La huelga indefinida de los letrados en Asturias: más de 4.500 actos procesales suspendidos y 3,5 millones inmovilizados

El comité de huelga de los letrados judiciales se reúne este miércoles en Madrid con los representantes del Ministerio de Justicia para tratar de desbloquear la huelga indefinida que mantienen desde hace nueve semanas y que ha provocado ya en Asturias la suspensión de 4.500 juicios y actos procesales y la inmovilización en las cuentas judiciales de más de 3,5 millones de euros.

Estrella Hormazábal, delegada en Asturias del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), reconoce que estos dos meses de huelga han ocasionado ya “un gran colapso” en los órganos judiciales de la región, ya que a las suspensiones de los juicios y actos procesales se suma “el gigantesco atasco” de demandas y escritos que no se están iniciando, ni tramitando.

Según el balance provisional que maneja Hormazábal, hasta el pasado lunes había contabilizadas 5.200 diligencias sin practicar por los órganos judiciales y los Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos y más de 5.400 demandas y 10.700 escritos sin tramitar; unas cifras que se prevé que seguirán incrementando si no hay algún avance en las negociaciones.

Además, los antiguos secretarios judiciales han acordado no realizar nuevos señalamientos de actuaciones judiciales, por lo que únicamente se están estableciendo las fechas para las causas de asuntos urgentes o que entran en los servicios mínimos; una decisión que están dispuestos a mantener “hasta que la huelga no finalice en la mayoría de los juzgados”.

Una reunión “crucial” para retomar las negociaciones

De los 4.300 letrados que forman parte del colectivo en España, más de un centenar trabaja en Asturias y en estas nueve semanas las protestas en el Principado han sido secundadas por alrededor del 65% de los profesionales.

De los 103 letrados judiciales que estaban convocados ayer a la jornada de paro, se sumaron a la huelga un total de 56 personas, de las que 26 estaban adscritas a los servicios mínimos, otros 8 estaban de baja, uno de permiso y otros 28 acudieron a sus puestos de trabajo.

La delegada del Colegio Nacional de LAJ asegura que la reunión que las partes celebran hoy en Madrid es “crucial” al retomarse las negociaciones con el Ministerio de Justicia y a las que se han incorporado los representantes del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

La huelga arrancó el pasado 24 de enero en todo el territorio nacional convocada por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ).

Las reivindicaciones de los letrados judiciales

En su listado reivindicativo destaca la exigencia al Ministerio de Justicia del cumplimiento de los acuerdos alcanzados, en abril de 2022, en materia laboral y salarial para que sus retribuciones estén acordes a las nuevas funciones que se les han ido atribuyendo tras sucesivas reformas legales, en los años 2009 y 2015.

Entre otras funciones, los antiguos secretarios son los encargados de organizar el funcionamiento del juzgado, de comunicar las sentencias y de todos los cobros judiciales de multas y ejecuciones, así como los impulsores del procedimiento y los fedatarios públicos.

En estas nueve semanas, el colectivo se ha movilizado con la realización de concentraciones de protesta ante las principales sedes judiciales de Oviedo y Gijón exhibiendo pancartas donde reclamaban “negociación colectiva propia” y bajo el lema “por dignidad, por justicia, por igualdad”.

La petición de los decanatos de la Abogacía Española

Por otra parte, el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española llegó a reunirse con carácter de urgencia y, a través de un comunicado, solicitó el desbloqueo del conflicto ante “los graves perjuicios que está produciendo en el derecho a la tutela judicial efectiva de toda la ciudadanía”.

En este escrito, los decanos de los 83 Colegios de la Abogacía y el resto de los miembros del Pleno del Consejo General de la Abogacía exigían a las partes en conflicto que intensificasen al máximo el proceso de negociación para alcanzar un acuerdo de forma inmediata, que “permita reactivar con la mayor celeridad un servicio público esencial para la ciudadanía”.