Vega finaliza otra huelga de hambre ante un nuevo compromiso de la Junta con el salario mínimo de inserción
Francisco Vega pesa 13 kilos menos que hace un mes y medio, tiene la mirada hundida tras una gorra calada y, como se cansa, de vez en cuando se sienta en la silla plegable que le acompañaba cada mañana frente a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga. Este miércoes, cuando cumplía 44 días en huelga de hambre por la renta básica y ya le fallaban algunas fuerzas, ha conseguido una reunión con el vicepresidente andaluz. “La esperanza triunfa sobre la oscuridad. La lucha sigue”, ha dicho.
Cuando la médica de atención primaria le había reiterado, ya por escrito, la recomendación de iniciar la realimentación, Vega lograba este miércoles reunirse con Manuel Jiménez Barrios, que les ha manifestado que le recibía en nombre de la presidenta, Susana Díaz. El consejero se ha comprometido a retomar las negociaciones sobre el salario mínimo de inserción. “Hemos logrado romper el cerco”, ha asegurado Vega, que ha suspendido la concentración prevista para este jueves.
Esta última protesta de Vega, que ya ha sufrido un par de ingresos en Urgencias, no había recibido hasta ahora respuesta oficial de la Junta de Andalucía. Vega inició la huelga de hambre, la tercera en un año, después de que cargos técnicos y políticos mantuvieran con él reuniones durante la primavera, con vistas a introducir una renta básica para mujeres maltratadas y familias con menores. La comunicación por mensajes, que este medio ha podido comprobar, se cortó abruptamente a mediados de julio.
Vega, un extrabajador de servicios sociales ya jubilado, mantiene su empeño pese a que la Junta de Andalucía ya ha anunciado que en 2018 entrará en vigor la nueva renta mínima de inserción que sustituirá el antiguo salario social. La administración autonómica ha presupuestado 198 millones de euros para esta figura, con la que prevé que se beneficiarán 45.000 familias.
Sin embargo, hay 346.200 hogares con todos sus miembros activos en paro, según los datos del último trimestre del año obtenidos a partir de la Encuesta de Población Activa. Según el activista, otros informes demuestran que la renta mínima tal y como se plantea es insuficiente: más de un millón de andaluces están en pobreza severa, según el último documento de la Red andaluza de lucha contra la pobreza y la exclusión social, y la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social es del 43,2%, según el Observatorio de la Desigualdad de Andalucía. Estos datos muestran que este ingreso sólo llegará a uno de cada diez andaluces en pobreza severa. “Si reconocen esa situación, ¿por qué presupuestan para 45.000 familias?”, se pregunta Vega.
Save the Children también considera insuficiente la dotación presupuestaria de la renta mínima, y pidió aumentarla a 670 millones de euros para garantizar que llega a todos los hogares que tendrán derecho a la prestación. Según la ONG, 247.000 familias cumplirían los criterios de la nueva renta mínima. Según las declaraciones de su responsable en Andalucía, Javier Cuenca, recogidas por Europa Press, es “insuficiente e inefectiva para atender a todas las familias que van a tener derecho a ella” y tendrán un “impacto mínimo” para reducir las tasas de pobreza. “No tiene sentido que preveas ya de entrada que vas a atender a un determinado número de personas y que lo que presupuestas no da para ello”, protesta el activista.
Francisco Vega pide una ampliación del número de familias beneficiarias y que la cuantía de 415 euros se incremente a 654 euros “no por capricho, sino porque la marca el estudio de la red renta básica de Daniel Raventós, que indica que el umbral de la pobreza está en esa cantidad”. Por último, reclama una ampliación de los meses en que se podrá percibir, que se limitan a doce meses con la posibilidad de que las mujeres maltratadas o personas con menores a su cargo puedan prorrogar cada seis meses si persiste la situación de necesidad.
UGT: “La negociación implica avanzar y ceder”
La Consejería insiste en que la renta mínima de inserción “aglutina mucho más” que el antiguo salario social, y en que ha sido diseñada en colaboración con organizaciones sociales y sindicatos, integradas en una plataforma. Ahí estaban las asociaciones de consumidores (FACUA y UCA-UCE), la Confederación Empresarial de Economía Social (CEPES), la Red Europea contra la Pobreza y Exclusión Social (EAPN) y los sindicatos UGT y CCOO. La negociación empezó en junio, a partir de la ILP que no se tomó en consideración en el Parlamento.
Soledad Ruiz, responsable de política social y seguridad social de UGT Andalucía, da por bueno el acuerdo final: “Nunca se puede uno dar por satisfecho, pero la negociación implica avanzar y también ceder. Hemos llegado a un acuerdo satisfactorio para todos”. Las negociaciones obligaban a poner de acuerdo a los integrantes de la plataforma, en primer lugar, y luego a estos con la administración. “Para UGT-Andalucía era vital la vinculación con un plan de inclusión socio-laboral en el que participe el Servicio de Empleo. También que se tuvieran en cuenta colectivos que no llegan al IPREM, con condiciones tan precarias que no llegan a la renta mínima”, explica. Aunque considera que la dotación presupuestaria es “absolutamente insuficiente”, cree que de aquí a 2020 se ampliará hasta llegar a las personas a las que se dirige y confía en los mecanismos de evaluación de la propia norma.
