El fallo de los ERE arruina el bloque del PSOE andaluz con la izquierda y despeja “dos legislaturas” al Gobierno de derechas
La sentencia del caso ERE ha desbaratado el puzzle de la política andaluza y ha vuelto a poner el contador de la legislatura a cero. El próximo lunes 2 de diciembre se cumple un año desde las elecciones que dieron la Junta de Andalucía a la derecha, después de 37 años del PSOE en el poder. Aquello supuso un cambio de ciclo, pero la condena por prevaricación y malversación a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán -responsables de 23 años de gobiernos socialistas- representa una catarsis mucho mayor. “El 2D fue el inicio del cambio, pero el 19 de noviembre -día en el que se conoció el fallo de los ERE- supuso el fin de una era en la política andaluza”, proclamó este miércoles el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, desde la tribuna del Parlamento.
El fallo de los ERE ha retrasado el reloj de la política andaluza a 2012, cuando el PP estaba crecido y el PSOE cabizbajo por el goteo constante de noticias relacionadas con el fraude de las ayudas de la Junta a empresas en crisis. Los populares ganaron las elecciones andaluzas aquel año por primera vez, pero una coalición entre socialistas y comunistas les impidió gobernar. Ahora, con siete años de retraso, el PP quiere cobrarle la factura de los ERE al PSOE de Susana Díaz, condenándoles al destierro político los próximos ocho años. “Hablar de los ERE nos va a dar no para una, sino para dos legislaturas”, anunció Bendodo. “Esto no es un PSOE del pasado, sino del presente”, añadió en su turno la número dos del PP andaluz, Dolores López. “La sentencia ha pulverizado 23 años de gobiernos del PSOE, es una enmienda a la totalidad a ese periodo”, remató el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno.
La primera sesión plenaria en el Parlamento tras conocerse la condena a 19 ex altos cargos de la Junta ha retratado a ese PSOE achicado, víctima de las duras críticas del resto de la Cámara. PP, Ciudadanos y Vox invalidan toda la herencia socialista y, de paso, implican a la actual líder del PSOE a quien reprochan que abandonara la acusación particular del caso ERE cuando era presidenta de la Junta, en 2016, impidiendo así la recuperación de los 680 millones defraudados. Todos los grupos de la Cámara piden la dimisión de Susana Díaz.
Los socialistas aguantan el revolcón como pueden, pero aún les falta una estrategia de defensa y contraataque. Fuentes de la dirección regional explican que la sentencia era “un Rubicón que hay que dejar pasar”, y sostienen que “el caso ERE está amortizado electoralmente”. “En el último año hemos ganado cinco elecciones a la derecha en Andalucía”, afirman. Ahora tragarán saliva y dejarán pasar el puente de la Constitución antes de enarbolar un nuevo discurso para “sacar pecho” por los 37 años de gobiernos socialistas. “Ahora tocaba encajar el impacto de la condena, pero sí, tenemos que reivindicar sin complejos los éxitos de los gobiernos de Chaves y Griñán”, admiten estas fuentes.
La ejecutiva de Susana Díaz reconoce que la sensación anímica del partido está entre “el dolor y la vergüenza” tras conocer el fallo de los ERE. “Dolor por las personas condenadas y vergüenza por que esto pasara bajo gobiernos del PSOE”, dicen. Pero, a la vez, aseguran que este asunto ha despertado “un patriotismo de partido en las agrupaciones”, que la militancia quiere cerrar filas con sus referentes históricos, y que la dirección federal de Pedro Sánchez “está en línea con la dirección andaluza”. En el discurso oficial, todos los condenados “ya asumieron responsabilidades políticas y dimitieron”. Griñán dejó la presidencia de la Junta y “se llevó por delante todo lo que quedaba de los ERE”.
El PSOE andaluz pide tiempo, se agarra “al clavo ardiendo” de que el Tribunal Supremo declare inocentes a los ex presidentes y devuelva la legitimidad moral al partido. “A ver si suena la flauta”, dicen. Las voces críticas del PSOE andaluz son menos optimistas. Acusan a Díaz de “no querer ver la realidad, que estamos ante un largo desierto por delante”, y que se está prorrogando la necesaria renovación de la actual ejecutiva y de su líder.
Un bloque de izquierdas inexistente
Los ERE no sólo han robustecido al Gobierno de Juan Manuel Moreno, también han fracturado más el hipotético bloque de izquierdas, la única alternativa teórica para disputar el poder a la alianza de PP, Ciudadanos y Vox. El grupo parlamentario Adelante Andalucía registró esta semana una proposición no de ley para pedir al Parlamento la reprobación “de los gobierno socialistas” salpicados por el fallo condenatorio del caso ERE, y también la reprobación de Susana Díaz y su Ejecutivo por retirarse de la causa como acusación particular, dificultando así “la recuperación de los fondos públicos utilizados al margen de la ley”.
Se trata de una condena política al PSOE impulsada por un partido a su izquierda, que previsiblemente encontrará apoyo en los otros tres grupos de derechas: PP, Ciudadanos y Vox. Todos han pedido la dimisión de Díaz como diputada. El primero en hacerlo fue el grupo que dirige Teresa Rodríguez. “Usted no es digna de representar a los andaluces ni a los socialistas de bien”, le espetó la portavoz de Adelante, Ángela Aguilera.
Sin embargo, la iniciativa de Rodríguez se ha topado con dos muros, uno reglamentario y otro político: primero la Mesa del Parlamento ha postergado la calificación de la propuesta de Adelante, porque existen dudas de que la Cámara pueda reprobar de forma genérica a los “gobiernos socialistas” y que pueda reprobar a uno de sus miembros, la diputada Susana Díaz. Se ha solicitado un informe jurídico, porque algunas voces entienden que las reprobaciones deben ser “nominales o específicas”, es decir, se reprobaría la responsabilidad política de los ex presidentes Chaves y Griñán, pero no al Gobierno en su conjunto.
El otro muro es más peliagudo. Adelante Andalucía es una coalición de dos fuerzas - Podemos e IU-, que ahora son aliados, pero en la pasada legislatura no lo eran. Y hace dos legislaturas eran rivales y compitieron en las elecciones de 2015 por el electorado de izquierdas. La idea de que el Parlamento repruebe “a los gobiernos socialistas” que idearon un sistema ilegal de concesión de dinero público“ bajo el mandato de Chaves y Griñán pone en una complicada tesitura a IU, cofundador de la confluencia. La coalición de izquierdas formó parte de uno de esos gobiernos que ahora piden reprobar.
Es probable que el PP termine apoyando esta iniciativa, pero de momento no ha dudado en hurgar en la cicatriz que divide a los socios de la confluencia, Podemos e IU. “Nunca había visto un ejercicio de autoreprobación en política. Cuando voten esto ese día se estarán reprobando a sí mismos, porque en el pecado llevan la penitencia”, ironizó Bendodo, durante el debate en Pleno sobre el caso ERE. Debajo de este dardo hay turbulencias en la izquierda. Podemos Andalucía es una fuerza con un discurso complejo, más digerible para quienes están dentro, que para los observadores externos. El partido de Teresa Rodríguez mantiene la equidistancia con la dirección estatal de Pablo Iglesias, que negocia un Gobierno de España con Pedro Sánchez, y mantiene equidistancia con IU, su socio de confluencia, que gobernó con el PSOE andaluz de 2012 a 2015.
La solicitud de reprobación a los “gobiernos socialistas” salpica a IU y retrotrae al momento más convulso de la negociación con Podemos para formar la coalición Adelante Andalucía. El primer documento oficial que el partido morado redactó con la hoja de ruta hacia la confluencia con IU imponía a su socio, entre las condiciones, que rompiese con el PSOE en todos los gobiernos municipales que compartían con ellos y que se retractase de su antigua coalición en la Junta. “El PSOE andaluz es un partido irrecuperable para la izquierda mientras siga en manos de Susana Díaz”, decía el informe de abril de 2017.
El texto de Podemos era muy crítico con la relación de IU con el PSOE, tanto en la Junta como en los ayuntamientos. Les reprochaban a sus futuros socios de confluencia “una especie de lógica de hermano pequeño al que sólo le cabía un rol de lobby desde la subalternidad para buscar concesiones a cambio de participar en parcelas de gestión”. El texto levantó ampollas en el seno de IU. El entonces coordinador regional, Antonio Maíllo, ya había marcado distancias con su antecesor, Diego Valderas, que ocupó la vicepresidencia en el último Gobierno de Griñán. Maíllo vivió la ruptura de esa coalición después de que la ex presidenta Susana Díaz expulsase a IU del gabinete y adelantase las elecciones a 2015. Prometió públicamente que no volverían a pactar un Gobierno con el PSOE pero, a la vez, defendió su papel en aquel Ejecutivo (Ley antidesahucios, Ley de Memoria, Ley contra los abusos hipotecarios…).
La reprobación a los gobiernos socialistas y a Susana Díaz impulsada ahora por Adelante Andalucía se adentra de nuevo en aquel campo de minas. A los socialistas les ha indignado sobremanera y, si llega a debatirse en la Cámara, serán los primeros en recordar a sus antiguos socios de IU que compartieron Consejo de Gobierno con ellos durante tres años, y que ahora “se avergüenzan” porque “han entregado una formación histórica y con tradición a Podemos”. PP y Ciudadanos usan ya el mismo relato, pero en su caso, les sirve para reprochar a Podemos que se haya echado en los brazos del PSOE, en previsión de que cristalice el pacto de Gobierno entre Sánchez e Iglesias. “No, no, no”, se apresuró a negar con la cabeza y con las manos Ángela Aguilera, que fue de las primeras en pedir la dimisión de Díaz.
Comisión de los ERE
Entre 2012 y 2015, Griñán fue el presidente de la Junta y el líder regional de IU, Diego Valderas, fue el vicepresidente. Los socialistas perdieron por primera vez las elecciones andaluzas en 2012 frente al PP, pero siguieron gobernando en coalición con IU. Una de las condiciones de los comunistas fue impulsar una comisión en el Parlamento para investigar el caso ERE, la primera que se creaba en 17 años. Dicha comisión estuvo presidida por el ex diputado de IU, Ignacio García, y prolongó sus trabajos durante cinco meses, en los que citaron a declarar a Chaves, a Griñán y todos los ex consejeros y ex altos cargos implicados en la trama de los ERE. Los hoy 19 condenados por prevaricación y malversación por la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla comparecieron ante esta comisión, pero el dictamen final no fue tan severo como el fallo de 1.780 páginas de los jueces.
Las conclusiones de los grupos eran dispares e irreconciliables. PSOE, PP e IU sólo alcanzaron un acuerdo de mínimos que señalaba como máximo responsable político del fraude de los ERE al ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que autorizó personalmente las ayudas ilegales, y al ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez, que debía fiscalizar al Gobierno andaluz. Guerrero ha sido condenado a siete años y 11 meses de prisión, e inhabilitación absoluta durante 19 años, seis meses y un día, por los delitos de malversación y prevaricación. Gómez ha sido absuelto.
La propuesta de Adelante Andalucía de reprobar a los anteriores “gobiernos socialistas” salpica indirectamente la etapa de IU en el último Ejecutivo de Griñán, aunque los actuales dirigentes sean distintos a los que entonces se sentaban en el Consejo de Gobierno. El dictamen propuesto por la presidencia de la comisión de investigación de los ERE, en manos de IU, tampoco señaló a Chaves y a Griñán como responsables máximos del fraude, como concluye la sentencia. Los máximos culpables, según la propuesta síntesis de Ignacio García, eran los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera [condenados a siete años y 11 meses de cárcel y 19 de inhabilitación por prevaricación y malversación].
El PSOE no apoyó ese dictamen porque quería limitar la responsabilidad única del fraude en Guerrero; el PP tampoco lo respaldó porque atribuía la culpabilidad a Chaves y a Griñán. Esta última era la tesis inicial de la jueza que inició la instrucción, Mercedes Alaya, y la que ha ratificado el tribunal de los ERE en su sentencia. El fallo de la Audiencia coincide con la conclusión del PP en la comisión de investigación del caso ERE en el Parlamento, pero deja en evidencia la tesis de PSOE e IU, entonces socios de Gobierno de coalición.
La idea de Adelante Andalucía de reprobar a los anteriores gobiernos socialistas supone una revisitación trágica del papel de IU en el último gabinete de Griñán, por mucho que los actuales diputados de la coalición de izquierdas maticen que la reprobación no va contra toda la acción de Gobierno, sino contra el diseño y mantenimiento del sistema para conceder ayudas ilegales en la trama ERE. Desde la coalición de izquierdas insisten en que la iniciativa de reprobación “no va contra los gobiernos de Chaves y Griñán sin más, sino contra esos gobiernos que idearon y aplicaron y sistema de concesión de ayuda ilegal, en los que no estaba IU”. La investigación del caso abarcó el periodo de 2001 a 2010. Griñán fue presidente de la Junta entre 2009 y 2013, pero su implicación en el caso ERE fue por el periodo en el que dirigió la consejería de Hacienda [2004-2009]. IU no entró en su Gobierno hasta 2012, y permaneció en el gabinete tras el relevo de Griñán por Díaz, hasta que ésta disolvió el Ejecutivo y convocó elecciones en 2015.
El cierre en falso de la comisión parlamentaria de los ERE fue en noviembre de 2012. La decisión de la Junta de abandonar la acusación particular de la causa fue en 2016, bajo el último Gobierno de Susana Díaz, sustentado desde fuera por Ciudadanos.
