Pilar Sánchez empieza su carrusel de tribunales

La exalcaldesa de Jerez Pilar Sánchez, actual directora del Instituto Andaluza de Cualificaciones Profesionales de la Junta de Andalucía, se enfrenta esta semana en la Audiencia Provincial de Cádiz a la primera de las tres causas judiciales en las que debe rendir cuentas por su gestión al frente del Ayuntamiento gaditano entre enero de 2005 y junio de 2011.

En el conocido como 'caso Asesores (dos)', se determina su responsabilidad en supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la contratación de cinco asesores y empleados de confianza a dedo durante su mandato.

Enchufismo

La acusación particular contra Pilar Sánchez, ejercida por el exalcalde de Jerez y ex socio de Gobierno local, Pedro Pacheco, reclama 23 años y ocho meses de prisión, al entender que se aprovechó de su calidad de alcaldesa para contratar a asesores y personal de confianza “mediante decretos de Alcaldía” y sin tener en cuenta los requisitos legales de publicidad, convocatoria pública, ni recurso o posibilidad de integrar a personal procedente de las bolsa de trabajo en el periodo comprendido entre 2005 y 2011.

Según la acusación, la exalcaldesa introdujo en el Ayuntamiento a seis personas a través de contratos de alta dirección a de ofertas de trabajo gestionadas por el Servicio Jerezano de Inserción Laboral (Serjil). Estos empleos no respondían supuestamente a las necesidades del Consistorio sino a los intereses particulares de Sánchez para colocar a personas allegadas o afines al PSOE.

Beneficiarios de esas supuestas contrataciones irregulares están imputados en la causa, así como la exconcejal socialista y miembro del equipo de Gobierno de Pilar Sánchez África Becerra. La acusación reclama en algunos casos penas de cuatro años de prisión y, en otros, inhabilitaciones para el desempeño de cargos públicos.

Enemigos públicos

La apertura de la causa contra Sánchez se remonta a 2011 y se produjo como resultado de una disputa de carácter político y personal. Fue el exalcalde jerezano Pedro Pacheco el que interpuso esta demanda por supuesto enchufismo en respuesta a la que la propia Pilar Sánchez había formulado contra él por incurrir en idéntico delito: contratar a dedo a más de una treintena de personas.

En el denominado 'caso Asesores', enjuiciado en abril de 2013, Pacheco fue condenado a cuatro años y medio de prisión por dos contrataciones irregulares de personal de confianza en empresas públicas (la condena está recurrida en el Supremo). En este juicio, la propia Pilar Sánchez, en su calidad de testigo, defendió su gestión ante el tribunal. La exalcaldesa solo asume su responsabilidad en dos contrataciones y asegura que, a diferencia de los dos asesores contratados por el exalcalde para la Administración local, los suyos “sí acudían cada día a su puesto de trabajo”.

El empeño de Pacheco en esta venganza judicial es tal que ahora él es la única parte que mantiene vivo el proceso contra Sánchez, puesto que la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa y el Ayuntamiento no se ha personado como acusación. Por este motivo, la defensa de la exalcaldesa imputada pidió al lunes que se aplique a su clienta la doctrina Botín, una estrategia seguida en su día por el presidente del Grupo Santander y que aprecia que la acusación popular en solitario no es suficiente para defender una causa. El tribunal de la Audiencia Provincial de Cádiz, sin embargo, ha tumbado esta tesis y ha decidido continuar con el juicio.

Las cuentas pendientes

Con el 'caso Asesores (dos)', la exalcaldesa de Jerez inicia su particular carrusel en los tribunales, que puede llevarle este año ante el juez otras dos ocasiones. La primera aborda la supuesta reducción irregular de 244.000 euros en el precio de una parcela concedida a una empresa sanitaria para implantarse en el parque tecnológico agroindustrial de la ciudad. Sánchez se enfrenta a una pena de siete años de cárcel y 16 años de inhabilitación por supuestos delitos de malversación de fondos, prevaricación, falsedad en documento público y fraude. Es el llamado 'caso PTA' y se prevé que llegará a juicio antes de este verano.

La segunda causa contra Sánchez indaga la utilización de 8,6 millones de euros de fondos transferidos por el Estado al Ayuntamiento en el marco del Plan E para sufragar gastos municipales, concretamente, el pago de las nóminas de los trabajadores municipales correspondientes a ocho meses. En este caso, la Fiscalía pide tres años de cárcel y una multa de 8,6 millones de euros para la exregidora por un supuesto delito contra la hacienda pública por fraude de subvenciones. Sánchez ha defendido que volvería a actuar como actuó si se encontrara en la misma tesitura: es decir, al frente de un Ayuntamiento asfixiado que no tenía ni para pagar a sus empleados.