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IU exige que La Pereda se destine exclusivamente a Servicios Sociales para "cerrar cualquier opción especuladora"

Presenta una moción al próximo pleno para que la calificación del suelo "no permita un cambio de uso de equipamiento sanitario-asistencial, a residencial"

La Residencia fue cerrada en 2012 por el Gobierno del PP y supuso la pérdida de 120 plazas de titularidad pública derivadas a centros privados

La Residencia La Pereda permanece cerrada desde hace cuatro años. | RUBÉN VIVAR

La Residencia La Pereda. | RUBÉN VIVAR

Izquierda Unidad de Santander reclamará en el próximo pleno del Ayuntamiento que la Residencia La Pereda "se destine exclusivamente a Servicios Sociales". La formación que encabeza el concejal Miguel Saro presenta una moción a debatir en la sesión plenaria que tendrá lugar el próximo jueves para "cerrar cualquier opción especuladora" sobre el solar ocupado por este edificio. De esta forma, IU pretende asegurarse "el compromiso municipal de que la calificación del suelo no permita un cambio de uso de equipamiento sanitario-asistencial, a residencial". 

"Todos somos conscientes de que el entorno de la residencia sería ideal para que el capital inmobiliario construya un edificio de viviendas de lujo, pero desde Izquierda Unida consideramos que se debe mantener el uso del suelo que garantice un equipamiento como la residencia de mayores", ha subrayado Saro en un comunicado. 

"Si permitiéramos ese cambio de uso, Santander daría de nuevo la espalda a sus necesidades reales de atención a los mayores a través de unos servicios de la dependencia públicos y de calidad, y optaríamos por entregar ese equipamiento a la demanda de segundas residencias de lujo para residentes de otras comunidades", ha explicado. 

IU ha recordado que el Centro de Atención a la Dependencia (CAD) La Pereda fue cerrado y liquidado en 2012 durante el mandato de Ignacio Diego, dentro de un plan de recortes sociales que también supuso la privatización de la gestión del Centro de Día de Castro Urdiales. En su momento se alegó que el centro de mayores no reunía las medidas de seguridad necesarias debido al deterioro del edificio.

Así pues, su cierre supuso la pérdida de 120 plazas de titularidad pública, cuyos residentes fueron derivados a centros concertados con el "consiguiente gasto que supone a las arcas autonómicas", han puntualizado desde IU. "A esto se añade el mantener dicho edificio cerrado, un gasto de 60.000 euros anuales, sin frenar su imparable deterioro", han recalcado.

Ante este escenario, Saro critica que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, "ha olvidado el compromiso adquirido durante la última campaña electoral", referido a la reapertura del edificio para usos sociales. "Pasada dicha campaña, el presidente regional olvidó e incumplió dicha propuesta", ha reprochado Saro.

Cuando surgió la crisis de los refugiados en Europa, el Gobierno de Cantabria propuso reabrir dicho centro como lugar de acogida y residencia para refugiados procedentes de la guerra de Siria. "Dicha oferta volvió a ser incumplida", ha recalcado IU. Pasado un tiempo, el Ejecutivo intentó vender el edificio a algún grupo privado dedicado a la gestión de residencias de la tercera edad, pero ese proceso y las sucesivas subastas quedaron desiertas.

Modificación del PGOU

Actualmente,el Gobierno de Cantabria está intentando vender dicho edificio en un proceso de liquidación de patrimonio público con el fin de cuadrar cuentas. Dicho "proceso de especulación", tal y como ha expuesto IU, "se está viendo frenado", ya que la parcela en la que se ubica el inmueble está calificada en el Plan General de Ordenación Urbana de Santander como equipamiento sanitario-asistencial, por lo que "no puede destinarse a usos de hostelería". 

La única opción posible, según ha detallado esta formación, es que el Consistorio apruebe una modificación puntual del ordenamiento urbano, "una posibilidad que, al menos por el momento, no ha trascendido", han asegurado.

Para esquivar dicha limitación, el Gobierno ha solicitado al Ayuntamiento de Santander iniciar el expediente de modificación puntual del Plan General de urbanismo "a fin de que pase a ser un equipamiento no público".

Por ello, IU solicitará que el Consistorio rechace cualquier tipo de modificación del PGOU, "especialmente aquellas que faciliten un cambio del uso del suelo". Asimismo, instará al Gobierno Autonómico a "cumplir su plan original e invertir para poder reabrir el edificio", han manifestado. "Nuestra intención es presionar para que el Gobierno regional cumpla su promesa inicial de reabrir el edificio y no especule con el suelo de la ciudad", ha concluido Saro. 

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