Las universidades públicas andaluzas piden a la Junta que no ponga en riesgo su estabilidad al restarles 135 millones

Los rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas solicitan al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la revisión de que que tengan que aportar 135 millones de euros procedentes de su presupuesto nominativo destinado a la cobertura de gastos corrientes para el Fondo de Emergencia Social y Económica contra la COVID-19.

En una carta dirigida al consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, consideran que esas medidas se han de adoptar “de forma negociada con las universidades, buscando un consenso que permita a las universidades demostrar su corresponsabilidad con la situación actual, pero sin poner en riesgo el desarrollo digno de sus funciones y su estabilidad futura”.

Según recuerda los rectores, el pasado 18 de mayo el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó instar al Consejero de Hacienda, Industria y Energía a iniciar las actuaciones necesarias para la dotación de un Fondo de Emergencia Social y Económica contra la COVID-19 (FESE) por valor de 700 millones de euros. En dicho acuerdo se decidió que las Universidades públicas andaluzas aportarán a este fondo 135 millones de euros procedentes de su presupuesto nominativo destinado a la cobertura de gastos corrientes. Para hacer frente a este ajuste financiero se ha autorizado a las universidades a recurrir a sus remanentes de tesorería no afectados y se han acordado otras medidas complementarias: pago de la deuda contraída por la Junta con las Universidades desde el año 2015 y autorización de inversiones con cargo al resto de sus remanentes por valor de 125 millones de euros.

En este sentido, los rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas, “desde la más absoluta lealtad institucional” le expresan “una vez más la actitud solidaria de las universidades públicas andaluzas, repetidas veces ya demostrada, con las difíciles circunstancias que atraviesa nuestro país en el orden sanitario, social y económico y su buena disposición a contribuir, de manera proporcionada y justa, a cuantas acciones correspondan para favorecer la recuperación económica y la atención a los grupos más desfavorecidos”.

Señalan “que los remanentes de tesorería no afectados de los que disponen algunas universidades corresponden a cantidades presupuestadas en ejercicios económicos anteriores al actual, que, por diversos motivos, no pudieron ser ejecutadas en el año correspondiente y que, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no pueden ser gastados en años sucesivos sin la autorización de la Consejería con responsabilidades en Hacienda, dado que contablemente el uso de estos remanentes genera déficit en la liquidación de cuentas de las universidades, déficit que consolida con el propio de la Junta de Andalucía, razón por la cual tienen que ser autorizados anualmente”.

También apuntan “que estos remanentes de tesorería conforman una parte sustancial de la posición financiera de las universidades públicas andaluzas para afrontar las inversiones estratégicas aprobadas por los órganos de gobierno de las universidades, por lo que, de forma reiterada y durante los últimos años, se ha solicitado poder utilizarlos, de forma progresiva, para la mejora del servicio público que prestan, sobre todo en ausencia de un plan plurianual de inversiones de la Junta de Andalucía”.

Los rectores reiteran de nuevo “la disposición de las universidades públicas andaluzas a contribuir a la constitución del FESE” pero aseguran que “no compartimos la forma y medida en que se ha hecho” porque “el ajuste propuesto no solo comporta una reducción patrimonial neta para las universidades públicas andaluzas, sino que genera incertidumbre sobre el futuro al tener que afrontar el mismo, si se aplica la solución propuesta, con un fondo de contingencia que se verá reducido de manera considerable”.

En ese sentido, “en términos plurianuales, el uso de remanentes de tesorería no afectados para hacer frente a gastos corrientes supone una reducción de la financiación del conjunto del Sistema Universitario Público Andaluz, algo que ya ocurrió en el año 2019. Así, por tanto, siendo cierto que la capacidad de ejecución del presupuesto de las universidades para este ejercicio económico 2020 no se resiente, la capacidad financiera de las universidades en términos plurianuales se reduce en la cantidad de 135 M€”.

Además, “los remanentes de tesorería suponen una salvaguarda para la estabilidad de las universidades frente a contingencias. La reducción en un solo año del 31.8% de estos remanentes para su uso en gastos corrientes (que es lo que representan los 135 M€ respecto al total de remanentes del sistema a finales de 2019) supondrá una merma importante en el patrimonio de las Universidades públicas andaluzas y, por tanto, en su capacidad de respuesta ante nuevas eventualidades, especialmente en un contexto económico de especial dificultad como el que se prevé para el ejercicio económico de 2021”.

Por otra parte aseguran que “frente a la propuesta acordada por la Junta de Andalucía, entendemos que se deben explorar otras posibles soluciones, que, teniendo un resultado equivalente en la aportación de las Universidades públicas andaluzas al FESE, no debilite la posición financiera de las mismas para futuros ejercicios económicos. Entendemos que una de estas posibles soluciones podría consistir en mantener el aplazamiento del pago de la deuda, de manera que esos 126,9M€ sean los que se destinen al FESE, autorizando en paralelo el uso de solo 135M€ de remanentes para su uso en inversiones, lo que además tendría igualmente el efecto de ayudar a reactivar la economía andaluza después de los efectos muy negativos de esta crisis de la COVID-19”.

También consideran “que deben aclararse de manera precisa los mecanismos y los plazos que permitan la ejecución de los fondos autorizados para infraestructuras. Los procedimientos administrativos de este tipo de inversiones son largos y complejos, y es muy difícil, a estas alturas del año, comprometer estos 126 millones a la fecha propuesta de 31 de diciembre de 2020”

Además señala la carta que “habiendo quedado exceptuadas de esta reducción presupuestaria las universidades que no poseen remanentes suficientes ni deuda pendiente de cobro y, por lo tanto, habiendo quedado también exceptuadas de participar en un plan paralelo de inversiones, deben articularse mecanismos compensatorios que permitan evitar la pérdida de la convergencia a la que esta situación nos puede llevar y a la que, por mandato legal, se debe tender. Es de temer, en este sentido, que una mayor diferencia en el desarrollo entre las universidades andaluzas pueda comprometer la viabilidad de algunas de ellas”.

Por último señalan que “el futuro de Andalucía necesita unas universidades viables, con un modelo de financiación estable y sostenible. No podemos seguir sujetos a vaivenes que pongan en peligro el desarrollo de la universidad y, con él, el de la sociedad andaluza. El Sistema Público de Universidades Andaluzas es una de las principales garantías de futuro de nuestra tierra. A través de una larga Historia, que nos enorgullece, ha aportado miles de egresados y profesionales, ha generado conocimiento gracias a un personal científico de excelencia y ha transferido conocimiento y tecnología al tejido productivo y al conjunto de la sociedad. En los últimos meses, como consecuencia de la COVID-19, nuestra comunidad universitaria ha demostrado su valía en todos los sentidos. Para que este ecosistema de I+D+i y de creación de valor pueda seguir desarrollándose, las universidades necesitan ahora más que nunca una apuesta institucional y económica firme, responsable y coherente, acorde a los tiempos que nos ha tocado vivir y con la altura de miras que exige un nuevo modelo de desarrollo para Andalucía”.