La regularización de inmigrantes fluye ya bien en Zaragoza tras un inicio marcado por el “boicot” del Ayuntamiento

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, se ha reunido este martes con entidades de acogida y organizaciones incorporadas al registro de entidades colaboradoras del proceso de regularización masiva puesto en marcha en toda España para hacer un balance positivo del proceso. Pero también ha cargado contra la campaña de “bulos” y obstáculos administrativos en Zaragoza de la primera semana del proceso. Entidades sociales que trabajan sobre el terreno han denunciado además un supuesto “boicot” del Ayuntamiento en los primeros días del procedimiento, especialmente en relación con los trámites del padrón y los certificados de vulnerabilidad.

Sobre los bulos generados, Beltrán ha criticado la “imagen distorsionada” generada al inicio de la campaña y niega que el proceso provoque un “efecto llamada”, al recordar que los solicitantes deben acreditar estancia en España desde finales del año pasado y al menos cinco meses de residencia previa.

Scarleth Castillo, miembro de la Asociación Nicaragua Libre y sindicato Osta, también ha puesto el acento en que muchas personas migrantes están llegando a las asociaciones “muy afectadas por el tema de los bulos”. Por ello, ha reclamado la colaboración de los medios de comunicación para transmitir tranquilidad y recuerda que el proceso “va a devolver dignidad” a personas que ya trabajan y viven en España.

Con respecto a la tramitación, Castillo no ha dudado en poner el acento en que el principal problema del arranque de la campaña procedía de la oficina municipal del padrón. “Yo personalmente digo que fue un boicot”, ha afirmado Castillo, al denunciar que el Ayuntamiento exigía inicialmente el certificado histórico del padrón cuando, según las entidades, bastaba con el volante de empadronamiento.

La representante social ha explicado que esta situación ralentizó el inicio del proceso y provocó que muchas personas acudieran a las asociaciones para solicitar certificados de vulnerabilidad que todavía no les facilitaba el consistorio. Aun así, asegura que la situación se ha estabilizado gracias al trabajo de difusión realizado por las entidades y considera que el procedimiento “ha cogido un ritmo muy bueno”.

El inicio del proceso comenzó con un cruce de críticas entre administraciones por las dudas iniciales del procedimiento a seguir, y que llevó al Ayuntamiento de Zaragoza a centralizar todos los trámites en la plaza del Pilar, provocando grandes filas de personas que se apostaban contra los muros del consistorio desde primeras horas de la madrugada. Las propias trabajadoras de los servicios sociales denunciaron la orden por la que se impedía a las juntas de distrito y centros sociales atender a los migrantes. Después, una vez ampliados los puntos de atención y calmada la situación, el tono se elevó al reclamar el Ayuntamiento de Zaragoza colaboración para atender el coste económico de la atención a migrantes. El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, ha rechazado la polémica y la ha calificado de “más artificial que real”.

Beltrán ha reprochado al consistorio que plantee cálculos sobre el gasto derivado de atender a inmigrantes empadronados en la ciudad. “El Ayuntamiento de Zaragoza lo que está haciendo es atender zaragozanos”, ha afirmado, antes de añadir que distinguir “zaragozanos de primera, de segunda o de tercera” es algo que “no le cabe en la cabeza”.

También asegura que no existe ningún mecanismo para compensar mutuamente los gastos entre administraciones y recordó que el Gobierno de España despliega efectivos policiales en grandes eventos de Zaragoza sin reclamar posteriormente costes al consistorio.

Primer balance del proceso

Scarleth Castillo ha relatado que las entidades no solo informan, sino que en muchos casos tramitan directamente las solicitudes y acompañan a personas mayores, con escasos conocimientos digitales o con dificultades idiomáticas. En Aragón participan cerca de 18 entidades en el proceso de regularización, coordinadas además con organizaciones de otros territorios y equipos de abogados especializados para los expedientes más complejos.

Entre las principales dificultades detectadas figuran el acceso a la cita previa y la obtención de documentación desde los países de origen, como Nicaragua, donde la obtención de certificados y antecedentes penales sigue siendo lenta y compleja. Muchas personas mayores o con escasa alfabetización digital dependen de familiares, intermediarios o profesionales para completar el trámite. Por nacionalidades, registran muchas solicitudes de venezolanos, además de marroquíes, hondureños, nicaragüenses y migrantes de África.

Por su parte, Carlos Vela, adjunto territorial de ACCEM en Aragón y Navarra, ha descartado que haya existido un volumen excesivo que haya desbordado a la entidad, además de que ya estaban preparados para asumir la tarea. “No ha sido ningún exceso”, ha reiterado.

Cuando lleguen las resoluciones, se verá si se necesita una revisión exhaustiva, pero recuerda que no todos necesitan certificado de vulnerabilidad, aunque se ponga el foco en este trámite. La entidad ha dado prioridad a los solicitantes de asilo mayoritariamente no necesitan certificado de vulnerabilidad. Tenemos identificados los perfiles y la situación individual de las familias.

En los primeros días ya se han atendido unas 200.000 solicitudes en toda España, sin que existan datos territorializados, aunque el Gobierno admite que todavía no existe una cifra consolidada de expedientes completos.

Fernando Beltrán ha indicado que algunas resoluciones provisionales ya han comenzado a emitirse en otros territorios, aunque en Aragón todavía no se ha comunicado ninguna favorable.

El delegado también ha explicado que el Gobierno ha reforzado el dispositivo de atención mediante oficinas de extranjería, oficinas de Correos y dependencias de la Seguridad Social, con capacidad prevista para hasta 750.000 atenciones, aunque se estima una demanda final de unas 500.000 solicitudes.

Fernando Beltrán ha calificado la iniciativa como “un proceso beneficioso” y ha defendido que permitirá regularizar a unas 500.000 personas que “ya están trabajando y viviendo en el país”. Se trata de personas “asentadas en nuestras poblaciones y territorios” que buscan “tener una vida digna”. Además, ha recordado el impacto económico de la última regularización en España, tras la que cada persona regularizada aportó alrededor de 4.400 euros anuales a las arcas públicas, reforzando la Seguridad Social y el sistema de pensiones. Además, ha vinculado la medida con la lucha contra la explotación laboral. Como ejemplo, citó una reciente operación en Castellón en la que fueron liberadas unas 80 personas pakistaníes, nepalíes y subsaharianas que vivían “en un régimen de esclavitud laboral”.