¡Buenos días!
Ha tenido que llegar el año electoral para que la vivienda se coloque por fin como una de las prioridades de los políticos. De hecho, se ha convertido en el primer gran debate del ciclo electoral. El PP ya ha lanzado su órdago ideológico con la frase “intervencionismo o libertad”, que tanto recuerda a los años del desastre de la burbuja financiera, mientras que el Gobierno de coalición ha puesto en marcha en 10 días lo que no ha hecho en años (o sí, porque hay dudas de que algunas de las miles viviendas anunciadas pertenezcan a planes presentados con anterioridad).
La situación del mercado inmobiliario llevaba años en una situación difícil, pero se había complicado aún más para los ciudadanos por la subida del alquiler y la presión de las hipotecas por el incremento de los tipos de interés para luchar contra la inflación. Aquí tienes una radiografía de la situación de la vivienda en España.
Tras más de un año convertida en fuente de tensión y división del Gobierno de coalición, la presión electoral empujó a PSOE y Unidas Podemos a sellar un acuerdo con Bildu y ERC para que la Ley estatal de la Vivienda salga adelante. Estas son las claves de la norma: tope del 3% al alquiler en 2024, un futuro índice de precios que limitará las subida y cinco inmuebles para ser gran tenedor. ¿Por qué se ha tardado tanto en alcanzar el acuerdo para aprobar la Ley?
Sería por el retraso de la nueva norma o por el influjo de las expectativas electorales, pocos días después el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba cambios en la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb, como una posible solución al problema del alquiler en España: los activos tóxicos del ladrillo improductivo de las entidades financieras rescatadas pasarían a formar parte de la oferta de vivienda en alquiler asequible. Aquí te contamos los planes de la Sareb y aquí tienes un mapa de la ubicación de las 46.000 viviendas del 'banco malo'. ¿Se podía haber hecho antes?
Pero no se vayan todavía, que aún hay más. Pedro Sánchez, otra vez, anunció este miércoles en el Congreso que el Gobierno financiará otras 43.000 viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles para facilitar su acceso a familias y jóvenes. El objetivo es “convertir la vivienda en el quinto pilar del estado del bienestar”. ¿Por qué no fue un pilar antes? Nadie lo sabe, pero de repente en el horizonte de los españoles han aparecido casi 100.000 inmuebles. ¿Podrían ser las 100.000 viviendas que ya anunció José Luis Ábalos cuando fue ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana?
Por cierto, hay que recordar que la vivienda es una competencia autonómica. En los gobiernos autonómicos de todo signo, la política de vivienda ha sido un erial durante los últimos años. La construcción de vivienda de protección oficial se ha despeñado desde los años de la burbuja -en 2009 más de 67.000 viviendas se calificaron como inmuebles protegidos- mientras que en 2022 no superaron las 9.300. Aquí lo puedes leer.
Ante la avalancha de viviendas que ha presentado el Gobierno, el PP se ha quedado un tanto desnortado. A toda velocidad han tratado de definir un plan de vivienda basado en lo de siempre: libre mercado y rebaja de impuestos, como si las recetas que inflaron la burbuja que provocó la gran crisis financiera no nos hubiera enseñado nada. De hecho, uno de los puntos es que el suelo destinado a equipamiento público dotacional que no se haya construido se dedique a vivienda. Eso sí, en construcción de vivienda social al PP ni está ni se le espera: no tiene objetivos. Aquí tienes una comparativa entre los planes de vivienda del Gobierno y del Partido Popular.
España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello
Lo que realmente quiere decir el presidente de Ferrovial es que no renuncian a los millones de negocios que puedan sacar de nuestro país, pero la sede de la compañía se la llevan a Holanda. La Junta General de accionistas donde se votó el traslado fue un esperpento más del capitalismo patrio, con la intervención de un accionista que ocultó sus vínculos familiares con Del Pino o unos supuestos representantes de asociaciones extranjeras de accionistas que nadie sabía de dónde salían ni a quién representaban.
En este sentido, habría que calificar de desvergüenza el papel de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), que desde los inicios se posicionó a favor de la mudanza de Ferrovial a Holanda. Esta supuesta asociación sin ánimo de lucro fue creada por Javier Cremades, que es secretario general de Aemec y fundador del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo. Sin complejos, el vicepresidente del bufete y miembro de Aemec, José F. Estévez, en una entrevista en ABC, admite que Ferrovial ha contratado al despacho para asesorarle en asuntos jurídicos en esta operación. ¿Cómo no iba a respaldar la Aemec la salida de Ferrovial a Holanda? La minuta del bufete va en ello. Capitalismo de amiguetes.
El directivo de una empresa me contó que el propio Rafael del Pino hace ya años le confesó su idea de sacar a la compañía de España. No era por razones fiscales ni de cotización, el único argumento es que en los mercados internacionales la nacionalidad española no tiene tanto peso desde el punto de vista empresarial como la británica, la estadounidense o la holandesa. Ya se sabe, la patria es lo primero salvo que afecte al bolsillo. Esa búsqueda de la eficiencia tiene matices en España, en nuestro país Rafael del Pino colocó a uno de sus hijos como presidente de la futura filial.
Para rematar la semana aciaga en Ferrovial, la compañía ha tenido que despedir al presidente ejecutivo y al vicepresidente de su filial polaca FBserwis, los dos principales directivos detenidos en febrero por su presunta participación en lo que la Agencia Central contra la Corrupción (CBA) ha bautizado como “el escándalo de la basura”: una trama de supuestas mordidas, blanqueo de capitales y facturas falsas para ocultar sobornos en la adjudicación de contratos de 128 millones de euros para la recogida de residuos del Ayuntamiento de Varsovia. Aquí te lo contamos.
Y es que competir es difícil. Que se lo digan a las patronales de la construcción, que esta semana le han pedido al Gobierno que limite el uso de medios públicos para que sus empresas no pierdan negocio. Aunque en 2022 la licitación de obra pública creció un 27,9%, hasta los 30.074,07 millones de euros, parece que no es suficiente. Las constructoras no quieren a empresas públicas haciendo obras, eso sí, el dinero público lo quieren todo para ellas y han pedido más fondos europeos. En esta información tienes más detalles.
Es el grupo de empresas de siempre al que solo les ha importado su bolsillo y nunca se han preocupado por la situación de los ciudadanos españoles, que afortunadamente cada vez estamos más cerca de los del resto de Europa...
En efecto, como se aprecia en el gráfico, España ha reforzado la inversión en su estado del bienestar en los últimos años y su gasto público se acerca a la media de la Unión Europea. Es uno de los resultados de un reciente estudio del think tank Fedea: destaca el alza de la inversión pública en pensiones, con el mayor aumento de los países de la UE. También sobresale el mayor gasto público en educación, con el segundo mayor incremento entre los 27 países europeos, además del empuje del dinero dedicado a sanidad. El importante incremento de las partidas para el “resto de protección social”(pobreza, apoyo a la familia y la vivienda, entre otras) ha permitido que crezca en España el doble que en la UE, pero se mantiene por debajo de los niveles medios. Aquí puedes leer más detalles sobre el estudio.
El informe de Fedea alerta de que España también se sitúa entre los Estados europeos con más deuda pública, por lo que urge a abordar una reforma fiscal que aumente “estructuralmente la recaudación”. Están cambiado las percepciones en el mundo económico sobre cómo reducir la deuda...
15 años
Es el tiempo que ha tardado el Fondo Monetario Internacional (FMI) en reconocer que las políticas de austeridad que se adoptaron durante la anterior crisis financiera no tienen los efectos deseados sobre el endeudamiento. En su último informe sobre la coyuntura mundial, el FMI señala que si no hay un escenario de expansión económica, “la consolidación fiscal tiende a desacelerar el crecimiento del PIB, con lo que [la austeridad] de media tiene efectos insignificantes sobre el endeudamiento”. El razonamiento del organismo multilateral llega en un momento importante, cuando en la Unión Europea se tiene que debatir cómo y en qué medida se vuelve a la reglas fiscales, es decir, a los límites de déficit y deuda pública, que quedaron suspendidos temporalmente por la pandemia de Covid. En esta información te lo explicamos.
Esto es lo que ha cambiado el coste de la vida en el último año...
| Alimentos básicos | +9,4%↑ |
|---|---|
 Patatas |
+20%↑ |
 Arroz |
+18%↑ |  Leche |
+13%↑ |
 Frutas |
+9%↑ |
| Otros alimentos | +11,1%↑ |
|---|---|
 Aceite de oliva |
+67%↑ |
 Carne |
+8%↑ |
| Yogur |
+8%↑ |
 Pescado |
+7%↑ |
| Facturas | -13,7%↓ |
|---|---|
 Internet y móvil |
2,5%↑ |
 Alquiler de vivienda |
+2%↑ |
 Gas |
-23%↓ |
 Electricidad |
-38%↓ |
Hablando de economías expansivas, es una realidad que la economía española está funcionando por encima de las expectativas, pero una nueva crisis puede complicar el futuro: la sequía. Aunque en marzo se confirmó que la inflación comienza a normalizarse, con un incremento 3,3%, los alimentos despegaron un 16,5%, entre otras cosas, debido al impacto de la falta de lluvia en las cosechas. La cesta de la compra no da tregua y tiene un peso directo en las economías de las familias: verduras y legumbres han subido más de un 18% desde enero. La situación es grave y ha provocado que el Gobierno pase a decir que los precios alimentos bajarán a que se contendrán. En este reportaje te explicamos la situación.
Una solución puede pasar por el Observatorio de Márgenes Empresariales, cuya creación anunció la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la semana pasada. El organismo le servirá al Gobierno para tomar medidas “efectivas” de política económica y conocer mejor la distribución de las rentas, que de momento, parece inclinarse claramente a favor de las empresas. De hecho, el servicio de estudios de Funcas ha alertado de que el crecimiento de los márgenes empresariales acabará dañando la economía si no conlleva más inversión.
Un alcalde que tiene una empresa que es accionista de otras dos compañías en Luxemburgo que manejan inmobiliarias en el municipio que regenta. Esta es la situación del alcalde del PP de Estepona, José María García Urbano. En 'Bien público', la sección de este boletín donde aparecen los artículos de investigación y las informaciones más elaboradas, os traemos la vida y milagros de este regidor con un historial complejo. El político del PP fue socio de un condenado en la Operación Malaya prófugo de la Justicia, Juan Hoffman, y vendió locales a mitad de precio a un constructor local del que también fue socio, Bonifacio Solís, en una operación sobre la que la Fiscalía ha requerido documentación. Según el Ayuntamiento, García Urbano es “albacea” en esas sociedades, voluntad testamentaria de un fallecido que era residente en el extranjero. Cosas que ocurren en la Costa del Sol. Aquí puedes leer la investigación de Antonio M. Vélez y Néstor Cenizo.
Ahora os presentamos algunas informaciones de otros medios que nos han parecido interesantes:
Se acabó por esta semana. El próximo jueves nos volvemos a ver. Si tienes cualquier propuesta o recomendación escríbenos a contraoferta@eldiario.es.
¡Buena semana!
Sobre este blog
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Rodrigo Ponce de León, redactor jefe de Economía de elDiario.es, te trae cada jueves una newsletter con la información económica que te importa con un punto de vista riguroso y diferente. Pese a su valor, no te cobramos nada por apuntarte ni por recibir el boletín. Suscríbete aquí:
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