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El último reducto minero de Aragón se resiste al cierre

Visita a la central de Andorra del presidente de Aragón y la consejera de Industria en marzo de 2016.

Elisa Alegre Saura

Teruel —

La noticia no era nueva pero venía a confirmar que la central térmica de Andorra (Teruel), alma del último reducto minero de Aragón, tiene los días contados sin que los políticos puedan presumir de haber hecho gran cosa para cambiarlo o para plantear alternativas. La dueña de Endesa y por tanto de la térmica, la italiana ENEL, confirmaba hace unos días en Roma durante la celebración de su Junta de Accionistas que, sin cambios en el marco regulatorio energético en España, la central turolense, junto a la de Compostilla en León, cerrará en junio de 2020.

Es el mismo argumento que habían hecho público cuando en noviembre de 2016 presentaron sus planes de futuro sin que se contemplaran fondos para acometer las inversiones en las dos centrales de Endesa en Teruel y León, aunque la noticia hace unos días parecía coger por sorpresa a algunos políticos.

La decisión, puramente económica, se basa en que la empresa considera que no es viable invertir los alrededor de 200 millones – 180 según la última cifra que ha trascendido- que necesita la planta para adaptarse a la Directiva Europea de Emisiones y ser así menos contaminante, sin tener asegurado que pueda recuperar la inversión.

“Endesa quiere horas estables de funcionamiento, no quiere hacer una inversión y que luego el Gobierno no le deje entrar en red y sacar beneficios”, explica el secretario general de UGT en Teruel, Alejo Galve, que además es operario de la central.

La presión de la Unión Europea y de los colectivos ecologistas puede estar detrás del “inmovilismo” del Gobierno central en esta materia, según explica Galve, pero apela a la responsabilidad de los partidos políticos, que llevan años hablando de apoyo a la térmica, al mismo tiempo que de reconversión industrial en la zona, pero sin resultados claros.

Los vecinos se sienten engañados

Los representantes sociales, económicos e instituciones de las cuencas, representados en la Mesa de la Minería de Andorra, acusan a los políticos de la situación en la que se encuentran: “El engaño de los políticos ha sido grave y doloroso, porque la decisión de acabar con el carbón nacional y de cerrar la central de Andorra estaba tomada desde hace días, y sus consecuencias arrastrarán a todo el sector minero de la zona”, según explican en un comunicado.

Creen que “el tiempo ha demostrado que los apoyos a la minería y a la central térmica solo eran promesas electorales. Todas las fuerzas políticas han puesto su granito de arena en el engaño”. El Partido Popular especialmente, dicen, porque es quien lleva cinco años al frente del Gobierno central: “A este partido le tocaba dar soluciones reales. Siempre hubo buenas palabras, pero nunca más que eso”.

Por eso desconfían de las palabras del ministro de Energía, Álvaro Nadal, que hace unos días abogaba por una ley que condicione los cierres de las centrales eléctricas en España, y defendía en cierto modo su vigencia diciendo que la clausura de ambas centrales “no es coherente con las necesidades de la política energética del país”.

Pero también critican al Gobierno de Aragón, después de que no haya sido hasta ahora cuando el presidente Javier Lambán ha reaccionado, a pesar de que el riesgo de cierre se convirtió en una amenaza real ya en noviembre de 2016, cuando la compañía dio a conocer sus planes de futuro sin contemplar partidas para hacer las inversiones.

Ahora Lambán ha remitido una carta a Mariano Rajoy en la que le apremia para que “tome cartas en el asunto y adopte medidas que permitan alargar la vida de esta central y asegurar el futuro de miles de familias de la zona”.

Un mensaje, el de que la responsabilidad la tiene el Gobierno central, que la consejera de Industria del Ejecutivo aragonés, Marta Gastón, reiteraba el pasado viernes tras mantener una reunión con el consejero delegado de Endesa en España, José Bogás.

Gran capacidad

La central, que opera desde 1979, tiene una capacidad de producción de energía al nivel de una nuclear, y está considerada por los ecologistas como una de las más contaminantes de España, que insisten en los nocivos efectos sobre la salud.

A pesar de las inversiones en la planta para hacerla menos contaminante y más competitiva – 180 millones entre 2006 y 2012, según la compañía- las exigencias ambientales han puesto contra las cuerdas a la central.

El aumento de producción de la central, debido al parón de las nucleares en Francia, el año pasado apenas permitió alcanzar 3.300 gigavatios hora, lejos de picos como el de 2011 cuando alcanzó los 6.260 gigavatios hora, con la planta prácticamente al cien por cien.

A eso se suma la falta de compromiso del Gobierno central para hacer cumplir el Plan del carbón, según denuncian los sindicatos, pactado entre patronal, sindicatos y gobierno, que establece un mix energético por el que el 7,5 % del carbón que se queme en la térmica debe ser nacional, gracias también al apoyo económico del Gobierno central. “Ahí tienen la solución para el futuro de la central, cumplir el Plan del Carbón” destaca Galve.

400 empleos en juego

Con este panorama, la secretaria general de Industria de CCOO en Aragón, Ana Sánchez, explica que el cierre es “una muerte anunciada de toda una zona”, ya que en la central trabajan de manera directa en torno a 400 personas, a lo que se suman todos los empleos indirectos.

La central es el último vestigio de la industria del carbón de las cuencas mineras turolenses, que vieron como cerraba en Ariño a finales del pasado año la última mina de interior de Aragón y apenas queda una a cielo abierto en la misma localidad.

Sánchez recuerda que defienden una “transición justa hacia otras formas de energía”, pero la ansiada reconversión industrial ni siquiera se atisba en la zona, a pesar de los millones invertidos en los últimos años a través del Plan Miner, con proyectos empresariales fallidos, en buena medida por basarse en la construcción.

El Gobierno de Aragón está realizando en los últimos meses una ronda de visitas a los municipios de la cuenca minera para detectar cuáles son las posibilidades empresariales, aunque vistos los plazos de cierre de la central, un futuro industrial viable diferente a la minería parece poco probable a corto plazo, y por tanto un futuro para la gente de la zona también.

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