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Los sindicatos critican la reordenación en la “administración paralela” de la Junta de Andalucía: “Una tomadura de pelo”

El portavoz del Ejecutivo y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, durante la comparecencia tras la reunión del Consejo de Gobierno. EFE/José Manuel Vidal

Néstor Cenizo

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El proceso emprendido por la Junta de Andalucía para reordenar las entidades instrumentales es visto con recelo por los sindicatos más representativos en el sector público andaluz. La administración ha anunciado que comienza a fusionar entes antes incluso de recibir los primeros informes de auditoría, como explicó ayer eldiario.es/Andalucía. Estos informes deben señalar cuántas personas trabajan en ellos, con qué vínculo laboral o qué tareas desempeñan, antes de iniciar un proceso que se preveía complejo. Tampoco ha culminado la licitación para contratar una consultora que le guie en el proceso. UGT denuncia la falta de transparencia, mientras que para Comisiones Obreras la anunciada decisión de crear Andalucía Trade y fusionar las fundaciones culturales demuestra que no era necesario contratar auditoras y consultoras privadas de asesoramiento.

“No hay justificación ninguna. Primero se hizo una auditoría interna con recursos de la administración. Luego se licitaron las auditorías externas [contratos adjudicados en 16 lotes por un total de 2,2 millones de euros], que en teoría tenían que estar los resultados en la calle, y hasta la fecha conocemos solo por cauces extraoficiales. Y ahora tienen que licitar una tercera [por tres millones de euros], supuestamente para llevar a la práctica lo que diga lo segunda”, resume Pablo López del Amo, coordinador del sector de administración autonómica de CCOO Andalucía: “Saben perfectamente lo que hay, lo que está duplicado y los derechos de los trabajadores. Esto es un despilfarro de dinero público, una tomadura de pelo”.

Según López del Amo, la Junta de Andalucía dispone de los datos, el personal de servicios jurídicos y las herramientas suficientes para evaluar y tomar las decisiones respecto a su sector instrumental. “Están intentando justificar una decisión política gastando dinero público en auditorías y encomiendas de gestión. No pueden justificar con contratas una decisión política. Los trabajadores tienen derechos y no necesitas a nadie que te lo diga”, apunta. Los sindicatos han advertido de que se opondrán a cualquier reordenación que no respete los derechos adquiridos del personal de los entes instrumentales.

UGT-A denuncia también la opacidad con la que se están llevando a cabo los anuncios, aunque confía en poder participar en el proceso más adelante. “Por ahora, tenemos una mezcolanza de distintos entes instrumentales, pero solo es una ficción sobre un papel”, advierte Esperanza Morales, secretaria de Administración Autonómica y Sector Público Andaluz de UGT-A. La nueva Agencia Digital sí tiene asignación presupuestaria, mientras que la fusión en Andalucía Trade de las cuatro agencias de apoyo empresarial (IDEA, Agencia Andaluza del Conocimiento, Extenda y Andalucía Emprende) fue anunciada el 2 de febrero. La Junta de Andalucía también ha anunciado que va a fusionar las fundaciones Barenboim-Said, Legado Andalusí y Tres Culturas.

Morales admite que extinguir, fusionar o reordenar entes instrumentales está entre las potestades de la administración, pero pide claridad. “No estamos teniendo acceso a información de cómo se va a llevar a cabo el proceso. De la Agencia TRADE nos enteramos simultáneamente a la rueda de prensa”, protesta. La Consejería de Regeneración Económica, responsable de la creación de la Agencia TRADE, alega que el proceso se ha acelerado para disponer de mejores herramientas para el reparto de los fondos europeos, incluidos los Next Generation, y asegura que ahora se abrirá un proceso de consultas con los sindicatos.

Por su parte, CSIF ya aclaró que en su día que valoraba positivamente las “iniciativas encaminadas a acabar con la llamada ”administración paralela“”, incluyendo la realización de auditorías. Sin embargo, lamenta la falta de resultados y la “lentitud pasmosa” del proceso iniciado por la Junta de Andalucía y la incertidumbre que crea entre los empleados públicos. 

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