El PP-A critica que la mayoría de los gestores de la economía en Andalucía estén bajo sospecha
El PP-A ha insistido este lunes en que la corrupción sigue siendo el gran lastre para la economía de Andalucía, “que no levanta cabeza” pese a la “mejoría a nivel nacional”. En concreto, el portavoz de Economía del PP-A en el Parlamento de Andalucía, Rafael Carmona, ha insistido en que “son muchos los asuntos de corrupción que tiene que afrontar el gobierno de Susana Díaz” y el PSOE-A porque, en su opinión, no hay ningún departamento de la Junta de Andalucía que “no esté salpicado por algún escándalo”.
Someramente, ha recordado tanto el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos como el del fraude en cursos de formación profesional para empleados y en la que ha pedido a la presidenta de la Junta de Andalucía que “no se dé golpes de pecho” diciendo que lucha contra la corrupción cuando en esta legislatura, por ejemplo, “el secretario general de Universidades, Francisco Trigueros, está imputado por una subvención dudosa para la construcción del Centro de Investigación del Bienestar Ciudadano (Civic) y el gobierno lo mantiene en su puesto”.
En la misma línea, ha insistido en otros casos que han salpicado a los departamentos directamente vinculados con la economía. “Sólo en lo que llevamos de este periodo de sesiones, el secretario general de la agencia IDEA ha tenido que ser sustituido en tres ocasiones y el director general, Antonio Valverde, también ha tenido que ser relevado”. Y no sólo eso. Rafael Carmona ha recordado que “también ha tenido que dimitir el director general de la Agencia de la Energía, Luciano González, tras descubrirse que tenía una casa de recreo en situación ilegal en Yunquera (...). Y más: ”La directora general de Economía Social de la Junta de Andalucía, Angelines Ortiz, ha tenido que declarar también como imputada ante el juez que lleva el asunto de Bahía Competitiva“.
En este contexto, Rafael Carmona se ha preguntado que “si hay algún departamento que no esté salpicado por algún escándalo”. Igualmente, ha criticado que la presidenta se atribuya el “mérito” de haber establecido desde su toma de posesión el pasado mes de septiembre el principio de no exoneración, por el que no se concederían subvenciones si previamente había pendientes justificaciones de anteriores. El diputado del PP-A ha asegurado que este compromiso se adoptó a raíz de “una pregunta” de su formación en el pleno. Y es más, ha criticado que Susana Díaz “presuma” de esto cuando “en realidad no se ha concedido ninguna subvención” desde que es presidenta, porque las ayudas para la formación profesional “están paralizadas desde 2011, y las de ese año se han concedido pero no se han ejecutado sin que sepmos por qué”.
