El choque entre Gobierno central y andaluz por la polémica campaña contra la violencia machista quiebra el pacto de Estado

El 25 de julio de 2017, después de seis meses de trabajo y 66 comparecencias de expertos en el Congreso, los partidos políticos sellaron un acuerdo histórico para atajar una de las mayores enfermedades sociales de España: la violencia de género. 1.013 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas desde 2003. El primer punto de aquel acuerdo definía el concepto violencia de género según lo establecido en el Convenio de Estambul, que España ratificó en 2014, y que habla de la violencia contra la mujer que implique daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica.

PSOE, PP y Ciudadanos están entre los firmantes de aquel Pacto de Estado, sin embargo, la polémica desatada esta semana a raíz de la campaña de sensibilización de la Junta de Andalucía contra la violencia machista ha resquebrajado la unidad en torno a un asunto que todos habían acordado dejar al margen de la contienda política. El Gobierno central y el andaluz se acusan mutuamente de “romper el Pacto de Estado” y usar a las víctimas del machismo con fines partidistas y electoralistas.

Entre aquel 25 de julio de 2017 y la actualidad han pasado muchas cosas: ha cambiado el Gobierno de la nación, a raíz de una moción de censura que tumbó al presidente Mariano Rajoy (PP) y colocó en su lugar al socialista Pedro Sánchez. Pero, sobre todo, ha irrumpido en las instituciones un partido de extrema derecha (Vox) con un discurso negacionista contras las desigualdades de género y las políticas de lucha contra violencia machista, un partido que ha ocupado un papel clave en la gobernabilidad de varios territorios, obligando a los partidos del centro derecha a revisar o reformular aquellos consensos. 

Vox sostiene actualmente tres gobiernos autonómicos de PP y Ciudadanos -en Andalucía, Madrid y Murcia- y en las tres regiones ha pedido deshacer las políticas de género que ya estaban asentadas. PP y Cs han logrado rebajar las exigencias de su aliado -que empezó exigiendo la derogación de las leyes de igualdad-, pero también han hecho concesiones: contra el lenguaje inclusivo, contra las políticas de discriminación positivo y contra los informes de impacto de género de los recursos públicos... En este contexto surge la polémica campaña de sensibilización de la Consejería de Igualdad, que ha usado imágenes de actrices sonrientes (asegurando primero que eran víctimas reales de malos tratos) en carteles que esconden el término “violencia de género” de los eslóganes publicitarios.

Esta campaña, lanzada en pleno agosto, no difiere mucho de otras campañas promocionadas por anteriores gobiernos del PSOE. Además la imagen de la mujer “superviviente” en campañas de sensibilización es un requisito que recoge el Pacto de Estado y la propia Ley andaluza contra la Violencia de Género, reformada el año pasado. Sin embargo, la crispación es total y los citados carteles de mujeres han echado a pelear a los principales partidos firmantes del Pacto de Estado, y a los gobiernos donde están representados.

El último choque dialéctico ha sido entre la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, y la consejera andaluza de Igualdad, Rocío Ruiz.  “Una institución tan importante como la Junta de Andalucía (...) evidentemente no puede flaquear en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género porque el partido político o los dos partidos políticos que gobiernan, sí que es verdad que arrastrados por Vox, forman parte de este pacto y tienen que mantenerse firmes”. Con estas palabras, Calvo lanzó este miércoles una crítica rotunda al Ejecutivo andaluz a raíz de la polémica campaña impulsada por Consejería de Igualdad contra la violencia machista, en cuyos eslóganes se ha sustituido este término por el de “malos tratos”.

La también ministra de Igualdad en funciones ha solicitado a PP y Ciudadanos -que gobiernan en Andalucía- que tengan una “vigilancia extrema de esta situación que debilita el Pacto”. La campaña, ha subrayado Calvo, “ha recibido todo tipo de comentarios” que “es obvio que se merecía”.

La Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía lanzó la semana pasada una campaña de sensibilización contra la violencia de género presentando unos carteles de mujeres sonrientes, bajo el lema: Ella ha sufrido malos tratos. Pero la vida es más fuerte. Denuncia. Vive. La campaña cuenta con un spot televisivo que comienza con un texto en el que advierte que “las mujeres que van a ver a continuación han sufrido malos tratos”, sin embargo, la Junta y la agencia publicitaria responsable admitieron luego que “las mujeres que aparecen son actrices”. Las fotografías utilizadas salen de un banco de imágenes que ya han sido usadas antes en anuncios comerciales, por ejemplo de dentaduras postizas o de una campaña de superación del cáncer de mama. “Es un recurso publicitario absolutamente legítimo”, aseguraron fuentes de la Consejería de Igualdad.

En este contexto se ha producido este miércoles la visita de Carmen Calvo a las dependencias policiales del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), acompañada por el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Calvo ha expresado allí su preocupación por la “influencia” que Vox está teniendo en Andalucía, y ha revelado que hace tres meses ya transmitió por carta esa preocupación al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, en un mensaje que no obtuvo respuesta, informa Efe.

La vicepresidenta ha explicado que transmitió a Moreno su inquietud por la incorporación de un partido como Vox “que cuestiona claramente muchos de los conceptos” que ha costado décadas impulsar desde la política y las leyes. A raíz de la polémica sobre la campaña andaluza, Calvo admite que percibe una “quiebra en la firmeza” y “un debilitamiento de la lucha contra la violencia machista por el cuestionamiento que de este problema hacen partidos como Vox desde su entrada en las instituciones”.

“Observo una quiebra en la firmeza y observo también que hay una discusión que no se puede abrir acerca de lo que representa esta violencia. Es más, hay algunos que prácticamente la niegan”, asegura la vicepresidenta, que ha añadido: “No vale poner en riesgo el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, no vale tomar decisiones donde se afloja y donde se debilita la visibilidad de lo que representa el combate contra el machismo”. En el ángulo opuesto, ha sido PP y Ciudadanos, y singularmente la consejera andaluza de Igualdad, quien ha acusado al PSOE de “romper” el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y usar esta materia “como arma política para arañar un puñado de votos”. En los mismos términos se ha expresado el propio presidente Juan Manuel Moreno y el vicepresidente Juan Marín.

1,2 millones del Estado

La campaña de la Junta andaluza, con un presupuesto de 1,2 millones de euros, está sufragada mayoritariamente con fondos provenientes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, sin embargo, su eslogan principal no contiene el concepto violencia de género, sino “malos tratos”. Los socialistas denuncian que esta terminología -“que busca contentar a Vox y su política negacionista”- supone un paso atrás de gigante -desde la Ley Integral contra la Violencia de Género, de 2004, las instituciones sustituyeron malos tratos (que ya aparecía en el Código Penal) por violencia contra la mujer o por razón de género.

El PSOE exige su retirada y la Consejería de Igualdad rechaza hacerlo, argumentando que la campaña respeta escrupulosamente el Pacto de Estado y la Ley andaluza contra la Violencia de Género, reformada el año pasado, que recoge que las campañas de sensibilización contengan un “mensaje positivo” y que incluyan la figura de la “superviviente”, y no sólo “el cliché” de la víctima. “Muchas mujeres supervivientes nos han llamado felicitándonos”, ha dicho este miércoles Rocío Ruiz, que ha vuelto a recordar que anteriores Gobiernos socialistas también usaron campañas similares, “con mujeres sonrientes que también eran actrices, y no víctimas reales”.

Lo cierto es que la campaña ha suscitado un intenso debate en las redes, muy polarizado, en el que algunos colectivos feministas han participado en defensa de la campaña de la Junta y otros en contra (incluso se ha promovido una iniciativa en Change.org pidiendo su retirada). En esta vorágine han aparecido mensajes difundidos por políticos y colectivos afines al PSOE que han retocado la campaña de la Junta, añadiendo golpes, disparos de bala y moretones a las mujeres sonrientes, con ánimo de denunciar que “no puede ponerse el foco en las mujeres y ocultar que el responsable es la pareja, un hombre, el maltratador”.

En España 1.013 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003 y 29 menores desde 2013: “Queda mucho tajo y por eso mi preocupación de que nos veamos arrastrados por un partido político de ultraderecha que está cuestionando nada más y nada menos que el trabajo conjunto de todos de cuarenta años de democracia”. Además, Calvo ha adelantado que, una vez constituidos todos los gobiernos autonómicos, convocará una reunión sectorial para abordar la coordinación con las comunidades autónomas en lo relativo al combate de la violencia machista.

La vicepresidenta ha hecho hincapié en la necesidad de denunciar la violencia de género porque detecta un claro retroceso en el mensaje social de que hay que denunciar. En “la inmensa mayoría de las situaciones que afrontamos, incluidos los asesinatos, no se había denunciado. Hay que recordar que no solamente pueden y deberían y queremos que denuncien ellas, lo puede hacer cualquier persona, es una complicidad solidaria y absolutamente imprescindible para proteger” a estas mujeres. “Pido por favor que las mujeres den un paso al frente, mejoraremos en todo lo posible la respuesta”, ha sentenciado Calvo.