La orientación jurídica penitenciaria se instala en el 'vuelva usted mañana'
El tópico del 'vuelva usted mañana' en la Administración toma todo su (sin)sentido si lo aplicamos a la reanudación del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria en Andalucía. Paralizado durante más de dos años, el pasado febrero el consejero de Justicia se apuntaba el tanto de anunciar el restablecimiento del servicio “en un plazo muy breve”. Pero la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) denuncia que ni es cierto que el borrador del convenio con el Ministerio del Interior esté cerrado ni que el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados tenga siquiera requerimiento alguno para hacer sus pertinentes alegaciones.
Ante esta situación, APDHA ha presentado este martes sendos escritos ante la Defensora del Pueblo Estatal, Soledad Becerril, y ante el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, para exigir “la máxima colaboración institucional y agilidad entre las distintas administraciones” al objeto de reanudar el servicio. Tras una reunión el pasado 12 de febrero, la Junta señaló que se habían superado los escollos para volver a establecer esta asistencia letrada en las cárceles andaluzas, que había permitido durante diez años ofrecer información especializada en materia penitenciaria a los presos y presas sobre la normativa, presentación de recursos, permisos de salida, etc.
Según los escritos que va a presentar APDHA, a pesar de que parecían estar solventado los impedimentos existentes para la reinstauración del servicio, “han transcurrido desde entonces seis meses sin obtener avance alguno”. APDHA fue informada el pasado 7 de julio por parte del Defensor del Pueblo Andaluz de que el proceso se encontraba en su fase final, y que, salvo imprevistos, el convenio estaría en disposición de ser firmado. En las alegaciones que presentarán este jueves, la asociación considera que, “por informaciones propias, el proceso no está avanzado ni desde luego en su recta final”.
La versión de Justicia confirma que la situación no ha avanzado especialmente. “La Consejería está trabajando junto al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados en el nuevo convenio tripartito con el Ministerio del Interior con vistas a reanudar este servicio próximamente”, insisten fuentes del departamento que dirige Emilio de Llera consultadas por esta situación. Según explican, la Consejería “trasladó hace unos meses a los abogados su propuesta de convenio con Interior para que fuera examinada por el Consejo Andaluz, que ahora ha presentado a la Consejería una serie de alegaciones que van a ser objeto de estudio y negociación para intentar cerrar un próximo acuerdo y restablecer así este servicio con plenas garantías”.
“Situación de indefensión” para las personas privadas de libertad
La coordinadora del área de Cárceles de la APDHA, María Isabel Mora Grande, plantea en los escritos que, “para comprobar y sobre todo agilizar el proceso, es preciso que se solicite nueva información a las tres partes afectadas: Consejería de Justicia, Ministerio del Interior y Consejo Andaluz de Colegios de Abogados”. El objetivo es que cada una de ellas señalen el estado en el que se encuentra la negociación del convenio, las comunicaciones detalladas realizadas en este proceso, los motivos que están determinando el retraso y las soluciones para finalizar con rapidez y éxito el convenio.
Cabe recordar que existen dos proposiciones no de ley aprobadas en este sentido en el Parlamento de Andaucía durante 2013. La primera de IU, en mayo, sin oposición del grupo parlamentario del PSOE, y con acuerdo del Grupo Popular, y la segunda, en septiembre y por unanimidad, reclamándose al consejero la reinstauración del servicio. una En comparecencia parlamentaria celebrada en mayo, el propio grupo parlamentario del PSOE le pidió al consejero que pusiera fin al problema.
Este jueves, APDHA presentará sendos escritos para que recomienden a la Consejería de Justicia la reanudación del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria en Andalucía y “acabar con esta situación de indefensión” de modo que las personas privadas de libertad sean orientadas gratuitamente sobre cualquier cuestión de carácter jurídico o de discrepancia con las decisiones de la institución penitenciaria o el juzgado de vigilancia.
