Otra sentencia eleva a 19 millones de euros el agujero urbanístico de la pos-Expo zaragozana
La gestión de los proyectos urbanísticos vinculados a la Expo sigue encareciéndose una década después de haber terminado la muestra: el Ayuntamiento de Zaragoza acaba de ser condenado a indemnizar con 2,63 millones de euros –más los intereses de cinco años- a las constructoras Acciona y MLN, que se quedaron sin cobrar esa cantidad de unas obras en el Corredor Verde Oliver-Valdefierro tras un enrevesado acuerdo entre el Consistorio y la junta de compensación del barrio de Arcosur.
Este nuevo fallo, emitido por el Juzgado Contencioso número 4 de la capital aragonesa y que el Ayuntamiento prevé recurrir, sitúa por encima de los 12 millones de euros las condenas por expropiaciones revisadas al alza por los tribunales y por actuaciones de esa época, a las que se suman 3,4 millones pendientes de pago por justiprecios que no han llegado al juzgado y otros 3,5 que debe desembolsar para liquidar tres convenios urbanísticos de aquella época.
Así, y deudas financieras de la muestra al margen, el agujero suma 19 millones de euros -más de 12 por orden judicial y casi siete por retrasos en la gestión- que complican un poco más, si cabe, la asfixiante situación financiera del Ayuntamiento zaragozano. “Es una consecuencia más de la política de desarrollo urbanístico atroz de aquellos años”, señaló el concejal de Economía, Fernando Rivarés.
Condenas por 84 millones en año y medio
Solo en lo que va de legislatura, el Consistorio de la capital aragonesa ha recibido condenas por valor de 84 millones de euros derivadas de actuaciones de legislaturas anteriores.
La última se deriva de un acuerdo entre el Ayuntamiento y la junta de compensación que promueve el barrio de Arcosur, que una década después sigue sin despegar.
El municipio había aportado en 2005 suelos valorados entonces en 32 millones a la promotora, de la que formaban parte varias constructoras y el banco local Ibercaja, que había cobrado parcialmente con suelos en esa zona la venta del meandro de Ranillas para acoger la Expo.
Tres años después, Consistorio y promotora acuerdan que, con el fin de generar suelo para construir VPO, esta asumirá el coste de varias obras en la ciudad por valor de 12,94 millones. “A tal efecto –señala la sentencia-, la junta de compensación se comprometía a realizar cuantas gestiones resultasen necesarias para financiar anticipadamente las obras de rehabilitación del corredor ferroviario”, adjudicadas a una sociedad de Acciona y MLN.
La deuda subrogada que volvió a casa
Sobre el papel, el acuerdo liberaba al Ayuntamiento de cualquier compromiso económico con las constructoras “exclusivamente hasta la finalización y liquidación definitiva del contrato”, indica la sentencia. Sin embargo, la liquidación de ese acuerdo, acordada por el anterior equipo de gobierno municipal el 30 de abril de 2015, cuando faltaba menos de un mes para las elecciones, hizo que la obligación de pagar esos 2.636.741,74 euros recayera en el Consistorio, que llegó a reclamárselos a la promotora.
“Lo que se acordaba [inicialmente] era un determinado mecanismo de pago, que permitiese agilizar el pago de las certificaciones”, indica el juez, mediante su “abono directo por parte de la junta de compensación a la UTE, sin pasar previamente por la caja municipal”.
“Si realmente se hubiese producido [por parte de Arcosur] una ‘subrogación extintiva de la deuda’ [municipal con las constructoras] no sería congruente que el Ayuntamiento optase por asumir de nuevo la posición deudora frente a la contratista”, concluye la sentencia.
