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El PP culpa al PSOE y a ZeC de la situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza

La consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno de Zaragoza, María Navarro

ElDiarioAragón

Zaragoza —

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La consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno de Zaragoza, María Navarro, ha comparecido este martes para informar de la situación financiera del Ayuntamiento tras conocerse, el pasado domingo, la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Consistorio al pago de 63 millones a FCC y TUZSA por revisiones de precios.

En total, las sentencias pendientes de pago suman más de 35 millones de euros, de los cuales 7 millones corresponden a intereses de demora. Entre los pagos a los que el Consistorio debe hacer frente de manera inmediata se encuentran 17 millones por revisiones de precios de TUZSA, casi 8,3 millones por revisiones de precios de FCC, más de 1,5 millones por la contrata de la grúa, 5 millones por expropiaciones y 300.000 euros por obras del corredor verde. Deudas que, en su mayoría, han explicado, “provienen de la época socialista de los años 2009 y 2013 y que se incrementarán con las nuevas peticiones de revisión, abocando al Ayuntamiento a asumir pagos millonarios, todavía por cuantificar, en los próximos años”.

Una “situación de quiebra” que, para Navarro, es “fruto de la irresponsabilidad de los gobiernos de PSOE y ZeC”. Por ello, ha calificado de “hipócritas” las críticas de los socialistas desde la oposición y ha asegurado que estos “deberían pedir perdón a todos los zaragozanos por el agujero económico que han provocado a la ciudad”.

Navarro ha acusado al gobierno de ZeC de “ocultar esta situación de ruina a los zaragozanos” y ha asegurado que el actual gobierno la afrontará “con la máxima responsabilidad y con la intención de poner en orden las cuentas municipales en el mínimo tiempo posible”. Un objetivo para cuya consecución se trabajará a través de dos vías: en primer lugar, se pedirá un aumento de los préstamos del FIE para poder hacer frente a los pagos de sentencias firmes. Por otra parte, se abrirá un proceso de negociación con las contratas para evitar que la deuda se siga multiplicando.

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