Huelva seguirá sin agua de Portugal, pero regulariza un bombeo vital para la provincia tras 20 años en un limbo legal

Huelva no recibirá por ahora agua desde la presa portuguesa de Alqueva, como se viene planteando desde hace meses incluso desde el Parlamento andaluz, pero por lo menos va a regularizar un bombeo del Guadiana con el que siempre se cuenta a la hora de sumar los recursos de la provincia pero que en realidad lleva dos décadas en situación irregular. Es más, agricultores y ecologistas portugueses denuncian que estas extracciones son directamente ilegales, pero sea como sea la estación de Bocachanza va a contar por fin con todos los parabienes necesarios.

Así lo han pactado los gobiernos de España y Portugal, que tras varias reuniones han acordado el régimen mensual de caudales en el tramo final del Guadiana, el que hace frontera entre ambos países a la altura de Andalucía. La prioridad con este acuerdo, se subraya, es asegurar el buen estado del estuario del río y distribuir “de forma equitativa” entre las dos orillas los recursos disponibles para usos socioeconómicos.

Este “paso importante”, como lo define el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), pone punto final a años de negociaciones para culminar así el Convenio de Albufeira, suscrito en 1998 para reglamentar el uso de los ríos que hacen frontera. Esto ahora tiene que ratificarse solemnemente –se hará en la XXXV cumbre hispano-lusa, que se celebrará el 23 de octubre en Portugal–, y desde un punto de vista práctico conlleva el reconocimiento respectivo a las tomas de Pomarão y Bocachanza, en los lados portugués y español respectivamente.

Un carácter provisional que dura medio siglo

En realidad, hablamos de Bocachanza I, porque la irregularidad de estas instalaciones no ha sido impedimento no sólo para que sigan funcionando, sino para que incluso se trabaje desde hace años en duplicar su capacidad con una segunda toma ya bautizada como Bocachanza II. De hecho, este proyecto tiene incluso la declaración de Interés General del Estado al estar incluida en la Ley del Trasvase de la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras a la del Guadalquivir. Esta norma, aprobada en 2018, ha estado los dos últimos años en la primera línea política al aportar agua a la comarca de Doñana para así cerrar pozos y ayudar a la recuperación del acuífero del parque nacional.

Gracias a Bocachanza I se extraen al año 75 hectómetros cúbicos del Guadiana que son clave para el abastecimiento (sobre todo agrícola e industrial) de la provincia onubense. Este volumen es el máximo permitido y sólo se alcanza cuando se llega a ciertos niveles de sequía, lo que en la práctica significa que funciona así casi permanentemente dadas las escasas precipitaciones de los últimos años.

¿Y por qué no estaban regularizadas si son instalaciones incluidas hasta en la planificación hidrológica? Pues porque no se cumplían los requisitos formales para ello, ya que nacieron con carácter provisional hace nada menos que medio siglo, en 1974, para garantizar el suministro a Huelva mientras se levantaba la presa del Chanza en el río del mismo nombre. Terminada en 1989, se concedió una prórroga hasta terminar ahora el embalse del Andévalo, que se inauguró en 2004. Es decir, que llevan 20 años funcionando de forma irregular para España e ilegal para muchas voces al otro lado de la frontera.

El agua de Alqueva no vendrá por ahora

Desde el Gobierno andaluz se reconoce que esta regularización es incluso más importante que traer agua del Alqueva, algo que se sigue reivindicando con insistencia desde Huelva. Este embalse almacena ahora 3.310 hectómetros cúbicos, un 54% más que la suma de todos los pantanos andaluces, que acumulan 2.150 hectómetros.

El pasado agosto, por cierto, se produjo una confusión al anunciarse desde Portugal que España iba a pagar para llevar agua de Alqueva a Huelva, pero al final todo quedó en un malentendido ya que se trataba de una compensación por captaciones que se hacen en la provincia de Badajoz. El Ejecutivo central insiste en que no hay base en el Convenio de Albufeira para esta petición, que supondría además un agravio para los agricultores de Castilla-La Mancha y Extremadura que tienen limitaciones en el regadío para garantizar el caudal del Guadiana, del que se alimenta Alqueva.

Ante el nuevo escenario que se dibuja, la reacción oficial de la Junta –a través de la Consejería de Agricultura– es de  “espera prudente” hasta conocer la letra pequeña de lo que van a ratificar España y Portugal, básicamente cuáles son los caudales ecológicos fijados. Eso sí, considera “positivo” que se haya despejado el camino de Bocachanza I y confía, en esencia, en que este acuerdo (que “interesa y mucho a Andalucía, una tierra que necesita agua”) “incluya y garantice el desarrollo socioeconómico de Huelva”.

Que Bocachanza I cuente ya con todos los parabienes es un alivio importante para Andalucía, ya que nunca ha habido problemas pero las instalaciones no dejaban de estar en un limbo legal. Ahora el siguiente paso que se marca el Gobierno andaluz es conseguir la autorización para Bocachanza II, que aportaría otros 75 hectómetros cúbicos más, aunque la cuestión sigue en la mesa de negociación entre España y Portugal. Por ello, la Junta andaluza ha pedido estar presente en estas reuniones con voz pero sin voto, algo que hasta ahora no ha conseguido.