Asturias rechaza el plan del PP para reforzar la transparencia en la contratación pública

El Partido Popular no ha logrado sacar adelante este miércoles en el pleno de la Junta General su propuesta para incluir nuevas normas en los procesos de selección de personal de la administración autonómica en aras de la “transparencia”, pero si consiguieron lo apoyos necesarios para instar al Gobierno central a reformar el Estatuto Básico de los municipios de menos población.

La iniciativa popular ha contado con el respaldo de Vox, que ha introducido una enmienda al texto, y del diputado de Foro, Adrián Pumares, mientras que los diputados del PSOE, Convocatoria por Asturies-IU y Covadonga Tomé la han rechazado.

Selección de personal

La proposición reclamaba que en todos los procesos de selección de personal de la Administración del Principado y su sector público y en empresas y organismos que reciban subvenciones públicas para gastos de personal, se publiquen sus bases en el Boletín Oficial de Asturias, en el Portal de Transparencia, en la página web Trabajastur y en los portales web de las entidades en las que se desarrollan esos procesos.

La propuesta planteaba, además, fijar un plazo mínimo de veinte días hábiles para la presentación de ofertas, estableciendo que la presentación de las candidaturas y su documentación se hará a través del registro oficial del Principado o del portal de este y no solo a través de un correo electrónico.

Exigencias

Además, proponía que para cada puesto se estableciesen las exigencias formativas o prácticas necesarias para su desempeño, “siempre con la debida justificación técnica, con el objeto de salvaguardar y proteger la participación, la libre concurrencia y los principios de mérito y capacidad”.

El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons ha defendido esta iniciativa tras criticar el proceso de selección y contratación de Graciela Blanco como directora del nuevo Centro de Innovación Territorial.

Despoblamiento

La diputada responsable de Medio Rural y Reto Demográfico del Partido Popular de Asturias, Cristina Vega, fue la responsable de defender una proposición no de ley para instar al Gobierno de Asturias a exigir al Ejecutivo central la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local con el fin de crear un Estatuto Básico de los municipios de menor población, “una norma que permita a los concejos pequeños contar con un marco jurídico propio, más ágil y adaptado a su realidad”. La propuesta ha obtenido el apoyo de todos los grupos políticos con representación en la Cámara.

“El 63 % de los concejos asturianos tienen menos de 5.000 habitantes. Muchos han perdido población en la última década y algunos pueblos han quedado ya sin vecinos. Son las alas de Asturias, el Oriente y el Occidente, las más castigadas por esta sangría demográfica”, señaló Vega, quien advirtió de que la desaparición de los pueblos “no solo significa perder población, sino abandonar el territorio, multiplicar el riesgo de incendios y afectar también a la vida en nuestras ciudades”.

 Mínimos recursos

La parlamentaria popular subrayó las dificultades que enfrentan los ayuntamientos más pequeños, con plantillas mínimas y presupuestos muy limitados, que sin embargo están sometidos a las mismas exigencias administrativas que una gran ciudad.

“Un concejo de 400 habitantes que necesita reparar una pista o el tejado del colegio tiene que cumplir los mismos pliegos que Oviedo o Gijón para una obra millonaria. Se asfixia a los pueblos con burocracia mientras en las grandes obras de emergencia el control parece más laxo”, denunció. De hecho, Vega recordó ejemplos recientes como el del puente de La Barrosa, donde “dos puentes gemelos costaron 400.000 euros y 2,5 millones respectivamente: una diferencia de 2,1 millones de euros que nadie ha explicado”. “Mientras a los pequeños se les pide un máster en burocracia, otros juegan al bingo con el dinero público”, ironizó.