Patronal y sindicatos exigen a Susana Díaz una Ley de Participación Institucional como la del resto de comunidades

Cinco años después de que caducara el séptimo y último Acuerdo de Concertación Social de Andalucía y con un nuevo sistema de diálogo del Gobierno de Susana Díaz con los principales agentes económicos y sociales que no termina de convencer ni a los sindicatos (CCOO y UGT) ni a la patronal liderada por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), los dos primeros han optado por preparar un borrador para una Ley de Participación Institucional.

El objetivo es la institucionalización del diálogo con los principales agentes económicos y sociales, cuyo protagonismo está constitucionalmente reconocido, después de que, desde que Susana Díaz asumiera el Gobierno de Andalucía por primera vez en 2013, no se haya reactivado la concertación social como tradicionalmente se había entendido pero tampoco se haya puesto en marcha una ley varias veces prometida y con la que cuenta la mayoría de las comunidades autónomas de España.

De hecho, esta ley es una asignatura pendiente de la pasada legislatura, cuando el compromiso se atascó en los borradores, por lo que tanto CCOO como UGT han decidido elaborar su propuesta en defensa de un diálogo clave para la vertebración social, el progreso económico y la creación de empleo. El propio Consejo Económico y Social de Andalucía demandó esta norma cuando en 2016 emitió su dictamen sobre la Ley de Participación Ciudadana para con ello dar un paso más, pero su recomendación también ha caído en el olvido. El Gobierno de Andalucía lo ha incluido como compromiso en el Plan Anual Normativo de 2018.

“En comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Castilla y León o antes la Comunidad Valenciana, tienen las mejores leyes en participación institucional”, recuerda la secretaria general de UGT en Andalucía, Carmen Castilla. En este sentido, a excepción de País Vasco y Asturias, que se quedaron en el proyecto de ley, y Castilla la Mancha, todas las demás comunidades autónomas cuentan con un marco de este tipo [ver listado anexo].

Desde CCOO coinciden en esto: “Estamos convencidos de que una Ley de Participación Institucional sería el instrumento idóneo [...] para la definición de las políticas públicas”, como consta en una de sus comparecencias parlamentarias. “Gobernar la política sin presencia de los agentes económicos y sociales supone restar eficacia, por eso reclamamos participar en el diseño de las políticas públicas”, ha dicho Nuria López, secretaria general de la organización en Andalucía.

Por su parte, el presidente de la CEA, Javier González de Lara, ha puesto la consecución de esta ley como uno de los objetivos con los que ha optado a su reciente reelección en el cargo.

“Diálogo permanente”

En las últimas décadas se han firmado siete acuerdos de concertación social en Andalucía, expirando la vigencia del último en 2013. Desde entonces, Susana Díaz ha defendido un “cambio de modelo” con la Agenda por el Empleo 2014-2020 como base para un “diálogo” permanente más que una concertación social, como compromiso de unas medidas que “se van concretando con los presupuestos autonómicos cada ejercicio”, a la vez que ha prometido sentar en la mesa a otras organizaciones representativas más allá de los tres clásicos, como las organizaciones cooperativas. 

Este cambio de rumbo coincidió con una serie de escándalos en los tribunales que salpicaron a los dos sindicatos y a la CEA, si bien tras un inicial divorcio de Susana Díaz con estas organizaciones, las ha incluido en su agenda con puntuales fotografías para asuntos clave, incluído el posicionamiento común de Andalucía en el modelo de financiación de las comunidades autónomas. 

Se han hecho fotografías parecidas en este tiempo con una tendencia a multiplicarlas el último año. De este modo, en 2014, lo hizo con motivo de las propuestas  de inversión que la Junta de Andalucía incluyó para el llamado Plan Juncker y para abordar la estrategia para la recuperación económica del territorio. En 2015, para la renovación del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla). En 2016, para incluir cláusulas sociales y medioambientales en los contratos de la administración pública y para crear la Mesa de la Construcción Sostenible. Y en 2017 para firmar el Pacto por la Industria y el de la Dignidad del Empleo en Andalucía, para la constitución de la Mesa por la Calidad y para la citada ronda de contactos sobre del modelo de financiación.