Susana Díaz rechaza un pacto educativo con Podemos-IU similar al que Pedro Sánchez exige al PP

Los tres partidos de izquierdas del Parlamento andaluz comparten la misma sensibilidad en defensa de la escuela pública, pero por mucho que han negociado y hablado entre sí, no han logrado llegar a un acuerdo político para mejorar el gasto educativo. Después de muchas semanas de retraso y de una profusa campaña en las redes sociales, Podemos e IU han traído al Parlamento una proposición de ley conjunta que obliga a la Junta fijar un suelo de gasto del 5% del Producto Interior Bruto (PIB) para la educación, equiparándolo a la media europea. Actualmente está en el 3,9% para la educación no universitaria. 

La iniciativa ha nacido muerta, porque el PSOE se ha negado a sumarse a un texto ajeno, escrito al alimón por sus dos rivales de la izquierda. En realidad la iniciativa ni siquiera ha nacido, porque lo que ha rechazado la Cámara este miércoles es la toma en consideración de la propuesta de Podemos e IU. El resto ha sido una cacofonía de reproches mutuos entre los tres partidos progresistas, ante la mirada aburrida de las dos fuerzas de derechas. 

La propuesta tenía una dificultad técnica: era una reforma de la Ley de Educación de Andalucía (LEA), un formato muy estrecho para que el PSOE aportara modificaciones. Esta ley deja fuera la educación universitaria, y la Junta defiende que el gasto educativo debe computar también la financiación de las universidades. La coalición de izquierdas se negaba porque el esfuerzo inversor sería considerablemente inferior, de hecho, el PSOE sostiene que la Junta ya invierte un 5% del PIB en educación, incluyendo el gasto universitario. En este asunto no ha habido acercamiento alguno. IU había calculado que la reforma legal propuesta supondría un aumento de 1.552 millones de euros para enseñanzas medias. 

Sin embargo, lo que ha hecho descarrilar la propuesta no es ningún tecnicismo ni ningún cálculo: Podemos e IU llevan semanas difundiendo una dura campaña en las redes sociales para airear las “incoherencias” entre el PSOE de Susana Díaz y de Pedro Sánchez. Hace meses, el secretario general socialista ordenó a su grupo parlamentario abandonar la Subcomisión del Pacto de Estado para la Educación en el Congreso, en protesta porque el Gobierno de Mariano Rajoy se negó a blindar el 5% del PIB para el gasto educativo (los populares han reconsiderado su negativa).  “Lo que defienden en Madrid como oposición es distinto a lo que hacen en Andalucía desde la Junta”, denuncian por Twitter, por Facebook y en la Cámara. “Parece que es lo que más les interesa a Podemos”, dicen los socialistas. 

Había indicios para pensar que el acuerdo saldría adelante: hace dos semanas, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se mostró favorable a llegar a un pacto con Podemos e IU para blindar el 5% del PIB en gasto educativo. Los mismos tres grupos de izquierda habían firmado meses antes la misma cifra, el mismo contenido, en el pacto para la reforma del modelo de la financiación autonómica: un 7% para salud, un 5% para educación y un 2% para políticas sociales. El PSOE buscó el acercamiento de manera informal con los portavoces de Podemos e IU, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, pero planteó un esquema para el acuerdo “inviable” para ambos: retiren la proposición de ley y redactemos una conjunta que incluya al resto de fuerzas, PP y Ciudadanos. Díaz también propuso en el último debate un apoyo al blindaje educativo a cambio de su voto a la Ley de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Andaluz, un pacto de más alcance que garantizase los dos pilares del Estado de Bienestar. Pero no hubo sintonía alguna.

No es la primera vez que los socialistas se apoyan en su mayoría parlamentaria para negociar de esta manera que, a ratos, parece más una carrera entre los grupos de izquierdas para pilotar la iniciativa en temas de gran impacto para su electorado. Ocurrió con la ley en defensa de los derechos del colectivo LGTBi (gays, lesbianas, transexuales…). PSOE y Podemos registraron por separado dos propuestas de ley, casi idénticas, y durante meses forcejearon para que uno u otro se retirase. Esto no sólo fracturó a la izquierda en un asunto que interesa preferentemente a la izquierda, también dividió a los colectivos LGTBi, unos asimilados al PSOE, otros a Podemos. Finalmente se logró un acuerdo conjunto -el primero y único en esta legislatura- ambos retiraron sus respectivas propuestas y consensuaron un texto conjunto.

Ocurrió por segunda vez con la Ley de Caminos Públicos, que precisamente fue aprobada este miércoles en el Parlamento. Podemos adelantó a los medios una proposición de ley, respaldada por varios grupos ecologistas, y acto seguido la Consejería de Medioambiente anunció que ya trabajaba en una iniciativa similar. En este caso, el acuerdo se alcanzó con la condición de que Podemos retirase su iniciativa -no se llegó a registrar en la Cámara- para que el Gobierno la impulsase por la vía de urgencia como proyecto de ley. 

Al final no dio tiempo, y el asunto quedó invertido: la ley que se ha aprobado hoy lleva la autoría del PSOE, una “concesión” del partido morado para que el proyecto saliese adelante. Los dos grupos firman juntos la tramitación por la vía de urgencia, pero el texto final está firmado solo por los socialistas. “Esto ha sentado mal en nuestras filas, pero es un daño menor para aprobar la ley cuanto antes y porque nos lo pidieron así los ecologistas”, dice David Moscoso, diputado y portavoz de Medioambiente de Podemos. En el debate de política general, hace dos semanas, Teresa Rodríguez recordó este “sacrificio” que hizo su grupo y pidió a Susana Díaz que lo tuviera en cuenta de cara al debate sobre el blindaje del gasto educativo. “Les regalamos la Ley de Caminos Públicos, lo importante es que salga adelante. Pero no vamos a hacer lo mismo con la educación”, le espetó.

Ciudadanos y el PP han participado en el debate con cierto hartazgo, como si asistieran de invitados a una pelea que no es la suya. La formación naranja afeó a Podemos e IU querer “canonizar un solo modelo educativo”. El PP se preguntó por qué “fijar el suelo del gasto educativo en el PIB”, y por qué sobre la base de la LEA, que “fue aprobada sin apoyo mayoritario”. La ley educativa andaluza, la primera legislación autonómica que se derivó de la LOE, fue aprobada en 2007 por dos de los tres grupos parlamentarios de entonces: PSOE e IU. El PP votó en contra.