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La Audiencia de Cantabria juzga el desfalco en las cuentas de la sociedad pública Cementerio Jardín

Imagen del Cementerio de Ciriego, en Santander.

La Audiencia de Cantabria abre este martes 21 de noviembre el juicio contra la empleada de la sociedad Cementerio Jardín que está acusada de un presunto delito de apropiación indebida ante los indicios de un desfalco continuado en las cuentas de la empresa pública entre 2006 y 2011 que pudo alcanzar los 176.754 euros.

Los otros 'agujeros' en las cuentas de las empresas públicas de Santander

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Tanto la acusación particular como la Fiscalía reclaman para esta trabajadora del organismo dependiente del Ayuntamiento de Santander que se encarga de la comercialización de las unidades y servicios que se prestan en el Cementerio de Ciriego diferentes penas de cárcel, multa y una sanción económica para reembolsar la cantidad presuntamente sustraída.

En este procedimiento, que se juzgará en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, la empleada está acusada de aprovechar su condición de responsable de caja de la sociedad pública para quedarse con dinero en metálico que recibía de distintos clientes.  Según el fiscal, la acusada –que trabajaba en la mercantil que gestiona el cementerio santanderino de Ciriego- dejó de anotar en al menos 50 ocasiones facturas por cobros a clientes, disminuyendo así el saldo que tendría que haberse ingresado.

Los hechos constituyen, a juicio de la Fiscalía, un delito continuado de apropiación indebida, por lo que solicita una condena de dos años y tres meses de cárcel y una indemnización para la empresa del valor del importe detraído. La cantidad total que se quedó la trabajadora, según el Ministerio Público, asciende a 14.459 euros, una cifra que asciende significativamente para la acusación particular.

De hecho, la acusación ejercida por la propia sociedad Cementerio Jardín reclama una pena más elevada, de tres años y seis meses de cárcel, una multa de 4.500 euros, y una indemnización más alta, de 176.754 euros, después de que la Audiencia de Cantabria aceptara su tesis en un escrito de recurso y apreciara indicios de que la empleada pudo apropiarse de esa cantidad en distintos ejercicios entre 2006 y 2011.

El presunto desfalco se descubrió tras el cambio en la Gerencia de la sociedad pública en noviembre de 2011, cuando salieron a la luz los continuos descuadres en las cuentas de la empresa municipal, de la que el Ayuntamiento de Santander es el socio mayoritario.

La Fiscalía señala que esta empleada sabía que sus superiores no solían supervisar su labor contable, y comenzó a quedarse con cantidades de dinero cobradas a clientes. Según el Ministerio Público, para intentar que no se descubriera, la acusada "dejó de anotar esos cobros en las hojas diarias del libro de caja y tampoco hacía arqueos que permitieran comprobar las cantidades que se ingresaban".

Más casos

A lo largo de los últimos años se han descubierto otros casos similares, como el que provocó la dimisión de la concejala de Empleo y Desarrollo Empresarial de Santander, Noelia Espinosa (PP), acusada de apropiación indebida de fondos públicos en la sociedad municipal Santurban por un desvío de dinero de 6.270 euros, que ella misma reconoció al reponer el dinero una vez destapada la trama.

Además, en esa lista negra de gestión deficiente del dinero público ocupa un lugar de preferencia el desfalco de más un millón de euros por parte de una empleada de Mercasantander, sociedad participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Santander. Paloma González-Tarrío, gerente de la compañía, se apropió en total de más de 1,1 millones de euros para jugar en casinos online entre 2002 y 2007, utilizando ese dinero "como si fuera suyo", según recogió la sentencia que la condenó a cuatro años y cuatro meses de cárcel. 

En el juicio quedó demostrado que la acusada registró abonos de facturas por trabajos o servicios que nunca existieron y también pagos de dividendos al Ayuntamiento que tampoco se realizaron. Incluso llegó a falsificar documentos y supuestas autorizaciones del Consejo de Administración de esta empresa pública para pedir créditos bancarios con los que seguir haciendo frente a las pérdidas del juego. Reconoció en todo momento los hechos y los atribuyó a su ludopatía, aunque no fue suficiente para librarse de la condena.

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