Nueces, ruidos, indecisiones

Las primeras semanas del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez están siendo agitadas. Mucho más de lo que en el propio Ejecutivo se temía. Errores de gestión y/o de comunicación -el último, la polémica por la cita en un avión en tránsito en Barajas del ministro José Luis Ábalos con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez- han casi sepultado ante la opinión pública tres logros relevantes y tempranos del Gobierno, tres nueces que deberían haber hecho bastante más ruido que los errores: la actualización de las pensiones, la subida salarial a los funcionarios y la subida del SMI previo acuerdo con todos los agentes sociales: patronal y sindicatos.

Sánchez se ha puesto para los primeros meses dos tareas especiales, ambas relacionadas entre sí. La aprobación de los Presupuestos y la estabilización y encauzamiento del problema catalán. De ambas cuestiones depende en gran medida la estabilidad del Gobierno y la duración de la legislatura.

Los Presupuestos se quieren tener antes de finales de verano próximo. La mesa de diálogo con el Govern catalán, encauzada y avanzando si es posible antes de esas fechas. Las recientes novedades en este último asunto, con Quim Torra perdiendo la condición de diputado catalán, pueden acelerar las cosas en el conflicto, pero aún está por ver si para bien o para mal, hacia la solución o hacia la cronificación o incluso el agravamiento.

El caso Torra ha puesto aún más en evidencia las diferencias entre los dos polos del soberanismo, el de Carles Puigdemont, Torra y Junts per Catalunya por un lado y el de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) por el otro. Esta semana, Cataluña parece más cerca de unas elecciones autonómicas, tras la falta de apoyos parlamentarios al Presupuesto y el bloqueo del Parlament. Las elecciones sería una lotería, dado lo volátil que está la opinión pública. Si el mapa que salga de esos comicios se parece al que dibujan las últimas encuestas, con ERC como nueva fuerza hegemónica y una posibilidad de tripartito entre los republicanos, PSC y En Común Podem, la negociación entre el Gobierno central y el Govern catalán tendrá muchas posibilidades de lograr avances significativos. Pero si ERC paga su diálogo con el PSOE y con el Gobierno y las encuestas se equivocan y la formación de Puigdemont, como pasó en 2017, sigue siendo la dominante entre las del independentismo, la senda de solución del problema catalán probablemente se hará más empinada y difícil.

Hace apenas una semana, el Gobierno había dado un paso importante de cara a encaminar las cosas en la mesa con el Govern: el reconocimiento público de que estudia una reforma legislativa, del Código Penal, que rebaje las penas por el delito de sedición. Pero el paso se ha dado de manera casi vergonzante, desvinculando oficialmente la reforma de la negociación con el Govern. Mal asunto cuando uno se atreve desde el poder a plantear una vía de resolución de un conflicto, arriesgada pero legítima, pero no se atreve a llamar a las cosas por su nombre, a explicarlas a la opinión pública y a plantear en público a la otra parte que dé también pasos valientes hacia la resolución del conflicto. Por ejemplo, que renuncie de modo expreso y definitivo a la vía uniliateral y al “lo volveremos a hacer”.

La idea de reformar el Código Penal como parte del plan para encontrar una salida al conflicto catalán ni es nueva ni ha sido improvisada. Se barajó hace ya quince meses en ámbitos jurídicos -sí, jurídicos- y políticos, entonces referida al más grave delito de rebelión -pues se creía que los líderes independentistas procesados serían condenados por él- y se recogió en estas mismas Crónicas con detalles incluso sobre cómo quedaría el Código Penal una vez reformado. Se volvió a desempolvar la idea inmediatamente después de la sentencia del procés, en octubre pasado, y también se recogió aquí. Sorprende que ahora el Gobierno que ha tenido el coraje de empezar a plantearlo del todo, no sólo de un modo teórico, disimule y lo cuente de modo vacilante e indeciso, como si se avergonzara de ello.

Se sabía que la iniciativa sería polémica y controvertida, y contestada incluso dentro de las filas del PSOE, pero se sabía y se sabe también que esta es una baza legal y legítima, y que tiene la virtud, además, de que no la juega solo el Gobierno -como sí la jugaría él solo si concediera un indulto-, pues se hace partícipe de ella a toda la sociedad española ya que la reforma no pasaría solo por el poder Ejecutivo sino que lo haría sobre todo, para modularse y concretarse, por el Legislativo, por el pleno del Congreso de los Diputados, máxima representación de la soberanía popular.

Los líderes del procés procesados delinquieron, según ha quedado acreditado por el Tribunal Supremo. Los jueces ya cumplieron su tarea. Con una reforma del Código Penal que rebaje las penas por sedición ni se les indulta ni se les amnistía ni mucho menos se les incentiva para que vuelvan a delinquir. Simplemente, los políticos cumplen la suya: se acomodan por el legislador los tipos penales al principio de proporcionalidad... y se le da una oportunidad de salida al mayor conflicto reciente de nuestra democracia devolviéndolo de la justicia a la política.