Inmuebles de 30 metros cuadrados podrán reconvertirse en vivienda protegida en Cantabria para aumentar el parque público

El Gobierno de Cantabria ha iniciado la tramitación del nuevo Decreto por el que se aprobarán las Ordenanzas Generales de Diseño y Calidad para las Viviendas Protegidas de Cantabria que para facilitar la construcción y rehabilitación de más hogares, en este segundo caso, flexibilizando las exigencias para rehabilitación y cambio de uso.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este lunes la resolución por la que se somete al trámite conjunto de audiencia e información pública el proyecto del citado decreto, que permitirá actualizar un marco regulador con casi veinte años de vigencia para adaptarlo a las necesidades actuales de la sociedad, del sector de la construcción y de las políticas de acceso a la vivienda.

En concreto, según ha informado el Gobierno, la futura regulación sustituirá a la Orden OBR/4/2007, aprobada en un contexto normativo muy diferente al actual y anterior a buena parte de la legislación técnica hoy vigente en materia de edificación, accesibilidad, eficiencia energética y calidad constructiva.

La reforma responde a una filosofía de simplificación normativa y modernización administrativa. De este modo, el nuevo decreto elimina numerosas prescripciones técnicas que ya se encuentran reguladas por la normativa estatal y por el Código Técnico de la Edificación para evitar duplicidades, aportar una mayor seguridad jurídica y reducir cargas burocráticas tanto para los promotores como para las administraciones.

Esta actualización se enmarca en la misma línea de trabajo que el Ejecutivo de Cantabria ya desarrolló para la vivienda libre mediante la aprobación del Decreto 91/2024, de 14 de noviembre, por el que se regula el programa mínimo, dimensiones e iluminación natural de las viviendas en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Tras aquella reforma, que permitió adaptar y simplificar la normativa residencial, el Gobierno autonómico extiende ahora ese mismo proceso de modernización al ámbito de la vivienda protegida.

Contenido del nuevo decreto

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva regulación es la incorporación de mayores niveles de flexibilidad para las actuaciones de rehabilitación y cambio de uso. La norma adapta determinados requisitos a la realidad de los edificios existentes, facilitando que inmuebles actualmente infrautilizados puedan transformarse en viviendas protegidas.

Así, la nueva normativa mantiene “unos estándares adecuados de calidad” para la vivienda protegida de nueva construcción y establece superficies útiles mínimas de 40 metros cuadrados para viviendas de un dormitorio, 50 metros cuadrados para dos dormitorios, 60 metros cuadrados para tres dormitorios y 70 metros cuadrados para cuatro dormitorios.

Al mismo tiempo, flexibiliza las exigencias para actuaciones de rehabilitación y cambio de uso y permite superficies mínimas de 30, 45, 55 y 65 metros cuadrados, respectivamente, para facilitar la incorporación al mercado de nuevos inmuebles destinados a vivienda protegida.

Desde el Gobierno consideran que esta medida adquiere especial importancia “en los núcleos urbanos consolidados, donde la disponibilidad de suelo es limitada y donde la rehabilitación constituye una herramienta fundamental para incrementar la oferta de vivienda”.

Según el Ejecutivo, gracias a esta adaptación normativa “será posible aprovechar mejor el parque edificatorio existente, recuperar inmuebles en desuso y facilitar la puesta en marcha de más proyectos residenciales protegidos”.

La nueva regulación también incorpora criterios “plenamente alineados con las necesidades actuales de accesibilidad universal, sostenibilidad, eficiencia energética y calidad residencial”, garantizando que las viviendas protegidas ofrezcan espacios modernos, funcionales y adaptados a las formas de vida del siglo XXI.

Tramitación

El proyecto de decreto se somete ahora al trámite de audiencia e información pública. El plazo de presentación de alegaciones o sugerencias es de diez días hábiles a contar desde este martes 27.

El Ejecutivo dice que “considera fundamental contar con las aportaciones de los colegios profesionales, asociaciones del sector, entidades sociales, ayuntamientos y ciudadanía en general para enriquecer el texto durante su tramitación y lograr una normativa más sólida, segura, moderna y sencilla”.

El objetivo es que el resultado final sea “una regulación construida desde el diálogo y el consenso, que facilite la promoción de vivienda protegida, impulse la rehabilitación del parque inmobiliario existente y proporcione un marco normativo más simple, eficiente y adaptado a las necesidades de Cantabria”, ha indicado.