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El Parlamento debatirá una iniciativa legislativa autonómica para trasladar la Ley de Vivienda de la PAH al Congreso

La PAH ha promovido una Ley de Vivienda que recoge todas sus reivindicaciones. |

Laro García

El Parlamento de Cantabria debatirá a lo largo del próximo periodo de sesiones una iniciativa legislativa autonómica por primera vez en sus más de tres décadas de autogobierno, y lo hará con el objetivo de trasladar al Congreso de los Diputados en el plazo más corto posible de tiempo la Ley de Vivienda impulsada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH).

Así lo han dado a conocer este martes en rueda de prensa la diputada nacional de Podemos por Cantabria, Rosana Alonso, y el parlamentario autonómico de la formación morada José Ramón Blanco, que han explicado que esta fórmula está contemplada en el artículo 87.2 de la Constitución española y servirá para agilizar los trámites legislativos de salir adelante.

Para ello, para que la proposición de ley sea aprobada en Cantabria y se traslade al Congreso de los Diputados, necesitará obtener una mayoría absoluta en la Cámara regional, por lo que Podemos buscará el apoyo de otros grupos parlamentarios, principalmente de los dos que sostienen al Gobierno autonómico, PRC y PSOE, dado que sus dos secretarios generales firmaron recientemente un compromiso con la PAH y reconocieron las reivindicaciones del colectivo antidesahucios.

“Cantabria tiene que dar un paso al frente. Este Parlamento y esta comunidad autónoma no pueden mirar para otro lado. No podemos ser neutrales, estamos obligados a elegir bando: o estamos con los ciudadanos a los que representamos o estaremos con los que desahucian sin ningún tipo de escrúpulo, con los que han estafado a miles de familias, con los que amenazan y aterrorizan a nuestro pueblo”, ha subrayado Blanco durante la presentación de la iniciativa.

En este sentido, el diputado de la formación morada, -que fue uno de los fundadores de la PAH en Santander antes de liderar la candidatura de Podemos al Parlamento de Cantabria-, ha apelado a la “responsabilidad” de los diputados y ha recalcado que esta normativa “beneficia a toda la ciudadanía cántabra”.

A su juicio, la situación en Cantabria es “tan dramática y tan terrorífica como a nivel nacional”, y ha recordado que solo en el año 2017, a falta de que se hagan públicos los datos del último trimestre por parte del Consejo General del Poder Judicial, “ha habido 516 desahucios entre lanzamientos de hipotecas y lanzamientos de alquileres”, cifras cercanas a los 654 desahucios de 2016 o los 773 de 2015.

Motivos “legales y sociales”

Por su parte, Alonso ha defendido motivos “legales y sociales” para apoyar esta iniciativa, apelando a la necesidad de conseguir una sociedad “digna, igualitaria y donde los intereses económicos de unos pocos no estén por encima de los derechos fundamentales de la mayoría social”, al tiempo que ha señalado las multas impuestas a España desde Europa por no adaptar la ley hipotecaria a los derechos del consumidor.

La diputada nacional ha relatado que desde 2008 se han producido en nuestro país 721.000 ejecuciones hipotecarias y 515.000 desahucios, y ha insistido en que el alquiler cada vez supone un problema “más grave”. En este sentido, ha indicado que el 54% de los 67.359 desahucios que se produjeron en 2016 estaban relacionados con este aspecto.

Trámites y plazos

La Proposición de Ley de Emergencia Habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética, conocida como la Ley de Vivienda de la PAH -y que la propia Plataforma de Afectados por la Hipoteca registró el 10 de enero en el Congreso- recoge las medidas incluidas en el manifiesto de 'Las 5 de la PAH', que se resumen en la dación en pago retroactiva, el alquiler asequible y estable, stop desahucios, vivienda social y suministros básicos garantizados.

Dado que la implantación de estas medidas requiere de la modificación de leyes estatales, la aprobación de la iniciativa tiene que producirse en el Congreso, pero se ha elegido presentarla primero en Cantabria porque la tramitación es “más ágil”.

A juicio de Blanco, si existe voluntad política, la normativa podría tramitarse en el plazo aproximado de tres meses, durante el presente periodo de sesiones, para que posteriormente tres diputados del Parlamento de Cantabria la defiendan en el Congreso de los Diputados como una reivindicación de la propia comunidad autónoma, con un carácter más institucional que político.

Tras el anuncio realizado por Podemos, los portavoces parlamentarios de PRC y PSOE han confirmado que apoyarán la iniciativa. Los tres grupos han comenzado a trabajar conjuntamente para redactar las enmiendas parciales que se presenten, en colaboración con la propia PAH, lo que deja aún más cerca la posibilidad de que esta proposición de ley supere todos los escollos en la Cámara autónomica y se remita a continuación al Congreso de los Diputados.

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