El juzgado empieza a pedir cuentas tres años después del brote de listeriosis en Andalucía

La carne mechada de Magrudis fue protagonista en la segunda quincena de agosto de 2019

Javier Ramajo


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La contaminación por la bacteria Listeria monocytogenes que en el verano de 2019 se cobró la vida de cuatro personas, provocó siete abortos (cinco de ellos en Andalucía) y más de 200 afectados ha cogido carrerilla judicial en los últimos tiempos. Después de que el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla decidiera en junio continuar las actuaciones contra siete personas, principalmente de la empresa Magrudis SL, y declarara responsable civil al Ayuntamiento de Sevilla, el juzgado ha aceptado la petición del numeroso grupo de personas afectadas y ha requerido tanto el consitorio como a la veterinaria municipal que viene siendo investigada que presenten en el juzgado las condiciones particulares general y particulares de las pólizas de responsabilidad civil en caso de que tuvieran algún seguro suscrito en ese sentido.

Magrudis sabía que desde finales de 2018 había listeria en sus instalaciones

Magrudis sabía que desde finales de 2018 había listeria en sus instalaciones

El peor brote de listeriosis conocido en España se convirtió en la primera gran crisis del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos. La Junta de Andalucía cerraría la alerta sanitaria y alimentaria por listeria dos meses después del brote mortal por la contaminación, confirmada el 14 de agosto de 2019. Mucho se está librando en los juzgados de Sevilla, donde también se ha dirigido ya Facua-Consumidores en Acción, que ha pedido penas de hasta doce años de prisión para los cuatro máximos responsables de las empresas que estaban tras la marca 'La Mechá', diez años para la veterinaria municipal del Ayuntamiento de Sevilla que autorizó el plan de autocontrol de Magrudis y dos años para el arquitecto técnico que trabajaba para el negocio.

La misma línea de acusación ha seguido el grueso de las personas perjudicadas por el brote, representadas por el letrado Germán Grima, del despacho Ateneo Abogados, quien a mediados de julio había solicitado al juzgado que requiriera a la veterinaria municipal y al Ayuntamiento hispalense que identificaran a las compañías con las que tenían suscrita la póliza de seguro de responsabilidad civil en fecha de 19 de agosto de 2021 y aportaran las condiciones generales y particulares de dichas pólizas, a lo que ha accedido el juzgado en un auto, fechado este pasado 26 de julio y al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía,

Cabe recordar que en marzo de 2020 tanto el propietario y administrador único de Magrudis, Sandro José Marín Rodríguez, como su padre, José Antonio Marín Ponce, fueron puestos en libertad provisional sin haber satisfecho la fianza de cinco millones de euros impuesta al conjunto de investigados del caso, cuatro de los cuales han recibido recientemente el archivo de las actuaciones en su contra. Los perjudicados, para argumentar su solicitud de las pólizas, habían comunicado al juzgado que en el procedimiento “Magrudis tiene suscrita una póliza de seguro de responsabilidad civil con la compañía AXA por importe de hasta 300.000 euros”.

Según dijo a finales de junio el delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores, ha dicho este jueves que el Ayuntamiento “va a estar siempre presto a colaborar con la Justicia, como no podía ser menos, y a aceptar lo que la Justicia determine cuando finalice todo el procedimiento”, incidiendo en que “no se puede olvidar que se está juzgando a una empresa que incumplió medidas de seguridad higiénicas y que causó el mayor brote de listeriosis con el impacto de salud que tuvo”. “En los momentos crudos de aquel agosto de hace tres años, desde la administración local se estuvo trabajando en colaboración con la Junta en todo lo que fue la identificación y ayuda para el control del brote en aquel momento”, también comentó el concejal.

La Junta no hizo mucha autocrítica de la gestión del brote de listeriosis y sacó pecho al comienzo, aunque en última instancia, una vez superados los momentos más críticos, reconoció “muchos fallos”. El entonces consejero de Salud, Jesús Aguirre, que como en la crisis de la COVID-19 ha sido principalmente el portavoz de la Junta, se refirió en su última comparecencia pública a la dificultad para implementar los protocolos de actuación y para identificar las primeras muestras, así como las comunicaciones con el Ayuntamiento de Sevilla. El brote se advirtió “en las últimas semanas de julio” ante el incremento de casos de infección por listeria, que se alargaron con el arranque del curso político. La situación de alerta quedó cerrada el 17 de octubre tras 20 días sin ningún caso nuevo.

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