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El caso ERE planeará sobre la campaña andaluza pero la sentencia se conocerá tras las elecciones

La luz al final del juicio se espera para noviembre, posible fecha del adelanto electoral, pero el fallo no se conocerá hasta poco antes del verano de 2019, coincidiendo con las municipales y las europeas

Los comicios autonómicos tendrán lugar en todo caso antes de que se conozca públicamente la sentencia, haya o no adelanto

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El juicio contra Chaves y Griñán por los ERE continúa este jueves con la lectura de los escritos de defensa

Griñán y Chaves, ante el tribunal que dictará la sentencia de los ERE en unos meses ARCHIVO EP

"Ciudadanos se ha convertido en un factor de inestabilidad y aboca a la comunidad autónoma andaluza a unas elecciones anticipadas". Mario Jiménez, portavoz parlamentario del PSOE andaluz, lo dejó claro el otro día y todo indica que las elecciones autonómicas se celebrarán antes de que acabe la legislatura. La fecha aún no está fijada por Susana Díaz pero, más allá de las interpretaciones de los partidos, la cuestión es que los comicios tendrán lugar antes de lo previsto y, también, antes de que la ciudadanía sepa en qué queda el caso de los ERE en su vertiente política.

El supuesto adelanto electoral (se habla de noviembre) podría coincidir, eso sí, con el final del juicio después de que las defensas hayan renunciado en las últimas sesiones a una veintena de testigos, lo que hará que el "visto para sentencia" se escuche algo antes de lo previsto. Según fuentes judiciales, en noviembre se prevé que pueda terminar la vista oral, no sin antes dar paso a la última palabra de los 22 acusados, entre ellos los expresidentes Chaves y Griñán, durante la última sesión del juicio.

La presencia en el juicio de los dos exdirigentes de Andalucía es clave en unos tiempos en los que los caminos de la justicia y la política discurren de forma muy paralela. Cuando se les imputó, Ciudadanos, el todavía socio de investidura del PSOE, ya pusó el grito en el cielo por su condición de aforados y el hecho de que declararan en el Tribunal Supremo como senador y diputado, respectivamente.

El caso es que una suerte de  ultimátum por el hecho de que los socialistas no apoyen decididamente la eliminación de los aforamientos ha sido utilizado por Ciudadanos para dar por cerrada la legislatura en Andalucía, una cuestión que llevan precisamente esta semana al Congreso de los Diputados. El PSOE da por hecho el adelanto en Andalucía. Así que lo que se diga antes de los comicios por parte de los partidos será sin conocer cuál es la sentencia de los ERE.

En cualquier caso, en tiempo electoral los socialistas hablarán de que son asuntos del pasado y que ningún miembro actual de la Junta está involucrado en el los ERE, mientras que Cs lleva tres años presumiendo de que su posición en favor de la regeneración democrática forzó el abandono de la política de Chaves y Griñán y su sometimiento a un tribunal ordinario como el que ahora está juzgando la causa. La oposición en Andalucía, de cualquier forma, seguirá usando la baza de que al PSOE le conviene celebrar elecciones antes de que trascienda la sentencia, si bien el nuevo escenario descarta casi por completo esa posibilidad.

¿Cuándo saldrá la sentencia?

Pero, ¿cuándo se conocerá la sentencia del caso de los ERE? Es complicado de establecer una fecha pero las estimaciones actuales, una vez que se ve más cercano el final del juicio, sitúan el fallo antes del próximo verano, para mayo o junio de 2019. Es decir, pasada con creces la celebración de las elecciones andaluzas, dando por bueno el adelanto para otoño, y también si se agotara hipotéticamente la legislatura hasta el mes de marzo. Para el domingo 26 de mayo están previstas las elecciones municipales y las europeas, con lo que la sentencia sí que podría coincidir más o menos con esa doble cita electoral.

Fuentes conocedoras del caso explican que el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia, una vez concluya la vista, tendrá lógicamente que trabajar en la elaboración del fallo y poner todas las cuestiones en orden, si bien vienen deliberando periódicamente sobre el desarrollo de la causa de forma paralela a la celebración de juicio. "El tiempo que tarden en poner la sentencia dependerá de lo claro que lo tengan", vaticina sin mucha concreción una fuente consultada, que avanza que a la resolución judicial las mil páginas no se las quita nadie.

De momento, el juicio sigue su curso. Este lunes ha declarado el último testigo propuesto por las partes. El juicio ha contado finalmente con unos 120 de los 146 testigos previstos. La semana pasada, el tribunal rechazó añadir una sesión más semanal pues "no hay retraso que lo justifique", si bien aún estudia la propuesta de cambiar la sesión de tarde del miércoles por la tarde del lunes o martes.

Desde este martes se celebra, y por espacio de aproximadamente un mes, la prueba pericial de forma conjunta, es decir, nueve peritos sentados frente al tribunal, entre ellos los técnicos de la Intervención General del Estado a propuesta de la Fiscalía, acusaciones y defensas de los exconsejeros José Antonio Viera, Francisco Vallejo y los exviceconsejeros José Salgueiro y Jesús María Rodríguez Román. A petición de algunas defensas está prevista también la presencia de otros seis peritos, entre ellos Juan Zornoza Pérez y Miguel Ángel Martínez, autores del  contrainforme que el expresidente Griñán presentó ante el Supremo. Los peritos comenzarán a ser interrogados por los fiscales y después por las acusaciones y defensas, y podrán intervenir cuando lo consideren oportuno para rebatirse entre ellos.

Después de esta prueba, tan solo restará la denominada prueba documental (con aquello que las partes consideren que debe ser tenido en cuenta antes de la deliberación del tribunal), así como los informes finales de cada una de las partes (con su petición definitiva tras casi un año de juicio) y la mencionada última palabra de cada acusado si es que quiere hacer uso de ella. A partir de ahí, entre cinco y siete meses de espera hasta la sentencia, sin paso intermedio alguno, pero ya sin elecciones en Andalucía que pueda inmiscuirse antes de la decisión final a la espera de los recursos que a buen seguro se interpondrán posteriormente.

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