Inspección de Trabajo constata que las condiciones laborales en Servicios Sociales de Torrelavega pueden dañar la salud de la plantilla

La Inspección de Trabajo lo ha tenido claro y ha dado la razón a la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Torrelavega que, hace unos meses y ante la inacción de la concejala de Servicios Sociales, Patricia Portilla; el concejal de Personal, José Luis Urraca; y el gerente de Servicios Sociales, David Orue; denunció que los y las trabajadoras del departamento de Servicios Sociales soportan factores de riesgo muy elevados que derivan en importantes daños para la salud.

A pesar de que un estudio de la Mutua Laboral ya recogía en 2017 que los y las trabajadoras de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrelavega sufrían factores de riesgo muy elevado y que incluso se proponían medidas para atajar el problema, Portilla, Urraca y Orue han hecho caso omiso a las recomendaciones y han seguido ignorando un problema que ha causado la indignación de los propios vecinos de la capital del Besaya, que veían pisoteados sus derechos como ciudadanos al no ser atendidos correctamente.

La Inspección de Trabajo ha constatado en su informe que, a partir de las actuaciones practicadas, “determinadas condiciones laborales existentes en las diferentes Unidades de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrelavega, tales como la organización y la carga de trabajo, las características de las tareas, los ritmos, la comunicación entre personal técnico y gerencia, entre otros, no son los adecuados”.

Para Daniel González, delegado sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Torrelavega, “se ha querido martirizar a los y las trabajadoras de los Servicios Sociales cuando estaba claro que el problema es la irregular gestión del personal y las continuas negligencias en la organización del departamento”. Además, matiza, “los únicos culpables son los responsables políticos que han hecho oídos sordos y en lugar de adoptar las medidas necesarias para paliar este malestar, se han dedicado a culpabilizar a la plantilla”.

El informe de la Inspección de Trabajo es claro y reconoce que las medidas que se han adoptado son, a todas luces, insuficientes, a pesar de que incluso “se encuentran propuestas en la planificación y por el propio departamento de Prevención del Ayuntamiento”. Para el inspector encargado de evaluar el servicio, “debe tenerse especialmente en cuenta que la evaluación de riesgos psicosociales detecta situación de riesgo muy elevado, que exigen una intervención inmediata”, concluye.

Por ello, la Inspección de Trabajo ha impuesto la adopción de medidas que deben cumplirse en el plazo de 15 días. Entre ellas figuran la implantación de todas las medidas y la realización de todas las actividades de prevención que se establecen en los resultados de la evaluación de riesgos psicosociales creado por un Grupo de Trabajo específico, con una planificación previa que incluya “los medios humanos y materiales necesarios y los recursos económicos precisos”.

Además, este grupo de trabajo será el encargado de establecer un calendario de reuniones periódicas para comprobar que las medidas se están implantando y están reduciendo hasta su total eliminación todas las situaciones de riesgo.

Para González, “ya es hora de que se reparen los derechos lesionados de los y las trabajadoras de los Servicios Sociales de Torrelavega, que han sido las víctimas de una locura política que ha derivado en un absoluto derroche de dinero público y ha perjudicado la salud de la plantilla”.

En este sentido, el delegado de CCOO ha apuntado a lo señalado en el informe de la Inspección de Trabajo: “La situación de riesgo psicosocial existente se ve especialmente agravada durante determinadas épocas del año con la convocatoria de ayudas extraordinarias que deben resolverse en un plazo determinado y que suponen importantes incrementos de las cargas de trabajo de la plantilla de Servicios Sociales sin que se haya previsto un sistema para sustituir a los trabajadores que se encuentran de baja o que tienen en suspenso su relación laboral por diferentes motivos” y ha recordado que la propia Subdirección de Protección Social del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) ya alertó al Ayuntamiento de que es inviable tratar de resolver las solicitudes a finales de año “si la intención es gestionar el fondo correctamente” cuando las ayudas son anuales.