ENTREVISTA — Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

La máxima autoridad de la cuenca del Guadalquivir: “La ley de la Junta es peligrosa para Doñana”

Joaquín Páez (Haro, La Rioja, 1962) preside desde agosto de 2018 la Confederación Hidrológica del Guadalquivir (CHG), la autoridad del agua en buena parte de Andalucía, de la que cuelgan 21 sistemas de abastecimiento de la población y que concentra la cuarta parte de los regadíos de España, 895.000 hectáreas, “que son muchísimas”. Desde 2005 no se conceden nuevos permisos para regar cultivos en la enorme cuenca del gran río andaluz, cuyo cauce “es básicamente agua de depuradora, sobre todo en época de estiaje o de sequía”. En el horizonte se asoman dos enormes desafíos, una sequía “que en algunos sitios ya es peor que la de 1995” y la ley para reordenar regadíos en el entorno de Doñana, cuya tramitación se va a ralentizar hasta después de las elecciones municipales, una propuesta que “incentiva” nuevos regadíos cuando menos agua hay, con tres acuíferos sobreexplotados y con un cambio climático “que nos dice que en Doñana hay que ponerle coto a los regadíos”. En cuanto a la petición del Gobierno andaluz de un desembalse para que haya agua en el Quema cuando lo crucen las hermandades rocieras, se apela a la prudencia a la espera de que se pronuncien los regantes, que son los que tienen la última palabra, aunque el Gobierno ya ha dicho que no le parece buena idea.

El PP va a ralentizar la proposición de ley sobre regadíos en Doñana hasta después de las elecciones municipales, y el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, asegura que la retirará si el Gobierno central da una alternativa, ¿qué le parece?

Lo que tiene que hacer la Junta de Andalucía en Doñana es cumplir las leyes, porque tiene competencias en ordenación del territorio, en agricultura y en medio ambiente, y nosotros las tenemos en la gestión del dominio público hidráulico, es decir, sobre el agua. Es absurdo desde el punto de vista medioambiental y también económico que en esta zona tan importante las administraciones vayan cada una por su cuenta, con esta ley la Junta se ha puesto el mundo por montera para cambiar la superficie agrícola y la ley forestal.

¿Qué efectos prácticos va a tener la ley? 

Tendrá efectos prácticos desde el punto de vista de la ordenación del territorio y la agricultura, lo que no va a tenerlos es en cuanto a las dotaciones de agua por mucho que la Junta de Andalucía quiera. La proposición de ley dice que sólo es una ordenación del territorio y que el agua ya se dará, le están creando falsas expectativas a los agricultores porque saben que cuando pidan el agua aquí se van a encontrar con que el Plan del Guadalquivir no permite ni una sola nueva hectárea de regadíos: ni en Doñana ni en el entorno ni en ningún otro punto de la cuenca. Y también saben que el trasvase de 20 hectómetros cúbicos del Tinto, Odiel y Piedras, del que dicen que se van a abastecer estas hectáreas, es para la recuperación del acuífero, no para aumentar los regadíos. La ley del trasvase señala expresamente que es para sustituir aguas subterráneas con derechos legales por aguas superficiales.

¿Esto genera una expectativa de legalidad en los agricultores?

Genera una expectativa de echar el balón para adelante con los agricultores y luego presionar a la Confederación. Pero nosotros tenemos que movernos dentro de la legalidad, que viene reflejada en esa ley del trasvase de 2018 y por la ley del Plan Hidrológico de Guadalquivir, de enero pasado. Un plan hidrológico que entre unas cosas y otras estuvo un año en exposición pública, con una ficha única y especial para Doñana. Pues la Junta de Andalucía jamás alegó nada sobre regar en Doñana o sobre el trasvase, ni nos anunció que tenía la previsión de aumentar la superficie agrícola regable y cambiar el Plan de la Corona Norte y la Ley Forestal.

¿Se barajó la posibilidad de aumentar de 20 a 50 hectómetros cúbicos el agua del trasvase que llegue para esta zona de Doñana, como ya ha planteado la Junta?

Al plantear temas importantes en el Plan Hidrológico del Guadalquivir se proponían tres escenarios para su discusión, y en uno de ellos poco menos que se podía hacer todo lo que uno quisiera sin tener en cuenta los objetivos ambientales, ahí se puso un trasvase de 50 hectómetros cúbicos. Pero eso no es el borrador del plan, nunca ha estado planificado un trasvase de 50 hectómetros, sino que se discutió como alternativa maximalista y nadie votó a favor. Era un escenario teórico, totalmente inaplicable, en el que se planteaba que valía cualquier cosa en Doñana. Y no lo apoyó nadie, ni la propia Junta. Entonces la ley dice lo que dice: tenemos un trasvase de 20 hectómetros cúbicos aprobado por todos los grupos políticos, y aquí estamos.

¿Los agricultores de la zona pueden tener la esperanza de que si cambia el Gobierno central pueda cambiarse esta ley?

Eso habría que preguntárselo a los que entren en el próximo Gobierno, pero desde un punto de vista hídrico no tendría sentido tal y como está la situación. En Doñana tenemos tres de cinco masas de agua subterránea sobreexplotadas y estamos en sequía, llevamos 11 años consecutivos secos o muy secos. Hay que recordar también otra pequeña cuestión, que el trasvase del Tinto, Odiel y Piedras viene del Chanza, que es un río de una cuenca internacional como la del Guadiana, lo que obliga también a tener que hablar con Portugal. El poder legislativo puede hacer cambios legales, pero si yo tuviese que decidir mantendría el trasvase de 20 hectómetros cúbicos.

¿La proposición de ley llega en el peor momento para Doñana?

Hombre, llega con sequía, con tres acuíferos sobreexplotados y están hablando de incentivar nuevos regadíos. Y con cambio climático, que ya nos está afectando. Si vemos los datos de toda la Confederación de 40 años, entre 1976 y 2016, y hacemos dos mitades, en la segunda mitad hay medio grado más de temperatura, un 7% menos de precipitaciones y un 21% menos de aportaciones a embalses. El cambio climático ya nos está afectando todos los días.

Tanto el Gobierno andaluz como los agricultores denuncian que el ritmo de ejecución de las obras para el trasvase deja bastante que desear.

No estoy de acuerdo con eso. El actual equipo entró en la Confederación en agosto de 2018, y en 2019 y 2020 tuvimos presupuestos prorrogados, precisamente porque el PP no apoyó la Ley de Presupuestos. De los 20 hectómetros cúbicos del trasvase funcionan ya 7,4, es decir, faltan casi 13. Y cuando la Junta dice que el Gobierno de España no ha hecho las obras del trasvase nunca dice que ellos también tienen que hacer algunas de estas obras, me gustaría saber cuáles ha hecho. Nosotros hemos licitado ya una obra importantísima para el trasvase y para la seguridad hídrica de toda Huelva, que es el túnel de San Silvestre. Pero aquí no todo es lo que deseen los agricultores, lo que hay que hacer es gestionar una cuenca en la que tenemos la cuarta parte de los regadíos de España y en la que desde el año 2005 no hay posibilidad de incrementar las hectáreas regables. Y no por un capricho, sino porque no seríamos capaces de asegurar el agua y dar garantías, los agricultores lo que quieren es hacer sus planificaciones y sus proyecciones con una garantía de 10 o 20 años. 

Han medido mal con la proposición de ley porque esto no se trata de la charca de mi pueblo, esto es Doñana, que es patrimonio de la humanidad y una a joya de la biodiversidad

¿Y eso es posible en la zona de Doñana?

En el contexto de cambio climático en el que estamos, los datos nos dicen que en Doñana hay que ponerle coto al número de hectáreas de regadío. Porque yo he leído en el plan hidrológico que la Junta está haciendo para el Tinto, Odiel y Piedras que se van a duplicar las hectáreas de regadío, que vale si creen que tienen agua, pero luego hay que tenerla de verdad. Los agricultores no necesitan que se les creen falsas expectativas, hay que decirles la realidad y darles garantías.

¿Cree entonces que la ley busca la confrontación con la Confederación y el Gobierno?

No digo que busque la confrontación, digo que la Junta sabe cuál es nuestro plan hidrológico (porque lo ha trabajado con nosotros más de un año), sabe qué dice la ley del trasvase porque ha participado en su elaboración y sabe que cuando se declaran tres masas de aguas subterráneas sobreexplotadas, como en Doñana, automáticamente se paraliza la resolución de expedientes para conceder regadíos. Y resulta que la Junta Andalucía, que sabe todo eso, está arengando a los agricultores prometiéndoles que habrá nuevas hectáreas regables y además diciéndoles que habrá que pedirle el agua a la Confederación. Más que confrontación, pienso que es una cuestión electoral, porque le salió bien en las elecciones autonómicas con la primera proposición de ley, pero han medido mal con la segunda porque esto no se trata de la charca de mi pueblo, esto es Doñana, que es patrimonio de la humanidad y la joya de la biodiversidad de Huelva, Andalucía, España y Europa. El PP se ha pasado un poquito de frenada.

PP y Vox han pedido que la vicepresidenta Teresa Ribera comparezca en el Parlamento por la ley de regadíos, ¿cree que debería hacerlo?

Eso es una decisión que tiene que tomar la vicepresidenta y yo no creo nada, no tengo opinión. Pero de todas maneras esto es muy facilito, no sé por qué nos citan a los del agua: en el Consejo de Participación de Doñana el representante del PP dijo que la proposición de ley no es sobre el agua…

¿No es un riesgo garantizar que en 2025 estarán cerrados todos los pozos ilegales? Porque se cierra uno y se abre otro.

Bueno, creo que podemos conseguirlo, y también la gobernanza del territorio. Tenemos un plan para recuperar ambientalmente Doñana en 2027, para recuperar las tres masas de agua y que tengan los niveles del año 2000 (con lo cual habremos hecho un muy buen trabajo), para recuperar la marisma y para recuperar las lagunas. Y nuestro objetivo socioeconómico es que las 80.000 o 100.000 personas que viven de las 20.000 hectáreas que hay en el entorno de Doñana trabajen bien, tengan agua para regar con garantías y que no haya competencia desleal. Ya hemos cerrado más de 210 pozos ilegales, 491 legales y tenemos otros 428 a la espera de que no tengan capacidad de recurrir a ninguna otra instancia judicial para clausurarlos. Y este verano vamos a cerrar otros 27. Vamos a intentar imponer otra vez la gobernanza que se había conseguido y que esta proposición de ley ha hecho que se vuelva a perder un poco.

Al crearse una expectativa con la proposición de ley, ¿puede aumentar la tensión cuando llegue el momento de cerrar pozos?

Pues seguro, porque está creando expectativas y ves cosas impresionantes, personas alardeando de que tienen pozos ilegales y diciendo que las administraciones tenemos que darles una solución. Es como si yo construyo una casa ilegal en la Plaza de España y digo que tienen que buscarme una solución porque la Constitución dice que yo derecho a una casa.

¿El mensaje desde el Gobierno es que todo el que tenga un pozo ilegal se le va a cerrar, que no se le va a dar otra opción?

Sí, es que no hay otra vía, no hay otra opción, si algo es ilegal es porque tiene una reglamentación que no cumple. Si nos enteramos, a toda actividad ilegal en el dominio público hidráulico en Doñana y en cualquier otro punto de la cuenca se le abre un expediente. Luego la ley es garantista, afortunadamente, y esas personas tienen derecho a recursos administrativos, judiciales… Por eso lo que no se puede es alentar a hacer determinadas cuestiones que perjudican a todos, porque estamos hablando de fresas y de frutos rojos que se venden en los mercados europeos, que son productos de alto valor añadido.

La proposición de ley está creando expectativas y ves cosas impresionantes, personas alardeando de que tienen pozos ilegales y diciendo que las administraciones tenemos que darles una solución

¿Teme que esto pueda tener consecuencias en el mercado?

Es que a los consumidores europeos y españoles cada vez más nos gusta consumir productos que estén buenos organolépticamente, pero también ambientalmente. Lo que hace la Junta de Andalucía con esta ley es muy peligroso para la marca Doñana, llevando la contraria a la Comisión Europea, a los tribunales europeos, a los científicos, a la Confederación, a todo el mundo, incluso a sectores de la agricultura. Esto no beneficia especialmente a la credibilidad de los productos de Doñana, cuando lo que hay es que hacer todo lo posible para mantener esa marca.

La última revisión sitúa en 646 las hectáreas ilegales en el entorno de Doñana, ¿es una cifra preocupante?

Es una cifra que oscila. Dos veces al año hacemos una pasada con el satélite para ver las hectáreas de invernaderos en el entorno de Doñana, y le decimos a la administración competente en agricultura y ordenación del territorio, que es la Junta de Andalucía, cuántas hemos detectado fuera de ordenación. Intentamos que la Junta actúe en el ámbito de sus competencias, y nosotros lo hacemos únicamente sobre los elementos de extracción de agua, no podemos desmantelar invernaderos.

¿Cuánta agua consumen estos regadíos ilegales?

Unos cinco hectómetros cúbicos, incluso algo más, pero también hay que tener en cuenta que cuando se ponen invernaderos se impide la llegada al suelo y la infiltración de determinada cantidad de agua. Eso hemos calculado que viene a suponer del orden de casi dos hectómetros cúbicos adicionales. 

Luego está lo que consume la urbanización de Matalascañas (Almonte)…

Matalascañas sólo consume tres hectómetros cúbicos del acuífero, totalmente legales, la gente tiene que beber agua y tiene su concesión. Nosotros estamos retirando los sondeos más cercanos al acuífero y tenemos planificado unir la depuradora de Moguer con la de Matalascañas a través de un trasvase de menor cuantía. Al final, estos tres hectómetros cúbicos acabarán siendo de agua superficial. Si a esto le unimos los 13 que faltan del trasvase del Tinto, Odiel y Piedras y los ocho hectómetros que vamos a ganar con el recrecimiento del embalse del Agrio, más la compra de algunas fincas que estamos ya trabajando en ello, vamos a conseguir reducir el consumo de agua subterránea en torno a 30 o 40 hectómetros cúbicos. Eso va a permitir la recuperación ambiental de las masas de agua y un equilibrio entre el agua subterránea que se consume y la actividad agrícola.

El Plan Hidrológico del Guadalquivir dice hacia dónde van las aguas del trasvase, que es la zona de recarga del acuífero. Lo que queda pendiente irá a Almonte, donde hay dos conos de depresión muy importantes en el acuífero

Los agricultores que impulsan la proposición de ley dicen que necesitan unos 3,5 hectómetros cúbicos, que podrían conseguirse con la utilización de las aguas regeneradas de la depuradora de Huelva. ¿Eso es posible?

El problema es que nuestras aguas regeneradas forman parte del ciclo del agua porque en la demarcación no tenemos litoral. Hablo de la Confederación, a lo mejor en un municipio costero podría utilizarse si el agua va al mar. Por eso cuando la Junta dice que va a hacer 120 hectómetros cúbicos de agua regeneradas son todos en municipios costeros, y me parece muy bien, pero nosotros no podemos. Cuando llegué aquí en 2018 pedí que hubiese más aguas regeneradas y los técnicos me dijeron que no podía ser. Tenemos 20 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas para cultivos, y si pones 100 eso significa que estás quitándole 80 a los demás agricultores, porque forman parte de los cauces con los que se abastecen los de aguas abajo. En Jaén y en Córdoba muchos riegan con aguas regeneradas, porque el cauce del río básicamente es agua de depuradora, sobre todo en época de estiaje o de sequía. Hay un montón de pueblos en toda Andalucía que nos dicen que quieren regar con aguas regeneradas y no pueden, en la Confederación del Guadalquivir no hay nuevas hectáreas de regadío desde el año 2005 porque ya tenemos 895.000, que son muchísimas.

¿Entiende que haya tensión entre los regantes de la comarca a la espera del agua del trasvase que llevan esperando desde hace años?

Lo primero es que todo el mundo que tiene permisos y está esperando el agua del trasvase está regando con concesiones legales de aguas subterráneas, y lo segundo es que en el esquema de temas importantes del Plan Hidrológico del Guadalquivir aparece la delimitación de hacia dónde van a ir esas aguas que faltan por llegar: a la zona de recarga del acuífero, que es en Moguer, Rociana, Bonares y Lucena del Puerto, donde ya está llegando. El resto del agua del trasvase que está pendiente irá a Almonte, donde hay dos conos de depresión muy importantes en el acuífero. Imagino, pero no lo sé, que en la comunidad de regantes de Almonte tienen miedo de quedarse sin el agua del trasvase. Pero repito, tanto en un sitio como en otro se está regando con unos derechos que ha dado el actual Gobierno, porque el anterior del PP no dio ninguna concesión de ese trasvase, que al principio era de cinco hectómetros cúbicos. En esta comarca hemos regularizado los derechos de 2.440 hectáreas, estaban regando pero con sus expedientes sin terminar. 

¿El único que ha tocado Doñana dando permisos de riego del acuífero ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez? Eso es lo que ha denunciado la Junta.

Eso es completamente falso, nosotros acabamos los expedientes que el Gobierno anterior del PP no terminó, pero ese agua se estaba utilizando ya y estaba en proceso de legalización. Ahora ya es legal, con derechos. La Junta dice muchas cosas que son falsas con el agua porque tiene un profundo desconocimiento.

La Junta también reprocha la inacción del Gobierno central con la sequía pese a que tiene la mayoría de las competencias.

Eso también es falso. En muchas zonas que forman parte de la demarcación del Guadalquivir la Junta, en el ámbito de sus competencias, da agua de abastecimiento. La Confederación sólo tiene competencias en abastecimiento, saneamiento y depuración cuando se firma un convenio, y eso es porque son obras declaradas de interés general y recogidas en el Plan Hidrológico Nacional. Por eso, cuando la Junta dice que nosotros somos el 66% de la cuenca y que ellos son el 33% no dice la verdad descaradamente. En junio de 2020 la Junta declaró de interés autonómico 17 obras por toda Andalucía, entre ellas muchas en la cuenca del Guadalquivir, que por cierto no las ha terminado. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la Junta quiere quitarse de en medio sus competencias en agua en la zona del Guadalquivir. Y ahí hay ciudadanos a los que tendrán que rendirles cuentas.

El Gobierno andaluz esgrime que ya ha sacado tres decretos de sequía frente a sólo uno del Estado…

Me gustaría que se hiciera una investigación para ver qué decreto de sequía y qué obras. Porque por ejemplo está el Plan SOS, que dijeron que iban a invertir 4.000 millones de euros, y entras en la página web de la Consejería de Agricultura y no sale, sólo hay titulares de prensa. Eso es como la revolución verde, es un eslogan y vámonos que nos vamos. Esas obras de los planes de sequía de la Junta de Andalucía, ¿son obras de emergencia o de planificación? Porque si son obras de planificación tienen que ir en los planes hidrológicos. Sería bueno ver cuando dicen que van a dedicar 300 millones de euros a una obra si ese dinero ya está metido en los planes de cuenca que son competencia de la Junta. Y me gustaría saber si esas obras son o no de emergencia, porque una obra de emergencia no puede ser una tubería de 42 kilómetros, eso entra dentro de la planificación. Una emergencia es una causa sobrevenida.

¿Estas críticas no se evitarían sacando el Gobierno central su decreto de sequía?

Calculo que en esta primera quincena de mayo se aprobará, pero insisto en que cuando la Junta dice que la Confederación sólo se ha gastado nueve millones de euros en la sequía miente, miente descaradamente. La Confederación ha gastado nueve millones en obras más cuatro millones en el embalse de la Colada y Sierra Boyera, más 56 millones en reducción de cánones y tarifas, más todo lo que supuso el real decreto ley, que está estimado en 450 millones de euros. Eso es lo que el Gobierno de España ha gastado en el real decreto ley anterior, pero es que también ha invertido 184 millones de euros en Andalucía entre 2018 y 2022, invertido de pagar, porque la Junta dice vamos a movilizar, que es una palabra que también me la sé. Cuando digo voy a movilizar mil millones es que dentro de 15 años a lo mejor he gastado mil millones. Nosotros hemos gastado ya 184 millones hasta 2022, y hay 165 millones presupuestados en 2023. En fondos Next Generation, el Gobierno ha gastado en Andalucía 174 millones en obras hidráulicas y le ha dado a la Junta 82 millones para que los gestionen ellos. Y como se dice, se han movilizado 120 millones para Rules, 67 millones para el túnel de San Silvestre, 340 millones para depuración… En total, 1.150 millones de euros.

¿Hasta cuándo hay garantizada agua para consumo si persiste la sequía?

Depende de las zonas, pero ahora mismo, año y medio seguro salvo en pequeños municipios que tengan agua subterránea o de manantiales, esos pueden tener problemas. Pero estamos trabajando en ello, como en la Sierra de Huelva, donde estamos haciendo sondeos.

¿El campo es el más perjudicado en esta situación?

Para el campo es una ruina total, con una reducción del 88% de la dotación máxima. Esta sequía es bastante dura, en algunos sitios ya es peor que la de 1995, que decían que era la más potente. Estamos pasando una de las peores sequías, sin ninguna duda.