Los ayuntamientos desbordan el plan de ayuda para depuradoras: cuatro de cada cinco pueblos se quedan fuera
Las necesidades de los ayuntamientos aragoneses en materia de depuración de aguas residuales han desbordado las previsiones de la comunidad autónoma: cuatro de cada cinco solicitudes presentadas al programa de subvenciones para mejorar depuradoras y para construir o reparar colectores se han quedado fuera de la convocatoria lanzada por el Instituto Aragonés del Agua (IAA).
La convocatoria, publicada a mediados del año pasado, incluía una dotación de 4,4 millones de euros a distribuir con cargo a tres anualidades: 2,3 en la de 2018, 100.000 euros en esta y otros dos millones en la próxima.
“Estos importes se hallan condicionados a la existencia de crédito adecuado y suficiente, siendo susceptibles de ampliación si se produjese un incremento de crédito derivado de generación, ampliación o incorporación de crédito”, señalaba la orden, que también recoge que los consistorios pueden pedir el adelanto del 100 % de la cantidad consignada para cada anualidad.
En la práctica, la ausencia de presupuestos para este ejercicio en la comunidad conlleva la congelación de esas previsiones, mientras que el cierre de la ejecución del actual ha obligado a atrasar un año su ejecución, que pasa del periodo 2018-2020 al 2019-2021.
La resolución de la convocatoria ha revelado la escasez de los fondos para cubrir las necesidades de los municipios aragoneses: solo 24 de las 124 peticiones han podido ser atendidas, mientras la cuantía de las peticiones, de 19,8 millones, cuadruplicaba con creces los recursos disponibles.
Concretamente, 91 ayuntamientos y entidades locales presentaron propuestas por valor de 16,9 millones de euros para la línea de depuradoras, de las que han sido aprobadas 16 que suman 3,45 millones, cuyo reparto, en realidad, se retrasará hasta 2021, ya que la partida de este año se queda en 19.999 euros mientras la del próximo sube a 1,39 millones y la del siguiente incluye los 2,03 restantes.
En el caso de los colectores, solo serán atendidas ocho de las 33 peticiones formuladas (una de cada cuatro) mientras la cobertura económica se queda por debajo del tercio, con 884.812 euros de 2,9 millones.
Las conclusiones de la investigación sobre las depuradoras
Por otro lado, las Cortes de Aragón han avalado el plan de depuración de aguas residuales de la comunidad en un descafeinado informe de conclusiones de la comisión de investigación que durante meses ha estado chequeando su desarrollo.
La parte de las conclusiones aprobada por todos los grupos parlamentarios admite que “no se han cumplido” los objetivos que marca la UE en materia de depuración, lo que “conlleva la posibilidad de establecimiento de sanciones para el Estado español que, de producirse, podrían acabar repercutiendo negativamente en la situación económica de la comunidad autónoma y, por ende, de la población aragonesa”.
El dictamen, que no incluye referencias al hecho de que en su planteamiento inicial carecía de la obligatoria evaluación ambiental estratégica y que ese fue el motivo por el que el Banco Europeo de Inversiones se negó a financiarlo (aunque este dato sí aparece en uno de los votos particulares), se limita a explicar que el polémico Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA), que ha disparado el precio del agua de boca en toda la comunidad, “supone una fuente de ingresos con la finalidad de financiar los proyectos destinados al saneamiento y depuración de las aguas”.
Objetivos incumplidos y planes pendientes
El informe da por cumplido el objetivo comunitario, inicialmente marcado para el año 2000, de “depurar con tratamiento secundario las aguas de poblaciones de más de 15.000 habitantes equivalentes”.
Sin embargo, la obligación de depurar en 2005 las aguas residuales de los núcleos de más de 2.000 habitantes supera los trece años de retraso ya que siguen sin entrar en servicio varias de las plantas de la llamada zona diez como las de Calaceite, Cantavieja, Castellote, La Iglesuela del Cid, Maella, Mas de las Matas, Mazaleón, Nonaspe y Valdealgorfa.
Y tampoco se ha cumplido la meta de 2015, que, tras haber ampliado la anterior a los núcleos de más de mil habitantes, consistía en abarcar “todas las aguas residuales urbanas de Aragón” y que fue el origen del Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés (PIDPA).
En la comunidad están operativas hoy 214 depuradoras que tratan “el agua correspondiente a 2,5 millones de habitantes equivalentes de un total calculado para nuestra comunidad Autónoma de algo más de 2,9”. Sin embargo, siguen pendientes 10 de las 131 del segundo objetivo y 277 de las 297 del tercero, ámbito en el que las veinte ejecutadas procesan las aguas residuales de 58 núcleos urbanos.
