El Gobierno de Aragón reactiva las depuradoras de nunca acabar del Pirineo
El Gobierno de Aragón va a dar un nuevo paso para tratar de solventar el vergonzante retraso que acumula la construcción de las depuradoras del Pirineo, declarada urgente en la primavera de 1993, dentro del primer ‘decretazo’ de los gobiernos de Felipe González con medidas para la reactivación de la economía en plena crisis tras los fastos de 1992, y que siguen sin materializarse cuando ya ha pasado más de un cuarto de siglo desde entonces.
La Consejería de Desarrollo Rural que dirige Joaquín Olona ha reactivado ahora los procesos de expropiación de los terrenos necesarios para construir el grueso de esas instalaciones, sus colectores de aguas residuales y los edificios complementarios.
La decisión, que será ejecutada por la secretaría del Departamento, afecta a las obras incluidas en el acuerdo firmado entre los gobiernos central y autonómico hace más de una década y, también, para las instalaciones de depuracíón de aguas residuales “para las que se concedan subvenciones a los ayuntamientos” en las convocatorias que la comunidad autónoma comenzó a preparar a finales del año pasado.
Ambos grupos de actuaciones han pasado a tener la consideración de prioritarios, algo a lo que, tratándose del tema del que se trata, parece complicado dar un valor mayor que el de una mera declaración de intenciones.
¿Compromiso o declaración de intenciones?
La orden por la que se reactivan los procesos expropiatorios y se ponen en marcha los derivados del segundo bloque narra algunos de los hitos de este despropósito administrativo en el que han participado varias instituciones.
En este sentido, recuerda cómo, ocho años después del ‘decretazo’ que puso en marcha el proyecto de “saneamiento de ríos pirenaicos de alto interés turístico-paisajístico”, el PHN (Plan Hidrológico Nacional) de 2001 incluía en uno de sus anexos “todas las obras de depuración de las aguas residuales de todos los núcleos del Pirineo que no disponen de saneamiento, con independencia de su población”.
Y siete más tarde, en 2008, el Gobierno de Aragón aprobaba el Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés, que las distribuía en cuatro zonas de actuación: las del río Aragón, las del Gállego, las del Cinca y el Ara y, por último, las del Ésera y la margen derecha Noguera Ribagorzana.
Faltaban tres años para que, en abril de 2011, el Consejo de Gobierno activara las expropiaciones necesarias para conseguir los terrenos en los que iban a ubicarse esas instalaciones. Siete después, en 2018, los procedimientos, “que fueron incoados con normalidad y en los que se realizaron los primeros trámites previstos en la legislación”, se vieron “afectados por la paralización sufrida por estos contratos”, que fueron rescindidos entre julio y octubre de ese año.
Hasta 230 millones más barato
Ahora, la orden de retomar los procesos expropiatorios apela al “compromiso del Gobierno de Aragón de ejecutar las obras de depuración de los ríos pirenaicos” mediante dos programas: uno de 74,3 millones de euros para 19 núcleos de más de 1.000 habitantes equivalentes, que ejecutará la propia comunidad “mediante contratos de obra”, y otro consistente en la “convocatorias de subvenciones en los de menor tamaño” cuya previsión suma 46,3 millones y 250 actuaciones.
Esos presupuestos suman 48 millones menos que los realizados en 2001 por el Estado y 232 menos de los que contemplaba el plan aragonés, que incluía depuradoras en pueblos deshabitados o en los que no vive nadie durante varios meses al año.
La primera de esas convocatorias de ayudas para actuaciones de saneamiento, por otro lado, se vio claramente desbordada por las peticiones de los ayuntamientos, que quintuplicaron los recursos del Instituto Aragonés del Agua (IAA) con 124 solicitudes de las que solo pudieron ser atendidas 24. Ocurría algo similar con la cuantía, que se acercaba a los 20 millones de euros cuando los recursos se quedaban en 4,4 para tres ejercicios.
La financiación de la depuración de los ríos pirenaicos siempre ha estado rodeada de zonas de sombra. Principalmente, por el hecho de que los 169 millones de euros que el Ministerio de Medio Ambiente transfirió al Gobierno de Aragón en 2008 para construir esas depuradoras nunca fueron destinados a esos fines.
Eso ha provocado, entre otras consecuencias, que varios municipios hayan sido sancionados por el propio ministerio por no haber comenzado a depurar sus aguas residuales dentro de los plazos establecidos. Y, también, que la UE se esté planteando imponer al Estado español una sanción por su inoperancia en ese campo.
