El PP airea prácticas “pseudomafiosas” tras citar el juez a miembros del Gobierno andaluz por los contratos sanitarios

La citación judicial de varios miembros del Gobierno andaluz en un caso de posible prevaricación con los contratos a dedo a clínicas privadas ha tensionado la apertura del curso parlamentario, este miércoles, y crispado los ánimos del PP de Juan Manuel Moreno.

Tanto la Junta como los populares andaluces han tratado de restar importancia a que el juez del caso haya llamado a declarar en noviembre a los tres últimos gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en calidad de imputados, pero también a la viceconsejera de Hacienda, al exdirector de Gestión Económica del SAS y a la exinterventora del SAS, en calidad de testigos.

“Por fin se va a poder aclarar ante el juez que todo se hizo correctamente. Los gerentes del SAS fueron quienes, en su momento, solicitaron comparecer para contar su versión. Este es un Gobierno que colabora con la Justicia”, ha dicho la consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España, sin valorar la citación judicial de su número dos, Amelia Martínez, que ocupaba el puesto de interventora general de la Junta durante el periodo investigado.

El mensaje de normalidad es el mismo que había trasladado horas antes el portavoz parlamentario del PP andaluz, Toni Martín. Sin embargo, el diputado rompió el guión del argumentario para redirigir el foco hacia el PSOE, personado como acusación popular en la causa de los contratos del SAS y responsable de la querella que dio pie a la apertura de esta investigación judicial.

Martín ha acusado a los socialistas de ejercer en este asunto “actitudes turbias y prácticas pseudomafiosas”, y ha señalado -sin pruebas- a los representantes legales del PSOE andaluz por reunirse con la exmilitante socialista, Leire Díez.

La llamada “fontanera” del PSOE provocó un terremoto en el partido de Pedro Sánchez al trascender unos audios prometiendo acuerdos con la Fiscalía a empresarios acusados del fraude de hidrocarburos a cambio, supuestamente, de información sobre posibles casos de corrupción que implicasen al jefe de la UCO que investiga las causas judiciales contra el hermano y la esposa del presidente del Gobierno, además del caso Koldo.

El PP andaluz ha echado mano del nombre de Leire Díez para enmarcar la investigación judicial por los contratos a dedo del SAS con clínicas privadas en una supuesta “guerra sucia” del PSOE de María Jesús Montero contra Moreno, ante la cercanía de las andaluzas, previstas para la próxima primavera.

Martín suele ser duro y correoso en sus mensajes pero, esta vez, en el Ejecutivo autonómico han sentado “regular” sus cañonazos nada más conocerse la decisión del juez porque, dicen, denota “nerviosismo” y “hace el juego al PSOE andaluz, que necesita tensionar el debate público” en esta larga precampaña electoral.

243 millones bajo sospecha

El juez José Antonio Gómez Díez, que instruye la causa, está investigando al Gobierno andaluz por la adjudicación a dedo de 243 millones de euros a clínicas privadas entre 2020 y 2024, amparándose en el marco legal habilitado durante la pandemia cuando ya estaba derogado.

Gran parte de la investigación se centra en los reiterados informes “desfavorables” de los interventores del SAS, que alertaron a las consejerías de Salud y de Hacienda del “abuso” de los contratos de emergencia con clínicas privadas “sin justificación alguna” ya en 2021 -las prórrogas continuaron hasta 2024- porque “la pandemia ya estaba muy atemperada”, y porque era más “previsible” que en 2020, por tanto, “ya deberían haberse contratado con arreglo a la tramitación ordinaria”.

Los informes de los auditores, en manos del juez, censuran sobre todo que la contratación de emergencia, sin publicidad ni concurrencia competitiva no tenía el mismo anclaje legal que en 2020, puesto que la legislación excepcional que habilitó el Gobierno central en lo peor de la pandemia para agilizar la respuesta de las administraciones a la crisis sanitaria había sido derogada en mayo de 2021.

El juez ha citado a la actual gerente del SAS, Valle García, a declarar como imputada el próximo 25 de noviembre, junto a sus dos predecesores. García, en un audio difundido por la Consejería de Salud a los medios, ha asegurado estar “tranquila”. “Para mí es importante poder aclarar cualquier duda y explicarme con total transparencia en el juzgado; estoy tranquila y segura de que siempre he actuado con honestidad y dentro de la legalidad y agradezco que al fin tenga la oportunidad de hacerlo donde corresponde”, afirma.

Sin embargo, la primera reacción de los tres gerentes del SAS tres ser imputados por el juez por posible prevaricación no fue solicitar voluntariamente declarar ante el juez, sino pedir -a través de sus abogados- el “archivo” de la casua al Juzgado de Instrucción número 13.

Además, García, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas reclamaron una fianza por importe de 15.000 euros a cada uno de los 30 diputados del Grupo Socialista que suscribieron dicha denuncia (450.000 euros en total) como “réplica al incierto e injusto relato incriminatorio que se promueve por los querellantes con ocasión de las tramitaciones de emergencia de los contratos sanitarios del Servicio Andaluz de Salud objeto de estas actuaciones”. El juez descartó el archivo de la causa y la fianza a los socialistas. En cambio, solicitó más documentación a la Junta para ampliar la investigación y, el pasado 1 de septiembre, cursó una providencia para citar a declarar a los principales implicados en el caso.

Una semana antes de los gerentes, el 18 de noviembre, el magistrado tomará declaración como testigo a dos altos cargos de la Junta, elevando la investigación hasta el propio Consejo de Gobierno: la viceconsejera de Hacienda, que siendo interventora general de la Junta avaló el acuerdo del Consejo de Gobierno que autoriza la retirada del control previo a los contratos sanitarios a dedo, ahora bajo sospecha; y a José Antonio Miranda, veterano diputado del PP andaluz y director de Gestión Económica del SAS desde el primer Gobierno de Moreno hasta el pasado marzo, cuando es destituido en plena investigación judicial

Miranda fue el responsable directo de contabilidad en la sanidad andaluza desde 2019 y quien prorrogó los contratos a dedo con clínicas privadas durante cinco años, amparándose en el marco legal habilitado durante la pandemia cuando ya estaba derogado.

La providencia del juez se ha conocido horas antes de que arrancase el primer Pleno del periodo de sesiones en el Parlamento, donde ha comparecido la consejera de Salud, Rocío Hernández, para defender los contratos con la sanidad privada y el acuerdo marco, de más de 500 millones de euros, que devolverá a la Junta a los conciertos en abierto después de cinco años encadenando toda la tipología posible de adjudicaciones a dedo, objeto de dos investigaciones judiciales, una en Sevilla (contratos de emergencia) y otra en Cádiz (fraccionamiento de contratos menores).