El Justicia, tercera autoridad de Aragón, se mantendrá más de mil días en funciones
Ni la vieja ni la nueva política han conseguido desatascar, más bien al contrario, uno de los principales atascos institucionales de Aragón: la designación del sucesor de Fernando García Vicente como Justicia de Aragón, que se encuentra en funciones desde el 17 de septiembre de 2014 y que, en el mejor de los casos, no será relevado antes de mediados de julio.
La elección del Justicia, tercera autoridad de la comunidad -tras los presidentes del Gobierno y de las Cortes y antes del del Tribunal Superior y el Fiscal Superior- y equivalente autonómico del Defensor del Pueblo, una figura medieval actualizada con el primer estatuto de autonomía en los años 80, requiere el apoyo de tres quintas partes de los diputados de las Cortes. Es decir, de 41 de los 67.
Esa mayoría resultó imposible la pasada legislatura ante el veto del PSOE a apoyar al candidato del PP –Julio Arenere, presidente de la Audiencia de Zaragoza e independiente- y los recelos de los conservadores a respaldar a Fernando Zubiri –expresidente del Tribunal Superior y fundador de Jueces para la Democracia-, al que finalmente los socialistas no llegaron a proponer de manera oficial.
Sin capacidad de veto
En la actual legislatura, ningún grupo político posee en solitario capacidad de veto por no disponer de los 27 diputados mínimos para imponer su criterio negativo. Sin embargo, la fragmentación de la Cámara obliga, con diputados de siete partidos distribuidos en seis grupos parlamentarios, a buscar un amplio consenso dificultado por las tormentosas relaciones entre derecha e izquierda y entre las formaciones de este último flanco.
No obstante, el peso institucional de la figura del Justicia hace que los grupos se inclinen por buscar –sin éxito hasta la fecha- un candidato con apoyo cercano a la unanimidad.
A esa dificultad para el consenso se le añade la amplitud del proceso de designación, que incluye un plazo de tres meses para presentar candidaturas al que se añade otro mes para que la Comisión Institucional elabore el dictamen que, posteriormente, la Mesa y la Junta de Portavoces deben elevar al Pleno.
Nunca antes de mediados de junio
Eso supone que, en el mejor de los casos, y salvo que un improbable acuerdo agilice esos trámites, el nuevo Justicia no sería designado antes de finales de julio, cuando ya haya superado el periodo de mil días de interinidad que se cumple el 13 de junio, martes. En cualquier caso, fuentes parlamentarias confirmaron que su renovación no se encuentra entre los temas urgentes para la Cámara y sus grupos.
En los últimos meses han sonado en los mentideros políticos como candidatos a relevar a García Vicente algunos juristas como Carlos Carnicer, expresidente del Consejo General de la Abogacía; Juan Carlos Zapata, que opta a la reelección como presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y Ángel Dolado, impulsor del Foro Judicial Independiente y que acaba de finalizar su segundo mandato como juez decano de Zaragoza.
Ninguna formación política ha manifestado públicamente su apoyo o rechazo a ninguno de ellos en un proceso de designación cuyo inicio es competencia de la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, de Podemos, formación que se inclina por que ocupe el cargo una mujer –por primera vez en 800 años- y que sea elegida por los ciudadanos.
