Si se pudiera hacer una encuesta a las personas que en los años 80 participaron en el movimiento ecologista en Cantabria y se les preguntara cual fue para ellas el momento en que este se consolidó, seguramente la mayor parte nos hablaría de las movilizaciones para salvar Oyambre. Esto nos situaría entre 1985 y 1986, cuando fueron más intensas y mayor eco tuvieron en los medios de comunicación.
Sin embargo, los orígenes del movimiento ecologista en la comunidad autónoma hay que buscarlos una década antes, cuando la movilización ciudadana tomó fuerza tras la muerte de Franco. Hasta ahora no ha habido muchos estudios que se hayan ocupado del tema; es como si un velo de olvido se hubiera tendido sobre sus luchas. En esta línea, cuando hacemos una búsqueda en internet sobre estos espacios (Oyambre, Marismas de Santoña, Dunas de Somo-Loredo, Saja-Nansa, Playa de La Arena, Las Llamas…) cuesta encontrar referencias a las movilizaciones que pararon o limitaron su destrucción ante el avance del “progreso”.
Con el grado de conocimiento que tenemos en este momento, podemos situar en 1977 el punto cero de las movilizaciones con trasfondo medioambiental. Fue en ese año, cuando la respuesta ciudadana contra el proyecto de urbanización de Castro Novo y contra la instalación de la Central Nuclear de Santillán, en San Vicente de la Barquera, llegaron a la opinión pública. Esto no es contradictorio con que desde 1974 o 1975, las primeras asociaciones de vecinos empezaran a reclamar la urbanización de sus barrios (asfaltado, alcantarillado o zonas verdes). En definitiva, hacer las ciudades más habitables.
En enero de 1977, el periódico La Ilustración de Castro publicó una entrevista al arquitecto catalán Ricardo Bofill, en la que presentaba el proyecto de construir una ciudad residencial capaz de albergar a 25.000 personas en Castro Urdiales, cuyo fin último era descongestionar el Gran Bilbao. El proyecto llevaba fraguándose cinco años, en los que los promotores habían hecho una compra masiva de terrenos rústicos y contaban con la recalificación del Plan General y la futura construcción de la autopista entre Castro y Bilbao como valores de su inversión. El proyecto se denominó Castro Novo, y suponía una importantísima alteración en el paisaje urbano, con la pérdida de zonas de gran valor natural, además de no dar respuesta a los numerosos problemas que afectaban a la vida cotidiana de los castreños.
El movimiento ciudadano de oposición a Castro Novo forjó el nacimiento de la organización política Izquierda Castreña Unida, que canalizó las movilizaciones populares y exigió la convocatoria de un referéndum en el municipio para que los vecinos decidiesen sobre el futuro de la urbanización. Tras dos años de asambleas populares, una marcha a pie hacia Santander y el inicio de una dramática huelga de hambre, el 11 de octubre de 1979 se aprobó la celebración del referéndum en un pleno municipal extraordinario. Dos meses después tuvo lugar la votación en la que el 'no' logró la victoria con un 54% de los apoyos, según explica Juantxu Bazán.
Prácticamente al mismo tiempo, la prensa se hizo eco de la oposición de los vecinos de San Vicente de la Barquera al proyecto de construcción de una central nuclear en Santillán. El 5 de marzo, la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC) programó un acto de presentación de su organización en San Vicente al que asistieron unos 1.000 vecinos. Dada la inquietud existente, el acto terminaría convirtiéndose en una manifestación de oposición a la central nuclear que tuvo como consecuencia la dimisión del alcalde.
El rechazo se extendió a los 11 municipios cántabros y asturianos próximos a la central que firmaron un documento conjunto. La celebración de coloquios, manifestaciones y marchas tuvo una presencia ciudadana masiva. Incluso, la Asociación de Afectados por la Central Nuclear de Santillán llegó a participar en la creación de la Coordinadora Estatal Antinuclear (CEAN) que se celebró en Soria en el mes de mayo. El debate sobre la energía nuclear saltó a la opinión pública regional consiguiendo un apoyo de todas las fuerzas políticas y sindicales, salvo la de Alianza Popular y Unión de Centro Democrático. El proyecto fue aplazado y terminó por archivarse con la moratoria nuclear que el PSOE aprobó en 1984.
En este momento, los contados grupos ecologistas que conocemos estaban insertos dentro de otras organizaciones, como fue el caso del Colectivo Ecologista que funcionaba dentro de la CNT de Santander. Esta agrupación estuvo muy activa en la lucha antinuclear, llegando a convocar una manifestación el 18 de abril de 1979 en Santander, coincidiendo con la campaña contra el Plan Energético Nacional que estaba a punto de aprobarse en el Congreso de los Diputados.
Por otra parte, ADIC, tras las movilizaciones de San Vicente de la Barquera, se convirtió en un altavoz de “los problemas concretos” que afectaban a la región. En su II Asamblea General, celebrada en diciembre de 1977, se creó una comisión de ecología que capitalizaría las incipientes demandas de carácter medio ambiental. En 1979 denunció la contaminación del agua del abastecimiento urbano de Torrelavega por “gérmenes provenientes de la descomposición de materia orgánica del agua”, que se achacaba al vertido incontrolado que una granja del Valle de Iguña hacía al río Besaya.
Esta denuncia provocó enfrentamientos con el Ayuntamiento y con la Diputación, que no querían reconocer el problema por la alarma social que se podía generar. Desde su boletín dio voz al colectivo ALSERCA, que denunciaba los rellenos de la Bahía de Santander; su apoyo fue fundamental para difundir entre la opinión pública la extracción de arena de las playas, destinada a la construcción. El 13 de junio de 1981 convocaron una protesta en Somo por la extracción de 1.344 toneladas diarias de arena de las dunas, que las constructoras llevaban haciendo desde al menos dos años y medio. El negocio se completaba con la construcción de viviendas al borde mismo de la playa.
Ya en la primera mitad de los años 80 comenzaron a surgir asociaciones ecologistas con una vocación claramente conservacionista. Entre sus primeras reivindicaciones estaban la protección de especies como el acebo y el urogallo, o de espacios amenazados por la acción del hombre, como las marismas o los bosques autóctonos. En 1982 se crearon el Grupo Ecologista Cantabria (GEC) y la Confederación Ecologista de Campoo y Reinosa, que agrupaba a dos asociaciones de la comarca. Al año siguiente convocaron a través de la prensa una reunión dirigida a los grupos e individuos interesados en “coordinar esfuerzos en la defensa del medio ambiente cántabro”.
Pero fue en 1984 cuando se creó el mayor número de ellas, coincidiendo con la difusión informativa de los proyectos de construcción en Oyambre: Grupo para el Estudio y Defensa de los Ecosistemas Naturales (GEDEN) de Torrelavega; Asociación para la Defensa de Playas y Costas; Asociación Ecologista de Camargo; Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), la mayor organización ecologista de Cantabria en número de socios que se mantiene con dicho nombre hasta la actualidad; Asociación Naturalista y Ecologista ALCARAVAN de Guarnizo (El Astillero); Grupo Naturalista de Castro Urdiales (GRUNAC); Grupo Ecologista de Cazoña, que surgió al socaire del Instituto de Enseñanza Media Torres Quevedo de Santander.
El periodista Alfonso Bourgón medía el aumento del interés social que había adquirido la protección de la naturaleza en Cantabria por el número de asociaciones que estaban en activo en octubre de 1985: “Un total de dieciséis organizaciones conservacionistas operan actualmente en la región. Este importante número indica, sin duda, un notable incremento del interés general y del grado de concienciación de la opinión pública de Cantabria, en todos aquellos aspectos relacionados con la protección del medio natural”.
Sin embargo, a estas alturas y tras el inicio de las movilizaciones para salvar las dunas de Oyambre de la especulación urbanística, se había hecho evidente la necesidad que tenía el fragmentado movimiento ecologista de coordinar sus acciones para la defensa efectiva de la naturaleza cuando se enfrentaban a grandes intereses económicos y a la pasividad de las administraciones. Así, tras la masiva manifestación en la playa de Oyambre del domingo anterior, nacía la Coordinadora de Defensa del Litoral el 23 de marzo de 1985.
Emilio Carrera, miembro histórico de la coordinadora, la definió como “una amalgama de grupos conservacionistas, ecologistas, asociaciones ciudadanas, sindicatos y partidos (incluida ARCA que pronto declararía su autonomía, distanciándose de ella), muchos de los cuales desaparecerán o secundarán las iniciativas del núcleo estable de la organización”. En 1986 modificaría su nombre por el de Coordinadora de Defensa del Litoral y Tierras de Cantabria y, finalmente, por el de Coordinadora Ecologista Cántabra. A partir de 1987 empezó a participar en CAME (Coordinadora Asamblearia del Movimiento Ecologista).
Son muchos los hitos en los que el movimiento ecologista de Cantabria ha dejado su legado desde su consolidación en 1985 (la defensa de las marismas de Santoña, la oposición a la Presa de Riaño y a la de Vega de Pas, el parque de las Llamas, de la Playa de la Arena, el posicionamiento en contra de la construcción de incineradoras, la declaración del Parque Nacional de los Picos de Europa…) y por los que aún hoy continúa peleando para su defensa. Logros que la ciudadanía disfrutamos, ignorando el trabajo que unos cientos de militantes han desarrollado en la protección del medio ambiente, sin un reconocimiento social mayoritario e, incluso, contrariamente, experimentando en ocasiones la incomprensión y el rechazo cortoplacista de sectores de la población.
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