanía sobre retrasos en la resolución de procedimientos, vulneración de derechos, mala administración, desatención, o falta de mecanismos adecuados de información para sus consultas. "La función del Defensor del Pueblo andaluz ha seguido siendo la de dar una respuesta ante la desesperación de muchos andaluces necesitados", señala el informe. "Confínese en su casa, nos dicen. ¿En qué casa? ¿En qué condiciones?", ha ejemplificado. "Estábamos de espaldas a lo que venía y no se sabía qué hacer. La gente necesitaba información y esa información daba seguridad".

Brecha digital, nuevos excluidos

Maeztu, más en concreto, ha hecho hincapié en la brecha digital y su afectación a diversos colectivos (personas mayores, con discapacidad, desfavorecidos social y económicamente, migrantes, mujeres con carga familiar, etc.). "No hay conectividad, ni instrumentos, ni formación", ha denunciado el Defensor, que se ha referido a los 'nuevos excluidos' por la imposibilidad o incapacidad de acceder a recursos tecnológicos. "La brecha digital viene para quedarse y se estrá convirtiendo en una nueva forma de exclusión social", ha lamentado Maeztu. "Hay miedo a no poder rellenar un formulario. Es un instrumento que genera mucha inseguridad y muchas dudas entre la ciudadanía", ha incidido.

El Defensor ha recalcado que la protección de la salud de la ciudadanía debe ser el derecho prioritario sobre el que sustentar cualquier política para enfrentar el problema, pero ha habido circunstancias nuevas como consecuencia del coronavirus que deben ser conocidas por las administraciones públicas para dar respuesta inmediata y tener previstas soluciones, amén de que muchas de las situaciones se estaban produciendo con anterioridad y se han agravado a causa de la pandemia, según la exposición de Maeztu. En el informe se apuesta por reconsiderar algunas de las políticas públicas que diseñan las Administraciones para controlar la expansión y el tratamiento de la enfermedad, a la par que mitigar el impacto de futuras pandemias similares. "Tiene que haber un equilibrio entre lo económico y la salud, aunque prima la salud", ha dicho Maeztu.

Entre las "actuaciones preferentes para reclamar políticas urgentes", el informe del Defensor destaca la protección económica eficaz y duradera para todos aquellos trabajadores precarios o pertenecientes a la economía informal que, como se ha puesto de manifiesto en esta crisis, no se pueden permitir cuarentenas o bajas médicas, aunque estén contagiados; y que, frecuentemente, además, desarrollan actividades que implican un contacto continuo con otras personas. Asimismo, alerta de la situación de las personas mayores, especialmente de las que se encuentran en residencias, ante la importancia de la intervención pública frente a los peligros de su soledad y aislamiento. Maeztu también apuesta por la protección de la infancia y la adolescencia, en especial de aquellos en situaciones de mayor vulnerabilidad como son los que viven en riesgo de exclusión, con especial atención a los menores inmigrantes, y los menores afectados con algún tipo de discapacidad.

Garantía de suministros básicos

El informe también apunta al refuerzo de la atención primaria, con mayor atención en los barrios más frágiles socialmente, estrechando la colaboración entre médicos y trabajadores sociales, los cuales, en principio, tienen una relación más cercana y un mejor conocimiento de la situación personal y familiar de los residentes más vulnerables. Asimismo, el derecho a la educación, en cuanto a procurar las medidas organizativas y de planificación establecidas para preservar la salud del alumnado en un sistema de clases presencial mientras no se pueda considerar superada la situación de pandemia; y por otro, establecer las medidas para combatir la brecha digital en el ámbito educativo, es decir, evitar así que el alumnado sin acceso a la enseñanza por medios telemáticos, bien por falta de dispositivos electrónicos o de conexión a internet, acaben desconectando también del sistema educativo.

Maeztu también ha solicitado la ampliación y la mejora de la calidad del parque de vivienda en los barrios más densamente poblados y de menores ingresos, porque han acudido al Defensor familias, con hijos, que han vivido el confinamiento en pisos de 40 metros cuadrados. También ha destacado la garantía de suministros básicos, porque personas afectadas por cortes de luz y agua se ven imposibilitadas de cumplir con las medidas sanitarias impuestas. También se ha referido a la falta de medidas y recursos para las personas migrantes que viven en asentamientos chabolistas, procurando agua potable y condiciones dignas de habitabilidad, así como campañas de información en los idiomas correspondientes, así como el seguimiento de las personas internas en centros penitenciarios.

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Publicado el
26 de noviembre de 2020 - 13:26 h

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