Delegación del Gobierno recurre ante la justicia la negativa del Ejecutivo aragonés a declarar zonas tensionadas de vivienda

La Delegación del Gobierno en Aragón ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) la decisión del Ejecutivo autonómico de no tramitar ninguna solicitud para declarar zonas de mercado tensionado en la comunidad autónoma, incluso aunque un ayuntamiento considere que tiene un problema de acceso a la vivienda y solicite que se estudie su situación, y le piden “recapacitar”.

Así lo ha indicado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en una rueda de prensa este lunes en la que ha reivindicado una política de vivienda, tanto en la comunidad autónoma como en el resto de España, “que active todas las posibles herramientas que permitan el real ejercicio de derecho a la vivienda”, rechazando el “sesgo y orientación particular” en la políticas porque ello supone “una pérdida de oportunidades”

En este sentido, Fernando Beltrán ha explicado que en el recurso presentado el pasado viernes, 18 de septiembre, “sostenemos que dejar sin efecto en Aragón la herramienta prevista en la ley de vivienda tiene unos efectos económicos importantes sobre la subvención a la construcción de vivienda pública en los diferentes ayuntamientos, es un mazazo para mantener políticas de vivienda operativas en nuestra comunidad autónoma”.

A su juicio, “negar directamente a los municipios que lo soliciten la posibilidad de estudiar si realmente esa declaración de zona tensionada tiene sentido ya nos parece una aberración, tanto jurídica como política”. Ha criticado que el Gobierno de Aragón “cercena directamente” la posibilidad de estudiar casos concretos.

De entrada, ha expresado Fernando Beltrán, “este acuerdo que ha publicado el Gobierno de Aragón ha omitido toda referencia a la tramitación que ha realizado y no recoge si ha habido trámite de audiencia, información pública, ni qué criterios o qué pasos administrativos ha dado para tomar en consideración los derechos y los intereses de los afectados”.

Ha defendido que “una norma de este calado” requiere un trámite público para conocer la opinión de los alcaldes de los ayuntamientos que “sufren las consecuencias de las zonas tensionadas”, dado que son los que enfrentan problemas concretos en sus mercados de vivienda y los que ahora se quedan sin posibilidad efectiva de plantear estos procedimientos.

Por estas cuestiones, ha resumido Beltrán, “ya podemos decir que un acto administrativo que se ha dictado al margen de todo procedimiento, que es lo que parece ser, incurre de entrada en un vicio de nulidad de pleno derecho”. No obstante, ha apuntado que será la sala de lo contencioso administrativo la que lo resolverá.

La decisión del Gobierno de Aragón sobre la declaración de zonas tensionadas no se fundamenta en “una motivación sólida, hay falta de objetividad y adecuación al derecho, lo cual supondría también un vicio de anulabilidad del acto”, ha esgrimido, para insistir en el “sesgo ideológico” sobre el que se sustenta esta medida.

La impugnación pone el foco en la fórmula elegida por el Gobierno de Aragón para mantener bloqueadas las solicitudes: el acuerdo establece que no se tramitarán hasta que existan “informes científicos” que contradigan los efectos negativos atribuidos a las zonas tensionadas. Pero no aclara qué debe entenderse por informe científico, quién debe elaborarlo, con qué metodología, qué efectos debe analizar ni cuándo se dará por cumplida esa condición.

El resultado, según el recurso, es que no existe un plazo cierto para levantar la prohibición: una condición que nadie sabe cómo ni cuándo podría satisfacerse, lo que genera una situación de indeterminación incompatible con la seguridad jurídica.

“No resulta congruente fundamentar la decisión en unos supuestos efectos que ha habido en Cataluña y, desde luego, mal estudiados, porque se basan en algún artículo o publicación de personas vinculadas a un centro de investigación y alguna universidad, pero evidentemente la información vertida es rebatible”, ha anotado Beltrán.

En esta línea, ha advertido de que uno de los firmantes del informe en el que el Gobierno de Aragón se basa y que está asociado a la Universitat Rovira i Virgili “tiene unos ejes principales de pensamiento sobre la vivienda que no son neutrales, hace una defensa cerradísima de la propiedad privada, es decir, una política absolutamente neoliberal próxima a lo que podemos tener, por ejemplo, en Estados Unidos y todo el acceso en propiedad no se considera para nada, ni ve claro el modelo ni de lo público ni del alquiler”.

Ha manifestado que “hay evidencias ya consistentes de que la renta media contratada descendió en el entorno a un 3,7% en el conjunto de los municipios declarados como zona tensionada y un 6,4% en Barcelona” y “esto ya es información objetiva del registro de fianzas”, ha subrayado.

“El Gobierno de Aragón ejecuta una autolimitación indebida e incomprensible. No sabemos por qué”, se ha preguntado Beltrán, para agregar que “si en un momento determinado hubiera una recapacitación por su parte y se pudiera tirar de la ley de vivienda para poder declarar determinadas zonas tensionadas veríamos cómo evoluciona el precio de la vivienda”.

Asimismo, ha recalcado que el PP en Galicia sí aplica las zonas tensionadas y “los indicadores están funcionando en la buena dirección”, a pesar de que todavía es pronto para una evaluación completa de esa política pública.

La Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, no establece una declaración automática de zonas tensionadas: exige estudiar las circunstancias de cada territorio y justificar la decisión con datos objetivos.

Entre los supuestos que permiten justificar una declaración figuran que el coste medio de la hipoteca o el alquiler, junto con gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios de los hogares, o que el precio de compra o alquiler haya crecido en los cinco años anteriores al menos tres puntos por encima del IPC autonómico. La declaración habilita medidas como limitaciones de renta en nuevos contratos de alquiler y beneficios fiscales para propietarios.

Para el delegado del Gobierno en Aragón, “se ha desatendido el mandato constitucional a todos los poderes públicos de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho a todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.

Ha cargado contra la apuesta del Ejecutivo autonómico por la construcción: “Es un elemento necesario, pero no el único”. En este punto, Beltrán ha reprobado al Gobierno de Aragón por “fijarse en el modelo de José María Aznar --expresidente del Gobierno de España (PP)-- con la ley del suelo, donde todo fue construcción, construcción, construcción y construcción y desencadenó en un problema nacional relacionado con los costes de la vivienda y las especulaciones”.

El delegado ha acusado al Ejecutivo aragonés de falta de “una estrategia ambiciosa de alquiler asequible” y le ha afeado: “No actúa ni ante las zonas tensionadas ni ante los alquileres abusivos, ni ante el alquiler temporal, ni ante la vivienda turística o la vivienda vacía, no plantea una ampliación suficientemente ambiciosa del parque público de alquiler y, además, permite que las viviendas protegidas pierdan esa calificación con el paso del tiempo”.

“Invitamos a que permitan, por la vía legal, habilitar otro conjunto de instrumentos y herramientas que permitirían, por ejemplo, acogerse a la financiación del Gobierno de España para las comunidades autónomas para nueva vivienda pública construida”, ha sugerido.

Por último, ha concluido que el recurso no pide que se declare automáticamente ninguna zona tensionada en Aragón, sino que cuestiona que el Gobierno autonómico haya decidido que ninguna pueda siquiera ser estudiada, al margen de la evolución del precio de la vivienda o de la situación de cada municipio.