El Ayuntamiento de Zaragoza estudia emprender acciones legales contra la reapertura de Garoña
El Gobierno de Zaragoza (Zaragoza en Común) ha solicitado un informe a su asesoría jurídica para analizar la posibilidad de ejercer acciones legales contra la posible reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, tras el informe favorable emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear. El cual explica que puede operar hasta 2031.
Según informa EFE, la vicealcaldesa, Luisa Broto, recordó que es una de las centrales más antiguas y vetustas de España (fue construida en los años 70 del siglo pasado). El objetivo del Ejecutivo municipal, explica, es “defender los derechos de la ciudadanía”, no solo de la capital aragonesa, sino de todas las poblaciones de la cuenca del Ebro que pudieran verse afectadas.
Con cualquier pérdida radioactiva, “Zaragoza se vería directamente afectada, además de que hay muchas comunidades autónomas que también lo estarían”, afirma la vicealcaldesa que cree que Zaragoza no puede quedarse ajena ante el posible riesgo de contaminación de aguas y residuos.
Moción
Mientras se estudia la posibilidad de acudir a los tribunales, lo que sí ha hecho ya el Grupo Municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento es registrar una moción para debatir en el próximo Pleno sobre la posible reapertura. El portavoz, Pablo Muñoz, no tiene ninguna duda que el Consistorio zaragozano, en la que sería la cuarta vez desde el cierre de la central en 2009, “se manifestará rotundamente contra dicha reapertura, en contra de la energía nuclear y a favor de las energías renovables, aún con el voto en contra del Partido Popular como ha pasado en otras ocasiones”.
Muñoz ha alertado del peligro para la seguridad de las personas y el medioambiente que puede tener la reapertura “de una central igual a la de Fukushima”; pudiendo afectar, dice, a todas las ciudades de la cuenca, Zaragoza entre ellas: “Por su ubicación, el estado y mantenimiento de esta central, afecta a todas las poblaciones, ecosistemas y hectáreas de huerta productiva de la Ribera del Ebro
Una de las cuestiones más preocupantes, a juicio de Muñoz, es el “precedente que se abre y que puede dar lugar, no solo a la reapertura de Garoña, sino a peligrosas prórrogas a las centrales de Almaraz, Cofrentes y, con mayor riesgo para Zaragoza y Aragón por su cercanía, Ascó y Vandellós”.
“Los intereses de las grandes compañías que componen el oligopolio eléctrico no pueden anteponerse a la salud de las personas y al medioambiente y mucho nos tememos que el Gobierno de Rajoy apuesta por las primeras”, apunta Pablo Muñoz.
