DOÑANA

El PP andaluz reactivará la ley de regadíos en Doñana dos días después de las municipales

El PP andaluz convocará a la comisión de Fomento para avanzar en la tramitación de la ley para regularizar regadíos en el entorno de Doñana el próximo 30 de mayo, dos días después de las elecciones municipales. El secretario general del partido, Antonio Repullo, ha concretado hoy la estrategia que el jueves avanzaron fuentes del Gobierno de Juan Manuel Moreno: dejar hibernar la polémica ley hasta que pasen los comicios del 28 de mayo.

“Será el 30 de mayo cuando se reúna la comisión de Fomento, encargada de la tramitación de esta ley, que tendrá que decir los comparecientes y a partir de ahí se desarrolla de manera ordinaria”, ha revelado Repullo, tras afirmar que este calendario “ya estaba programado”, aunque los populares habían eludido responder a este pregunta hasta ahora.

PP y Vox son los proponentes de la ley que ofrecerá derechos de riego a un número indeterminado de agricultores, que en los últimos años han cultivado sus tierras a 30 kilómetros de Doñana esquilmando el muy debilitado acuífero de la reserva natural. El grupo ultraderechista se adelantó al registrar la iniciativa -la misma que presentaron en la pasada legislatura y que decayó con el adelanto electoral- y los populares presentaron luego un texto alternativo, con modificaciones de corte ambiental, a la que Vox se sumó.

Se registró por el trámite de urgencia, que acorta los plazos a la mitad, con idea de que la ley esté aprobada y entre en vigor al finalizar este periodo de sesiones, en el mes de julio. Esa planificación no ha cambiado, pero el enorme revuelo político que ha provocado la ley en la comunidad científica -con duras amenazas tanto del Gobierno central y la Comisión Europea- ha obligado a Moreno a ralentizar el procedimiento parlamentario.

Ningún partido tiene claro qué impacto real tendrá el acalorado debate sobre Doñana en los comicios del 28 de mayo. La decisión de convocar la Mesa de la comisión de Fomento el día 30 no viene impuesta por el reglamento de la Cámara, es una decisión política que busca minimizar el ruido hasta que hablen las urnas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado esta estrategia de “política cobarde, fraudulenta y mentirosa”. “No se ha anunciado la retirada de la ley, sino la congelación del proceso, y eso es más cobarde, porque Moreno intenta pasar el Rubicón del 28M”, ha dicho este viernes en Sevilla.

La tramitación de una proposición de ley por la vía de urgencia está tasada en el reglamento de la Cámara hasta cierto punto. El último momento fijado en la normativa parlamentaria tuvo lugar el pasado miércoles, fecha tope para que los grupos presentasen sus propuestas de agentes sociales que deben comparecer en la comisión de Fomento para defender o criticar la ley.

Ahora hay más de 50 nombres sobre la mesa -agricultores, regantes, alcaldes, ecologistas, sindicatos, empresarios y autoridades varias- y el siguiente paso es convocar la comisión para aprobar la lista definitiva de comparecientes. PP y Vox han pedido la presencia de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a quien acusan de negarles el diálogo con la Junta [Ribera ha exigido como condición la retirada de la ley]; y PSOE, Por Andalucía y Adelante quieren convocar a científicos, ecologistas, regantes con autorización y al director del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, que ya se mostró muy crítico con la ley la primera vez que compareció ante el Parlamento.

A partir de aquí, los tiempos de tramitación no los marca el reglamento de la Cámara, sino la presidencia de la comisión de Fomento, que controla el PP: la diputada Ana Chocano. El artículo 42 del reglamento del Parlamento andaluz permite a Chocano convocar la comisión en cualquier momento, respetando el plazo de 48 horas desde que se convoca y se reparte la documentación a cada grupo.

En puridad, podría convocar hoy mismo para aprobar la lista de comparecientes (o la semana que viene), pero el PP ha confirmado este viernes que posterga el siguiente trámite de la ley hasta el 30 de mayo. Hay una reunión de la comisión de Fomento ya programada para la próxima semana, el 11 de mayo, aunque el orden del día ya estaba aprobado y no figura en él nada sobre la ley de Doñana.

El Gobierno de Pedro Sánchez está convencido de que este asunto desgasta a Moreno y, por extensión, a todo el PP de cara a las elecciones municipales. En el Palacio de San Telmo no temen ese escenario, es más, creen que Doñana no les resta votos y que su estrategia es acertada porque está en juego la hegemonía del voto en el interior rural andaluz -no sólo en Huelva-.

La pugna en esta trinchera no es tanto con el PSOE, como con Vox. La última sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz dejó constancia de este pulso, cuando el portavoz del grupo ultraderechista acusó directamente al presidente de querer frenar la ley “otra vez”. “No dé marcha atrás”. Vox ha elevado el tono estos días en su discurso en defensa de los agricultores, ninguneando las amenazas de sanciones millonarias de la Comisión Europea si la ley de Doñana prospera. “Nos da igual lo que piense Bruselas y la izquierda”, le espetó Gavira a Moreno, quien le acusó de agitar este tema por “interés electoral”.

La situación de la mayor reserva natural de Europa, agravada por la extrema sequía de este año, ha situado la ley andaluza en el frontón del debate nacional a las puertas del 28M. Gobierno y Junta, cada uno desde su perspectiva, han convertido este asunto en una especie de plebiscito que se va a dirimir en las urnas dentro de tres semanas.

El PSOE andaluz, que se abstuvo la primera vez que PP y Vox registraron la ley, ha virado su posición 180 grados desde entonces, votando no esta segunda vez. Moreno le ha afeado al líder socialista Juan Espadas su “falta de autonomía política” y su “dependencia del ordeno y mando de Pedro Sánchez”.

Los socialistas andaluces recibieron un severo tirón de orejas de Moncloa y de Ferraz hace un año, cuando dejaron pasar la normativa de regadíos en Doñana, y ahora su postura es rotundamente en contra. De puertas para adentro, hay una enorme preocupación por el impacto real que este asunto puede tener para sus alcaldes en la zona, no sólo en Huelva, sino en todo el campo andaluz, muy castigado y crispado por la actual coyuntura (sequía extrema, inflación disparada, subida de precios...).

El PSOE gobierna la Diputación de Huelva y el 75% de las alcaldías de esta provincia, un granero de votos que se tambalea con el ruido nacional e internacional que ha provocado la iniciativa de regadíos en Doñana. La marca reputacional de la fresa de Huelva, que representa el pilar de la economía en la comarca, está viéndose arañada por la polémica. Es algo en lo que coinciden Gobierno y Junta, aunque se cruzan los reproches unos a otros.