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PP y PSOE piden el derribo de Averly en el Consistorio y destacan su valor histórico en las Cortes

Los dueños reclamaron en las Cortes que autoricen el derribo de la zona no protegida.

Eduardo Bayona

Zaragoza —

La solución al conflicto creado sobre el futuro de la antigua fundición Averly es cosa de dinero, aunque no se sabe de cuánto, y cuestión de sensibilidad, combinación que, por la concentración de intereses que confluyen sobre el recinto, está provocando un intenso debate político que no tiene visos de quedar resuelto a corto plazo. Al menos, no antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) dictamine, en un asunto que está visto para sentencia desde el 17 de julio, si la protección del 32 % de la finca que decretó el ejecutivo PP-PAR es o no suficiente para preservarlo en términos de interés histórico y arquitectónico.

Mientras tanto, y entre otras cosas porque la tasación de la solución depende de esa sentencia, nadie con poder mueve ficha en lo que parece una tempestad que precede a la calma y en la que se están sucediendo las resoluciones y los posicionamientos políticos contradictorios.

Averly, un recinto modernista construido en 1863 en las afueras de Zaragoza, se encuentra hoy en el número 59 del paseo María Agustín, dentro del triángulo de focos culturales que forman La Aljafería, el museo Pablo Serrano y el Caixafórum. Techos derruidos, árboles agonizantes y muros que se tambalean conviven en un enclave de indudable valor histórico y arquitectónico –es el principal vestigio de la época fabril en la ciudad- que en 2013, tres años después de cerrar la fábrica, fue comprado por la inmobiliaria Brial, que proyecta construir allí 200 viviendas.

La fundición modernista vuelve al eje del debate político

Mientras el TSJA se pronuncia sobre la procedencia de proteger la totalidad del recinto, en un pleito en el que consideró adecuado prohibir cualquier actuación sobre el conjunto pero no lo hizo porque el solicitante –la asociación Apudepa- no puso el millón de euros que le exigía como caución, Averly ha vuelto a convertirse en uno de los ejes del debate político.

Hace unos días, PP, PSOE y Ciudadanos (enlace) aprobaban en el Ayuntamiento de Zaragoza una moción que insta al equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) a “tramitar de manera inmediata en los órganos que corresponda la licencia de derribo del proyecto urbanístico de Averly”, posibilidad que rechazaba el concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, partidario de negociar con Brial el traslado de la edificabilidad a otra zona de la ciudad mediante una permuta.

Esa resolución choca con otra aprobada solo cuatro días antes por las Cortes, que, con el apoyo de PP, PSOE, Podemos, PAR, CHA e IU, y la única abstención de C’s, reconocía “el importante valor histórico, cultural y patrimonial de la factoría”, instaba a la Comunidad a “velar por el efectivo cumplimiento” de “la protección de los elementos e inmuebles que hoy forman parte del patrimonio cultural aragonés” y trasladaba al Consistorio de la capital aragonesa “la necesidad de que avance en la resolución de la situación, en pro de la inmediata puesta en valor de ese céntrico espacio”.

Las Cortes debatirán de nuevo el tema

Sin embargo, el acuerdo duró poco. Las Cortes deberán debatir de nuevo el tema dentro de unas semanas, al presentar el PAR una proposición de resolución en la que aboga por “avanzar en la propuesta de museo de la industria de Aragón”, que plantean la Fundación Basilio Paraíso, la Confederación de Empresarios de Zaragoza y los propietarios y, al mismo tiempo, reclama que el Gobierno de Aragón plantee, “en coordinación con el Ayuntamiento de Zaragoza”, un plan “concreto a medio plazo con compromisos presupuestarios y temporales” para actuar en Averly.

El dueño de la inmobiliaria, Carlos Briceño, sostuvo hace unos días en la Comisión de Comparecencias de las Cortes que “Brial comenzó a salvar Averly” con la compra, que permitió a sus dueños levantar los 36 embargos que pesaban sobre la finca y rescatar el archivo. No obstante, añadió, “en 2013 se cambiaron las normas” con la catalogación, medida que calificó de “vulneración de derechos”.

Su proyecto, sostiene, “permitiría conservar los espacios protegidos, impulsar un plan cultural y revitalizar para Zaragoza un espacio” con el museo, salas de exposiciones y conferencias y una zona para entidades. “Al ciudadano no le costaría un euro” porque se pagaría con el desarrollo urbanístico, sostuvo, mientras valoraba en 30 millones de euros la inversión pública necesaria y calificaba de “canto de sirena” la eventual protección de todo el recinto.

“Brial no pide reconocimiento sino que le dejen salvar Averly”

“Brial no pide reconocimiento, solo que le dejen trabajar y seguir salvando Averly”, concluyó, tras señalar el bloqueo del proyecto como una de las causas de la crisis de la inmobiliaria, que incluyó hace unos años un ERE con 30 despidos.

Todos los grupos parlamentarios coincidieron en sus intervenciones, aunque con tonos contrapuestos, en la necesidad de indemnizar a la inmobiliaria por el lucro cesante y en abogar por una negociación que resuelva el conflicto.

“Hay que fijar qué quieren ustedes, qué vale eso y qué cuesta mantener el recinto”, señaló Gregorio Briz (CHA), partidario de la protección total. “Si quieren salvar Averly es muy sencillo: compren el terreno; 30 millones aproximadamente y es suyo”, indicó desde la posición contraria Joaquín Sansó, de C’s. “Brial sabía lo que compró” y asumió “un riesgo empresarial”, terció Nacho Escartín (Podemos).

La indemnización dependerá del grado de protección que fije el TSJA

El Gobierno, mientras tanto, temporiza su intervención. “El conflicto es el resultado de distintos intereses”, dijo Darío Villagrasa (PSOE), que anotó que la Consejería de Cultura deberá pronunciarse tras la sentencia, ya sea para materializar la protección total o para vigilar la ejecución del proyecto inmobiliario.

En cualquier caso, tanto la valoración de una eventual expropiación como las condiciones económicas de una permuta para trasladar la edificabilidad a otra zona dependen de esa sentencia, que, obviamente, determinará los límites de la actuación inmobiliaria y, en consecuencia, si Brial está o no ante un horizonte de lucro cesante.

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