Los barones del PSOE negocian por separado con Rajoy la mejor financiación para sus regiones
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha despachado esta semana, por separado, y en el intervalo de cuatro horas, con dos presidentes autonómicos del PSOE que tienen ideas muy distintas sobre cómo reformar el actual modelo de financiación autonómica. Fue la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, y el de Aragón, Javier Lambán, quienes pidieron audiencia para desbloquear este asunto, y Rajoy les citó el mismo día, uno después del otro, evidenciando al final de la jornada lo difícil que resulta consensuar la arquitectura territorial del país (incluso dentro del mismo partido).
El PSOE llevó el miércoles a la Moncloa dos propuestas divergentes para mejorar el reparto de fondos estatales en las comunidades: Andalucía y Aragón son dos territorios con características y necesidades muy distintas y, por tanto, sus criterios de financiación son opuestos, cuando no antagónicos. También lo son sus estrategias políticas. Susana Díaz se ha presentado ante Rajoy con un documento de 40 páginas que resume una propuesta de financiación aprobada por el Parlamento andaluz con el respaldo de todas las fuerzas políticas, excepto Ciudadanos. Javier Lambán ha llevado consigo otro tipo de aval: una declaración institucional firmada por los presidentes de cuatro autonomías (dos del PSOE y dos del PP) -Aragón, Asturias, Castilla y León y Galicia- que sufren despoblación, dispersión y envejecimiento demográfico, y que reclaman juntos al Gobierno una propuesta de financiación acorde con sus intereses comunes.
Díaz y Lambán pertenecen al mismo partido, de hecho, pertenecen a la misma corriente del partido, porque el aragonés fue uno de los más entusiastas defensores de la andaluza frente a las de Pedro Sánchez en las primarias a la secretaría general del PSOE . Pero Lambán no ha buscado a Susana Díaz para pactar un acuerdo de financiación, ha recurrido a presidentes autonómicos del PP que gobiernan comunidades con problemas similares a la suya, y que han elegido hacer un frente común para defender sus intereses con más fuerza. Andalucía está entre las regiones más pobladas del país y, consecuentemente, prima el criterio poblacional en el reparto de fondos. Aragón es de las autonomías que más habitantes ha perdido en los últimos años, de modo que su prioridad es computar la despoblación entre los criterios de financiación. Andalucía pide que se valore también la tasa de paro -un problema crónico en esta región-; y Aragón añade la dispersión geográfica de sus vecinos. Andalucía advierte del sobrecoste de sus escuelas infantiles, preocupada por el repunte de la natalidad que va a provocar la inmigración; y Aragón piensa en los gastos en dependencia que le genera una población cada vez más envejecida.
Ambos líderes del PSOE comparten las líneas generales del debate de financiación –impulsar un modelo más equitativo y solidario entre territorios-, pero en la letra pequeña sus intereses chocan. Y el presidente del Gobierno era muy consciente de ello cuando citó a los dos el mismo día (Lambán llevaba esperando una cita con Moncloa desde que accedió el cargo, en 2015; y Díaz la solicitó hace un par de semanas). Después de las dos entrevistas del miércoles, no sólo los barones socialistas celebraron la “predisposición” del presidente del Gobierno a desatascar el debate sobre financiación y a revisar el peso de las inversiones estatales en sus comunidades. También lo hizo el PP en Aragón y en Andalucía, donde ejercen de líderes de la oposición. En ambos casos reclamaron a sus presidentes autonómicos que medien ante el líder de su partido, Pedro Sánchez, para que busque una gran alianza PSOE-PP que desbloquee la reforma de la financiación autonómica, y de paso, los Presupuestos Generales de 2018. O más bien al revés.
Primero la Junta, luego el partido
En lo poco que coincidieron Díaz y Lambán tras su encuentro con Rajoy fue en demandar al presidente la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que todas las comunidades se sienten a abordar este asunto. La presidenta de la Junta lo ha situado en el centro de su agenda política, ha embarcado en este proyecto a todos los partidos del Parlamento, logrando casi unanimidad (101 de 109 diputados) y ha sumado al tejido asociativo andaluz, a sindicatos, patronal, universidades, entidades agrícolas… Díaz ha vuelto a segregar lo orgánico de lo institucional en este asunto, primando los intereses de su región a la estrategia política de su partido. “Cuando vengo aquí [Moncloa], no soy la secretaria general del PSOE andaluz, soy la presidenta del Gobierno andaluz y defiendo a todos los andaluces, sean del partido que sean. Creo que es lo que harán todos los presidentes, venimos como presidentes autonómicos, no como líderes de partido”, dice Díaz, cuando le preguntan si la dirección del PSOE tendría que buscar una posición común del partido en el marco de un comité federal, máximo órgano entre congresos.
Primero la Junta, luego el partido. Es una máxima que Díaz sigue a rajatabla, al menos desde que perdió las primarias socialistas de forma ostentosa. La presidenta andaluza ha usado el mismo esquema para empezar a negociar con Rajoy una modificación de los Presupuestos de 2018, cuando su partido acaba de anunciar una enmienda a la totalidad en el Congreso. Díaz rechaza el proyecto de ley, igual que Sánchez, pero se aviene a pactar mejoras en la inversión pública para Andalucía en una reunión bilateral con el ministro de Fomento. El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha aprovechado la sintonía entre Díaz y Rajoy para doblar la presión sobre Sánchez, instándole a desbloquear tanto los Presupuestos Generales como el debate sobre financiación. A Rajoy le urge más desatascar las cuentas de 2018, aunque durante su reunión con Díaz no condicionó un tema con otro, según admitió la andaluza. Pero su partido sí lo ha hecho.
Pedro Sánchez conocía la propuesta que la presidenta de la Junta llevaría a Moncloa, porque ella misma se lo trasladó el día antes cuando coincidieron en la Feria de Sevilla. El líder socialista, que en un primer momento quiso circunscribir el debate territorial en la esfera orgánica -para lo cual promovió un grupo de trabajo en el Congreso-, se ha resignado a que sus barones regionales lleven la iniciativa. Aun así, Sánchez se mostró “bastante escéptico” ante la posibilidad de que Rajoy “vaya a poner encima de la mesa una propuesta de financiación autonómica”, por mucho que el miércoles se comprometiera con Díaz y Lambán. “No tiene capacidad, ni liderazgo, ni interés en poner sobre la mesa este debate necesario”, dijo durante una entrevista en Tele 5.
De momento, en la mesa del presidente del Gobierno, la única propuesta de financiación estructurada es la de Andalucía, que bebe directamente del dictamen de expertos que creó el Ministerio de Hacienda con las comunidades para consensuar un nuevo modelo. El documento empieza por subrayar la “insuficiencia financiera” de las regiones y pide aumentar en 16.000 millones de euros el fondo común para gestionar los servicios básicos (sanidad, educación y política social), de los cuales 4.000 millones corresponderían a Andalucía. También se propone una mejor armonización fiscal entre regiones, acortar la brecha entre las que más reciben y las que menos, evitar el dumping fiscal, aumentar la recaudación tributaria de las comunidades (IVA e impuestos especiales) y crear un fondo de sostenibilidad para garantizar la calidad de los servicios públicos durante ciclos de crisis, y evitar recortes en sanidad y educación como los ejecutados estos años.
Cataluña sin gobierno
La fórmula andaluza, que tiene el significativo aval del PP regional, no es del agrado del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que será el árbitro en este debate. Pero al menos ha aportado un dato revelador para el presidente Rajoy: Susana Díaz y Javier Lambán están de acuerdo en que la reforma del modelo de financiación autonómica se aborde ya, sin esperar a que Cataluña forme gobierno y salga de la parálisis institucional en la que lleva meses inmersa.
Díaz fue mucho más explícita: la andaluza, primera dirigente del PSOE en apoyar a Rajoy en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sí cree que hay gobierno en Cataluña: el Gobierno central, que es quien asumió las competencias políticas de esta comunidad tras intervenir su autogobierno en aplicación del citado artículo. “Si se toman decisiones se toman para todo. ¿Hay ahora mismo quien está ejerciendo las competencias de Cataluña, sí o no?”, dijo, tajante. La propuesta de Díaz induce a pensar que el Gobierno de Rajoy, sustentado por el partido más derrotado en Cataluña (PP), puede fijar la posición de esta comunidad en materia de financiación en el próximo Consejo de Política Fiscal, que el presidente se ha comprometido a convocar antes del verano. Es una forma implícita de presionar al Parlament catalán, pilotado por el independentista Roger Torrent, que no termina de desbloquear la investidura por su obstinación en proponer a candidatos fugados, encarcelados o perseguidos por la justicia (Puigdemont, Jordi Sánchez, Turull…).
