Facua denuncia ante Kontsumobide a las 6 aerolíneas de IAG por no tener teléfonos gratuitos de atención al consumidor

BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado ante Kontsumobide a las seis aerolíneas del grupo IAG (Iberia, British Airways, Aer Lingus, Vueling, Level y Air Europa) por negarse a sustituir sus líneas de atención a los consumidores por otras gratuitas, pese a que desde finales de diciembre estén obligadas a ello.

En un comunicado, ha explicado que las denuncias también se han remitido a la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo y al resto de autoridades de protección al consumidor autonómicas.

Como consecuencia de las reivindicaciones planteadas por FACUA desde el inicio de la legislatura al ministro de Consumo, Alberto Garzón, el Gobierno aprobó el mes pasado un cambio legal que supondrá el fin de las “carísimas” líneas 902 y 901 de atención al cliente. Desde el 23 de diciembre las empresas que prestan servicios básicos de interés general -como las empresas de transporte- deben ofrecer líneas gratuitas. El resto, numeraciones móviles o fijas con prefijo geográfico.

Sin embargo, Facua ha denunciado que Iberia aún mantiene el teléfono 901 111 500, Level la línea 901 810 600 y Vueling el 902 808 005. Por su parte, British Airways, Aer Lingus y Air Europa disponen de líneas de prefijo geográfico, que tampoco resultan gratuitas.

Vueling fue la primera empresa denunciada por Facua en 2021, por no haber sustituido su línea 902 por una gratuita tras el cambio legal aprobado por el Gobierno. Tras la denuncia, la compañía muestra un teléfono con prefijo geográfico junto al 902. Con ello, según ha denunciado, sigue “incumpliendo la ley”, ya que las empresas de transportes están obligadas a facilitar una línea gratuita.

Además, también ha denunciado a Air Europa, que acaba de ser comprada por Iberia, ya que la aerolínea sigue manteniendo un teléfono con prefijo geográfico para su servicio de atención al cliente.

La asociación ha denunciado a las seis aerolíneas ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo y las autoridades de protección al consumidor de las 17 comunidades autónomas. Según ha recodado, todas las administraciones de consumo autonómicas tienen competencias para imponer sanciones económicas a las compañías por la irregularidad denunciada.