Corrupción y colapso

Todo sistema tiene su propio grado de asimilación de los márgenes de error previstos a priori y tiene capacidad de absorberlos, digerirlos y canalizarlos para acabar por asimilarlos. Todo sistema social, por su parte, asume, en tanto que humano y por ende contingente e imperfecto, un nivel de error, de excepción, e incluso de ilegalidad. Todo sistema tiene previsto cómo gestionar un margen de ilegalidad, cómo penalizarlo y sancionarlo sin que el sistema esté en riesgo por ello. Hay un margen de incumplimiento de norma que por su dimensión es incapaz de desencadenar un cuestionamiento de todo el sistema y sirve por tanto, como tope máximo de tolerancia de ese mismo sistema ante su propia imperfección. Sin embargo, este desagüe que todo sistema prevé para soportar, para drenar sus excepcionalidad tiene a su vez un límite, una barrera que de sobrepasarse pone en cuestión el sistema entero.

Llega un momento en que una de las excepciones, de las irregularidades del sistema, por acumulación con otras, acaba por colapsar el sistema, dejando de ser una excepcionalidad que confirma la regla para pasar a ser una excepción que colapsa las propias reglas. Es justo en ese momento en el que nos encontramos tras la sentencia de la Gürtel en nuestro país. El 15M fue un aviso de que entrábamos en terreno resbaladizo, en el que cualquier margen de error por aquellos que ostentaban el poder podía hacer desencadenar un descrédito general del sistema. De ahí el “lo llaman democracia y no lo es”, un grito que no señalaba a un gobierno corrupto concreto o un partido en particular sino que señalaba al conjunto del contrato social como estafa.

Desde el 15M jugamos a adivinar qué caso concreto va a ser el que colapse la capacidad de asimilación de corrupción de nuestro sistema democrático y nos haga entrar en colapso. Porque en los sistemas sociales nunca está claro cuál es ese límite, cuánta corrupción, cuánta delincuencia o cuánta ilegalidad puede soportar el contrato entre las partes. El ejemplo paradigmático es Islandia. Islandia demostró durante la crisis que su sistema democrático tenía, por suerte, una baja capacidad de asimilación de la corrupción. Por lo que las movilizaciones en la calle acabaron por sentar en el banquillo a los responsables políticos de una crisis que había sido una estafa. Sin embargo, hechos parecidos a los que acontecieron en Islandia se han producido en los últimos años a un lado y otro del Atlántico pero no han sido los detonantes por sí mismos, todavía, de la puesta en cuestión las reglas de nuestro sistema.

Por eso, una no puede más que sucumbir a las técnicas adivinatorias para augurar que si bien en nuestro país hemos drenado ya demasiada corrupción, el límite está cerca de rebasarse. Y si hay una excepcionalidad capaz de cuestionarlo todo quizás sea justo la de tener de presidente al jefe de un partido condenado por corrupción. Ese es el verdadero contexto de riesgo en el que habitamos estos días y es en el que entra en juego la moción de censura, no como un aprovechamiento partidista de una excepcionalidad sino como el único antídoto democrático frente al colapso del sistema.

Probablemente Pedro Sánchez no sea consciente de que lo que se juega con su moción no es su opción de gobernar, sino la viabilidad de un sistema democrático y el tránsito pacífico del régimen del 78 a un régimen que decida tolerar menos porcentaje de corrupción e ilegalidad sistémica. Y probablemente tampoco Albert Rivera esté entendiendo que es fundamental preservar nuestro sistema democrático y esto es incompatible con seguir drenando más corrupción o poniendo excusas. No siempre los sistemas dan aviso de colapso, no siempre dejan margen de acción previa antes de desbordarse, pero cuando lo hacen, nos están impulsando a proteger las reglas del juego por encima de todo, a preservar los valores democráticos aunque sea a consta de remangarse, de votar con aquellos con los que no se comparten ideas concretas sino sólo la firme convicción de que todo el pacto social está en riesgo si no reaccionamos ante la corrupción. Quizás la sentencia de la Gürtel no sea al final esa excepción que cuestione todas las reglas, pero lo que está claro es que es el último aviso para salvar nuestro sistema.