Andalucía reveló a Bruselas hace un año su plan de duplicar el trasvase de agua para ampliar regadíos junto a Doñana

La Comisión Europea conoce de primera mano el plan del Gobierno de Andalucía para regularizar regadíos en la Corona Norte de Doñana. No sólo desde la reciente reunión del consejero de Medio Ambiente con el comisario europeo del ramo, sino desde la presentación del proyecto que hizo el hoy número dos de su departamento ante las autoridades europeas hace justo un año.

El actual viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio Arjona, intervino ante la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo el 21 de abril de 2022, cuando entonces ocupaba el cargo de secretario general. En su intervención defendió la proposición de ley de PP, Ciudadanos y Vox para amnistiar regadíos ilegales en el entorno del Parque Natural, aun subrayando que la iniciativa era del Parlamento, no de la Junta.

Pero, acto seguido, Arjona reveló por primera vez que el plan del Gobierno de Juan Manuel Moreno pasaba por duplicar el trasvase de agua de la cuenca de los ríos Tinto, Odiel y Piedras para posibilitar el riego en las más de 700 hectáreas que la ley pretendía recalificar como suelo de cultivo, otorgando a sus dueños “derechos de agua” a futuro. “Si se incrementase el volumen del trasvase de 19,99 a 50 hectómetros, permitiría reducir la extracción de aguas subterráneas en Doñana a la mitad”, dice Arjona, para anunciar que “la Junta de Andalucía, competente en esa cuenca, está dispuesta a incrementar dicho volumen de trasvase”.

El texto de aquella primera proposición de ley –prácticamente la misma que se tramita ahora– no recoge dos datos clave: ni el número exacto de hectáreas susceptibles de recalificar como suelo de cultivo regable ni el volumen de agua necesario para garantizar ese riego. PP y Vox han ofrecido varias cifras, pero siempre con estimaciones. En esa intervención, Arjona detalla por primera vez que “de las 1.600 hectáreas que quedaron fuera del plan de ordenación de la Corona Norte de Doñana [el llamado Plan de la Fresa], se reconocería el derecho de aguas superficiales a 748 hectáreas”.

Hacen falta 3,3 hectómetros cúbicos de agua

“Estas hectáreas”, añade Arjona, “supondrían una necesidad de agua superficial de 3,3 hectómetros cúbicos al año, lo que requeriría de la aprobación de un nuevo aumento del volumen del trasvase” de la cuenca de los ríos Tinto, Odiel y Piedras. Ni la Junta ni los partidos proponentes han cuantificado nunca las hectáreas ni los hectómetros de riego de forma oficial. Los agricultores que se beneficiarían de la ley sí cuantifican el volumen necesario en 3,5 hectómetros. Pero estos números no constan en el articulado que está tramitando el Parlamento andaluz ni en la documentación que ha recibido el Gobierno ni Bruselas.

Aquella ley que el número tres de Medio Ambiente defendió en Estrasburgo decayó tres días después, el 25 de abril, cuando Moreno disuelve el Parlamento y adelanta las elecciones andaluzas. En su comparecencia, Arjona dejó entrever que ese iba a ser, efectivamente, el plan previsto por el presidente andaluz: “Si finalmente el Parlamento de Andalucía se disolviese en el presente mes, esta proposición de ley decaería, no así la necesidad de que llegue el agua superficial a Doñana”, advirtió, instando al Gobierno de España a ejecutar las infraestructuras hidráulicas necesarias para el trasvase.

La nueva iniciativa de regadíos que se está tramitando ahora, un año después, es prácticamente la misma que aquella. El texto es más claro al negar la posibilidad del acceso al agua subterránea del acuífero de Doñana -sobreexplotado ya con pinchazos ilegales por parte de muchos de los agricultores que aplauden esta iniciativa-, e introduce algunas ideas y propuestas en defensa de los valores medioambientales del Parque Nacional.

La tormenta política que ha levantado esta ley –con amenazas de multas millonarias de Bruselas y un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de España– ha obligado a Moreno a defender la iniciativa en primera persona. El Ministerio de Transición Ecológica acusa a la Junta de “engañar” a los agricultores, de generar “falsas expectativas” con una ley que recalifica sus parcelas para el riego, pero sin agua. No sólo por la crisis de sequía que sufre la comarca onubense y, por extensión, toda Andalucía. Sino porque el agua trasvasada a la zona afectada desde la cuenca de los ríos Tinto, Odiel y Piedras ya están comprometidas por una ley de 2018 para los agricultores con derechos adquiridos.

En su comparecencia hace un año en el Parlamento Europeo, Arjona revela por primera vez la clave del plan que depende del Gobierno de Moreno, no de los proponentes de la ley (PP y Vox). Sería una modificación de la ley del trasvase para incrementar el agua del Tinto, Odiel y Piedras, dependiente de la Junta, a pesar de que el Gobierno central ha alertado de que con los 19,99 hectómetros autorizados por ley ni siquiera hay agua disponible para los agricultores legales.

Plan Hidrológico del Guadalquivir

“El actual Plan Hidrológico del Guadalquivir, con las medidas que incluye, supone una reducción de la extracción de agua subterránea de 100 a 71 hectómetros cúbicos. Si se incrementase el volumen del trasvase de 19,99 a 50 hectómetros, permitiría reducir la extracción de aguas subterráneas en Doñana a la mitad. La Junta de Andalucía, competente en esa cuenca, está dispuesta a incrementar dicho volumen de trasvase”, dejó dicho Arjona durante su intervención en el Parlamento europeo.

La posibilidad de aumentar este trasvase de 20 a 50 hectómetros (un incremento del 150%) fue de hecho uno de los tres escenarios teóricos que se analizó durante la redacción del Plan Hidrológico del Guadalquivir, aprobado definitivamente el pasado mes de enero y competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal encargado de dar los derechos de agua.

Tal y como afirma su presidente, Joaquín Páez, en una entrevista concedida a este periódico, en este marco maximalista “poco menos que se podía hacer todo lo que uno quisiera sin tener en cuenta los objetivos ambientales. Era un escenario teórico, totalmente inaplicable, en el que se planteaba que valía cualquier cosa en Doñana”, de ahí que no fuese contemplado ni por los técnicos ni por ninguna de las administraciones o entidades que participaron en la elaboración del documento. “No lo apoyó nadie, ni la propia Junta”.

Pese a ello, en su intervención ante el Parlamento Europeo el hoy viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio Arjona, lamentó que el Gobierno central había sido “poco ambicioso” con este plan hidrológico, subrayando que podría haber incluido el trasvase de 50 hectómetros cúbicos defendido ante la Cámara europea. El planteamiento fue que si llegan más recursos desde la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras se podrían regar más tierras con aguas superficiales y dejar de usar las subterráneas, que tiran de un acuífero agotado.

Que en Huelva hay agua embalsada y que los pantanos de la provincia no están en una situación tan crítica como otros de Andalucía es algo que vienen defendiendo los líderes de Vox, del PP onubense y el propio presidente de la Junta, poniendo el acento en la necesidad de que el Ejecutivo central ejecute las infraestructuras hidráulicas pendientes (la presa de Alcolea, el túnel de San Silvestre...).

El Gobierno andaluz insiste en que los regadíos que se legalicen en el entorno de Doñana podrán beneficiarse del trasvase, una posibilidad que niega la propia ley e incluso el Plan Hidrológico del Guadalquivir, que establece que el agua debe ir a la zona de Almonte para acelerar la recuperación del acuífero. La intervención de Arjona es la pieza que falta en el discurso de la Junta: si el agua comprometida por la ley de trasvases no es suficiente, estamos “dispuestos a incrementar el volumen”.

Esto, claro, no depende sólo del Ejecutivo andaluz, responsable de la cuenca Tinto, Odiel y Piedras. Sería necesaria la connivencia del Gobierno central, pero el propio PP-A ha advertido de que la llegada a la Moncloa de Alberto Núñez Feijóo puede despejar este escenario y cumplir con las expectativas generadas por la ley en los agricultores que se beneficiarán de la recalificación.

La necesaria aprobación de Portugal

Disparar el agua que llega del trasvase no sólo obligaría a cambiar la actual ley, sino que es una operación más compleja de lo que parece porque, aunque la Junta de Andalucía gestiona la demarcación del Tinto, Odiel y Piedras, un aumento en la transferencia de los recursos obligaría incluso a una negociación internacional. Y es que el agua proviene básicamente del río Chanza, adscrito a la cuenca del Guadiana y que hace frontera entre España y Portugal, por lo que el país vecino también tendría que dar su visto bueno.

Sea como sea, y aunque el Gobierno andaluz le reprochó al Ejecutivo central su escasa ambición en la redacción del plan del Guadalquivir, a la hora de la verdad no presentó ninguna alegación en este sentido durante la redacción del documento. “La Junta de Andalucía jamás alegó nada sobre regar en Doñana o sobre el trasvase, ni nos anunció que tenía la previsión de aumentar la superficie agrícola regable y cambiar el Plan de la Corona Norte y la Ley Forestal”, señala al respecto el presidente de la Confederación del Guadalquivir.

A todo lo anterior se le une otra circunstancia, y es que este pretendido incremento del 150% en el trasvase contrasta con el hecho de que en la actualidad, y por primera vez en su historia, la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras está aplicando restricciones al regadío porque ahora no tiene agua suficiente para sus propios regantes.

Además las necesidades de riego van a crecer exponencialmente, ya que el propio plan hidrológico de esta cuenca prevé duplicar las hectáreas de regadío para situarlas cerca de las 90.000 antes de que termine la década. De hecho, es la zona en la que se prevé un mayor crecimiento de los regadíos en toda Europa, lo que a su vez depende de una infraestructura clave como es la presa de Alcolea, paralizada mientras se culminan estudios que determinen su viabilidad ante la abundancia de metales pesados provenientes de las muchas infraestructuras mineras abandonadas que hay en la comarca en la que se construye.