El Gobierno suprime los complementos salariales para los altos cargos
El nuevo Ejecutivo de Cantabria ha pisado el acelerador. Transcurrido un mes desde que tomaran las riendas de la Comunidad Autónoma, el bipartito PRC-PSOE ya se ha 'asentado' y ha comenzado a tomar decisiones de cierto calado. Además de declarar Torrelavega como zona de reindustrialización preferente y adoptar medidas para minimizar el impacto de la Lomce, el Consejo de Gobierno ha acordado suprimir los complementos salariales para los altos cargos, según ha anunciado este viernes la vicepresidenta y consejera de Universidad, Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos.
Gracias a una disposición adicional incluida en la Ley de 1999, en la conocida como Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2000, los funcionarios que cobrasen menos como altos cargos que en su puesto de origen tenían la posibilidad de exigir esa diferencia salarial.
Esta compensación económica ha estado recientemente en la 'picota' después de que tres altos cargos del Partido Popular (PP) la solicitaran el pasado mes de junio. Estando en el ejercicio de su cargo en funciones, la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz; el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna, y el director general de Justicia, Ángel Santiago, reclamaron una indemnización cercana a los 114.000 euros entre los tres, lo cual suscitó las críticas airadas de los sindicatos. UGT, Comisiones Obreras y STEC tacharon esta demanda de “obscena” e “impresentable”, especialmente después de los “cuatro años de recortes y de austeridad máxima”.
“No deja de ser inmoral que después del sacrificio económico exigido a los empleados públicos y a los ciudadanos, el Gobierno de Cantabria en funciones ya esté preparando una nómina del mes de junio para estos tres altos cargos con una cuantía económica sin precedentes”, denunciaron a través de un comunicado.
El jefe de filas de los populares, el expresidente regional Ignacio Diego, se puso de perfil al ser preguntado por esta cuestión, alegando que se trataba de “una decisión personal” que, además, “se apoya en una ley que fue aprobada en 1999”.
Tras la polémica, el exconsejero de Educación y el director general de Justicia renunciaron a cobrar dicho complemento, si bien ya habían ingresado la parte correspondiente a un mes. La extitular de Presidencia, por su parte, cobró íntegramente los 4.000 euros de diferencia salarial con su plaza como letrada de los Servicios Jurídicos del Ejecutivo autonómico. La retribución de los tres altos cargos del PP durante su gestión al frente del Gobierno fue de 56.000 euros.
Díaz Tezanos ha anunciado que el nuevo Gobierno, que ya aplica esta medida, iniciará los trámites parlamentarios para derogar la disposición adicional
Renuncia de Javier Amores
La derogación de este complemento se ha llevado por delante el nombramiento del juez Javier Amores como nuevo director general de Justicia. El consejero del ramo, el regionalista Rafael de la Sierra, había convencido a Amores para ocupar dicho cargo. A cambio, el magistrado había exigido no perder poder adquisitivo, una petición que De la Sierra iba a solventar a través de la disposición adicional de 1999.
Sin embargo, esta fórmula ha quedado derogada, con lo que el consejero de Justicia deberá buscar otros alicientes para convencer a Amores de que no renuncie al puesto.
“Ningún director general va a tener ningún tipo de complemento”, ha subrayado Díaz Tezanos al ser cuestionada por este nombramiento. La vicepresidenta ha recordado que ella “siempre” ha defendido la tesis de que “el que acepta ser alto cargo, acepta todas las condiciones”.
