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ARAGÓN

2019, un año clave para la gestión de las centrales hidroeléctricas

El reto del reparto equitativo de los beneficios que genera la producción de este tipo de electricidad marca la agenda del Ministerio para la Transición Ecológica, que aboga por “la actualización del interés general”

En Aragón, las formaciones políticas y municipios afectados coinciden en su diagnóstico: tras varias décadas sin compensaciones se impone el impulso a una nueva normativa que regule la explotación de los recursos hídricos de una manera justa

La energía reservada, un siglo de la batalla que el Pirineo aragonés sigue perdiendo

Salto hidroeléctrico de Lafortunada

Salto hidroeléctrico de Lafortunada Lafortunada (Huesca)

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, afrontará durante este 2019, entre otros retos, qué hacer con los beneficios que generan las centrales hidroeléctricas, a dónde se han de dirigir, qué sucederá con las compañías que explotan este tipo de energía y con las reclamaciones históricas de los territorios que durante décadas la han producido, y visto pasar de largo unas compensaciones económicas que siguen reclamando. Una compleja agenda para una intrincada cuestión que sigue sobre la mesa después de que el propio Gobierno situase el foco sobre estos aprovechamientos.

Ribera asiste a cómo se debate en el Congreso la necesidad de que se desarrolle un marco jurídico estable para la reversión de los saltos al Estado, ya planificada, y el reparto equitativo de los beneficios. Mientras, la ministra plantea la posibilidad de imponer a las centrales hidroeléctricas la obligación de suministrar la electricidad a precios tasados a determinados colectivos o al territorio circundante, y la conveniencia de constituir sociedades públicas de agua que gestionen directamente los saltos eléctricos, y aboga por revisar los pliegos de las futuras concesiones atendiendo a “la actualización del interés general”.

Ribera explicó que actualmente hay 115 aprovechamientos hidroeléctricos de cuencas intercomunitarias de los que unos cien están abandonados y con poca rentabilidad económica aparente. De los quince restantes, un tercio está siendo explotado por el antiguo titular, otro tercio está en fase de concurso para nuevos aprovechamientos y el restante es explotado directamente por las confederaciones hidrográficas de manera transitoria hasta que se resuelva qué hacer con ellos.

Según la Dirección General del Agua, se prevé que se extingan otras 25 concesiones hasta 2020 y 70 hasta 2030 y habrá que decidir qué se hace con ellas, lo que “representa una oportunidad única para repensar el papel de los saltos hidrológicos tanto en la mejora del estado de los ríos como en la transición energética”. "Es la ocasión de plantearnos distintas opciones que contribuyan de la mejor forma posible a que la energía hidroeléctrica sea un factor fundamental en hacer viable la transición energética de manera justa y a precios razonables", añadió.

Las centrales que son saltos reversibles o de pie de presa, “pueden servir para regular la capacidad de almacenamiento del sistema y dar estabilidad al mismo, reforzando por tanto un interés público que será capital durante la época de transición ecológica que defiende el Gobierno. Esto nos hace pensar que es un instrumento útil en la ordenación del sistema eléctrico minorando la volatilidad de precios y aportando beneficios de interés público más allá que los que pudiera tener la propia producción hidroeléctrica", asegura la ministra.

Hay que tomar medidas

En Aragón, se trata de un caballo de batalla que trata de vehicular CHA, pese a que exista un consenso entre todas las formaciones políticas –tanto con representación en las Cortes como en el Congreso y el Senado– de que se han de tomar medidas. El secretario territorial de CHA-Alto Aragón, Joaquín Palacín, recuerda que hace décadas que los municipios aragoneses, especialmente en el Pirineo, “soportan la servidumbre del uso del territorio y los recursos sin ninguna compensación digna” y por eso asegura que es hora de “revertir esta situación, aunar voluntades y demandar la aprobación, este mismo año, de una normativa que permita nuevas oportunidades a estas comarcas”.

“La energía generada por los saltos hidroeléctricos es una fuente de riqueza que también debe repercutir en el lugar donde se genera por una necesaria cuestión de justicia territorial y de restitución económica y social con los lugares afectados”, subraya Palacín. El senador de Compromís Carles Mulet presentará varias preguntas en la Cámara Alta sobre cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar una normativa que asegure la reversión pública de los saltos hidroeléctricos para los territorios y sobre la compensación económica y social para las zonas afectadas.

La Asociación de Entes Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa), por su parte, ha anunciado su disposición a impulsar todas aquellas acciones que estén en su mano “hasta conseguir que los territorios afectados por aprovechamientos hidroeléctricos vean compensados los costes que sufren por la explotación de sus recursos hídricos”. En su última asamblea, aprobaron solicitar la modificación de la Ley de Aguas para atender esta reivindicación social de los territorios donde se enclavan los aprovechamientos hidroeléctricos, con el fin de que se les compense por la riqueza que generan para otras zonas del país a cambio de un coste ambiental y social prolongado en el tiempo.

En este sentido, recuerdan que en las cabeceras de las cinco cuencas de los ríos del territorio altoaragonés -Aragón, Gállego, Cinca, Ésera y Noguera Ribagorzana- se construyeron entre 1912 y 1977 una treintena de actuaciones entre centrales hidroeléctricas y presas a su servicio que, según datos de 2012, generan el 5 % de la producción total hidroeléctrica de España.

También exigen que los expedientes de reversión de saltos hidroeléctricos se tramiten sin retrasos ni caducidades, que los beneficios de los saltos revertidos pasen a ser de titularidad pública a favor del territorio afectado y que la administración pública que explote aprovechamientos hidroeléctricos siga pagando el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a los ayuntamientos.

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