Las leyes del Principado deberán tener en cuenta criterios de despoblación para garantizar la “cohesión territorial”.

Todas las leyes, decretos y planes estratégicos que tramite la Administración asturiana deberán incluir un informe que analice su impacto demográfico con el objetivo de garantizar la “cohesión territorial”.

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa) ha publicado este miércoles las instrucciones que regulan la elaboración de estos informes, que serán obligatorios a partir de este jueves.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico, el objetivo pasa por garantizar que “ninguna norma agrave las desigualdades entre territorios”, sino que “contribuya a frenar la pérdida de población y fortalezca la cohesión territorial”.

Esta nueva herramienta, de carácter obligatorio, permitirá detectar “desde el primer momento” si una norma afecta de forma diferente a los concejos con problemas de despoblación, envejecimiento o pérdida de servicios.

Los propios órganos que promuevan la norma deberán elaborar también los informes de impacto, siguiendo un modelo común que evalúa el contexto demográfico, su alineación con la estrategia autonómica frente a la despoblación y la previsible repercusión de las medidas. Además, se clasificará esa incidencia como positiva, negativa o neutra, y se propondrán mejoras cuando sea necesario.

La metodología se basa en el marco legal que constituyen la Ley de Impulso Demográfico y el decreto de zonificación aprobado este año, que identifica los concejos con especiales dificultades y establece un indicador sintético de estado demográfico.

El director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, ha señalado que “ninguna norma ni plan podrá elaborarse sin tener en cuenta cómo afecta a las personas que viven en los concejos más afectados por la despoblación”.

“Es una medida que fortalece la justicia territorial y que refuerza nuestro compromiso con un futuro sostenible para toda Asturias, se resida donde se resida”, ha indicado al respecto.