El negocio de la tala en el Pirineo: descontrol, daños y 9.600 toneladas de madera más de las previstas

Los vecinos del Valle del Guarga, encabezados por la Asociación Guarguera Viva, llevan mucho tiempo denunciando irregularidades en el aprovechamiento forestal de sus montes. La respuesta de las instituciones, en la mayoría de los casos, ha sido la callada. Ahora, tras las reiteradas solicitudes de información realizadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el propio Ejecutivo autonómico plasma esas anomalías en varios informes referidos a dos aprovechamientos (sujetos a sendos pliegos) de 2014 y 2016.

El Valle del Guarga (La Guarguera), al sur de la Comarca del Alto Gállego (Huesca), es una de las zonas más despobladas del Pirineo aragonés. Discurre en torno al río Guarga y sus pueblos pertenecen al término municipal de Sabiñánigo. Las actuaciones en litigio se han llevado a cabo en el Monte de Utilidad Pública 349 “Pardinas de la Margen Izquierda del Río Guarga”, que abarca una superficie de 6.178 hectáreas.

Del Departamento de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón salió el primer informe, fechado el 27 de septiembre de 2017. En él se reconoce que las actuaciones que se produjeron “como consecuencia de la tala” incumplieron “las condiciones de la autorización”. Y que, como consecuencia de los daños causados, “y ante la inacción de la empresa”, se llevaron a cabo reparaciones (primero por valor de 1.917,91 euros y, posteriormente, de 6.664,39) en la A-1604.

Apunta también que la empresa Rus Razvan “es la encargada de la extracción de la madera”, y es quien, en su caso, “debe corregir las afecciones producidas, tanto en el firme de la carretera, señales, etc…”. De hecho, en los puntos 15.1 y 15.2 del pliego de condiciones se especifica que los “daños causados correrán a cargo del adjudicatario”.

El pasado 11 de agosto de 2017, continúa el informe, se inició un procedimiento para reclamar a dicha empresa el pago de los trabajos realizados por un importe de 8.528,30 euros.

En febrero de 2018 está rubricado el informe realizado por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, también del Ejecutivo autonómico. El cual diverge con el elaborado por Vertebración. Afirma este segundo estudio que los daños en el firme “en ningún momento deben ser achacados al rematante, pues los pesos de los camiones no superan los límites establecidos en la legislación”.

Entra en contradicción, incluso, con sí mismo, a tenor de lo declarado a este medio -desde el propio Departamento de Desarrollo Rural- tras pedir información sobre el tema: en este caso, sí aseguran que “es responsabilidad del adjudicatario los daños en las carreteras”. Es, explican, “el responsable único de los daños o perjuicios que se produzcan en otros bienes o infraestructuras que no formen parte del monte y por tanto no estén contempladas en los pliegos”.

Volviendo al informe, y respecto a la pista forestal de Lasaosa a Nocito (que servía como acceso principal al aprovechamiento de 2016), señala que “por tratarse de una pista forestal sin las capas de base y sub-base debidamente compactadas, el paso de camiones de tonelaje de hasta 42 toneladas ha hecho que se produzcan deformaciones en el firme”. Es “inaudito”, afirman desde Guarguera Viva, “que hayan tenido conocimiento y permitido el paso de camiones de hasta 42 toneladas en esta vía de comunicación, cuando en la misma está prohibida la circulación de vehículos con más de 10 toneladas, contando con la consiguiente señalización vial”.

De 4.000 toneladas previstas a 13.651

En el pliego de condiciones de 2016 se prevé la enajenación de 4.000 toneladas de madera (en una superficie de 100 hectáreas). El informe de Desarrollo Rural reconoce que se han extraído 13.651 toneladas.

En respuesta a las preguntas de eldiario.es, señalan en dicho departamento que “se ha extraído mayor cantidad de madera que la estimada en la tasación como resultado de la ejecución de los trabajos y de la realidad del monte”. Al tratarse de un aprovechamiento a liquidación final, explican, “establecido precisamente para aquellos aprovechamientos en los que existe una estimación sobre el resultado final, el adjudicatario deberá proceder a liquidar la cuantía finalmente extraída. Es decir, el rematante pagará por la totalidad de la madera que ha extraído de acuerdo con el precio unitario de la adjudicación”.

Por tanto, dejan claro que “no cabe ninguna multa o sanción al adjudicatario a este respecto, porque en la enajenación ya se prevé que puede haber excesos y la forma de liquidarlos”.

La empresa responsable

En su informe, el Departamento de Vertebración del Territorio señala que Rus Razvan “es la encargada de la extracción de la madera” y, por tanto, a quien se reclama el importe de los trabajos realizados.

La empresa adjudicataria, no obstante, es Explotaciones Forestales Salvador S. L. En declaraciones a este medio, Desarrollo Rural indica que “la extracción del árbol requiere un conjunto de trabajos, apeo, desramado, tronzado, reunión, saca, trituración,… que concluyen con transporte desde el cargadero a la industria de destino”.

Dichos trabajos, sostienen, “fueron ejecutados por la empresa que adquirió el bien, Explotaciones Forestales Salvador S. L., quien como propietaria del mismo, suponemos contrató con la empresa Rus Razvan, el trasporte del madera del monte a su destino industrial”.

“Errores administrativos”

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, compareció, a petición del Grupo Mixto, en las Cortes de Aragón el pasado 5 de junio. Sin que se mencionaran bastantes de los extremos contenidos en los informes, aseguró que se había “cumplido la normativa de aplicación, aunque sí que existen errores administrativos, sin consecuencias relevantes en ninguno de los ámbitos jurídicos, ni medioambientales”.

Expuso que las más de 6.000 hectáreas de este monte “son consecuencia de la repoblación hace 50 años”. En su opinión, es una situación que hay que resolver: “Hay gente que le parece mal que le toquen el monte y se trata de una repoblación con una densidad que hace necesario actuar”. Comentó que “es una actuación puntual”, y que el monte ha sufrido diversos incendios, algo que vinculó a la solicitud de estas actuaciones por parte de los núcleos “para mejorar la evacuación”. Para él, “la superficie no es relevante, porque se realiza por liquidación, es decir, por el tonelaje extraído, que es perfectamente acreditado por la basculas”.

Patricia Luquin, de IU, explicó que les “está costando mucho conseguir información sobre el tema”. De todo lo solicitado, apuntó, “nos cuenta la mitad o no nos contesta absolutamente a nada”. Hay “informes absolutamente contradictorios y son muchas las dudas”, dijo.

Más hectáreas de las autorizadas y ningún control

Aparte de los datos contenidos en los informes, desde Guarguera Viva ponen sobre la mesa otras irregularidades. Apuntan que, tras realizar una medición topográfica, comprueban que se ha actuado sobre 323,50 hectáreas, cuando los pliegos (sumando el de 2014 y el 2016) autorizaban a un total de 180.

Denuncian, de igual modo, que la madera “no se ha marcado, ni ha existido control durante su extracción y transporte: se ha trabajado por las noches, en fines de semana y festivos, tanto en el monte como cargando y transportando la madera”.

Y argumentan también que “parte del aprovechamiento se ha realizado en la margen derecha del río Guarga, fuera de los límites del MUP 349 según el visor de Montes de Utilidad Pública de Aragón del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga).