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ARAGÓN

El recurso contra la Ley de Capitalidad pide la suspensión del artículo usado por ZeC para asumir el control de las sociedades

El recurso se interpuso el pasado viernes y no pone en duda el resto de la normativa

Ciudadanos ha pedido un informe de las posibles consecuencias y CHA señala que puede dejar sin efecto todos los acuerdos tomados en las sociedades desde su aplicación, el pasado 9 de febrero

El Gobierno de Zaragoza asume el control de las sociedades municipales ante las críticas de la oposición

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El presidente de Aragón, Javier Lambán, y el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, firman la Ley de Capitalidad

El presidente de Aragón, Javier Lambán, y el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, firman la Ley de Capitalidad Gobierno de Aragón / Zaragoza

El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central al Tribunal Constitucional contra el artículo 14.1 de la Ley de Capitalidad pide la suspensión de la vigencia del mismo. Y esto, según ha señalado la concejala socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, implica su suspensión cautelar. El recurso, por añadidura, no pone en duda el resto de la normativa.

Dicho artículo es en el que se basó el equipo de gobierno de Zaragoza en Común para  asumir el control de las sociedades municipales (Zaragoza Cultural, Zaragoza Vivienda, Zaragoza Deporte y Ecociudad). Decisión envuelta en una intensa polémica sostenida desde entonces y avivada ahora con más fuerza.

Desde CHA (socio del PSOE en el Ejecutivo autonómico), su portavoz municipal, Carmelo Asensio, ha señalado que no le extraña “lo más mínimo” este recurso. Ya se le advirtió a ZeC desde que usó este artículo, ha dicho Asensio, “de que esto terminaría como ha terminado”. Para él, “se ha quebrado la confianza que en su día CHA depositó en el Gobierno de ZeC, pensando que se podían hacer las cosas de otra manera".

Ciudadanos ha pedido que el Ayuntamiento haga informes jurídicos sobre las consecuencias que se pueden derivar del recurso contra este artículo. Su portavoz, Sara Fernández, ha señalado que el objetivo es conocer “qué sucederá en las sociedades si hay una suspensión del artículo y si, finalmente, se declara inconstitucional”.

A este respecto, Carmelo Asensio ha apuntado que la suspensión cautelar puede dejar sin validez los acuerdos tomados en los consejos de administración de las sociedades desde la aplicación de dicho artículo, el pasado 9 de febrero.

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