PRC y PSOE bloquean la Ley de Autoridad Docente del Partido Popular porque solo se centra en el régimen disciplinario

Los grupos parlamentarios regionalista y socialista han registrado este miércoles sendas enmiendas a la totalidad a la Ley de Autoridad del Profesorado y Convivencia Escolar de Cantabria, al considerar que el texto del Ejecutivo autonómico (PP) “adolece de importantes deficiencias”, “se centra” en el régimen disciplinario en lugar de la convivencia y desarrolla “insuficientemente” las condiciones para ejercer “de verdad” la autoridad docente.

Con el bloqueo de los dos principales partidos de oposición, el texto llega al Parlamento sin los apoyos necesarios y requeriría los votos favorables de Vox.

Frente al documento propuesto por el Gobierno de Cantabria, el PRC ha presentado un texto alternativo en el que se impulsa la convivencia escolar y la protección de la función docente, mediante la mejora de las condiciones del profesorado con la participación de todos los colectivos.

Para la diputada del PRC Paula Fernández, el documento de la Consejería de Educación es una “oportunidad perdida” dado que “la convivencia se garantiza simplemente con aumentar las sanciones y se limita a ser un protocolo administrativo más, lleno de burocracia”.

La formación quiere cambiar el enfoque “totalmente” y ha trabajado en un borrador titulado 'Ley de Convivencia Escolar y Protección de la Función Docente en Cantabria', ya que “la autoridad no es un fin en sí mismo, sino una garantía para el derecho a la educación”, ha defendido.

El portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha explicado que el texto de su grupo, compuesto por 27 artículos y disposiciones, se basa en la prevención, la corresponsabilidad educativa, la protección de los docentes, la intervención posterior y la reparación del daño para mejorar la convivencia escolar.

En su opinión, hablar de convivencia “no es hablar de autoridad del profesor” sino de “responsabilidad compartida” entre el alumnado, el profesorado, las familias, los equipos directivos y el personal de la administración y servicios.

“Es necesario apoyar a los profesores, no con buenas palabras o con declaraciones incorporadas en la exposición de motivos, como hace el texto del Partido Popular, sino con artículos concretos, con capacidad legislativa concreta, prevista en nuestra ley”, ha dicho.

Así, el proyecto regionalista pasa de la idea de “un modelo centrado en el régimen disciplinario, que es el que ha traído el Partido Popular”, a un sistema integral de convivencia en el que el régimen disciplinario aparece al final de todo un proceso.

Ha defendido que su propuesta refuerza la seguridad jurídica de la ley y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa; ordena y sistematiza el articulado; e introduce una misión preventiva y evaluadora de todas las políticas públicas.

De este modo, ve necesario que el PP y el titular de Educación, Sergio Silva, “reflexionen” respecto a ese “cambio de concepto” para que el objetivo sea “la convivencia y la función docente” y “no la autoridad del profesorado y luego la convivencia escolar”.

“Revisión profunda”, pide el PSOE

Por su parte, el PSOE ha pedido una “revisión profunda” del texto presentado por el Ejecutivo porque, en su opinión, “no garantiza capacidad real y efectiva ni medios, tiempo y recursos” a los docentes “para actuar frente al problema que se pretende resolver”.

El portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias, ha avanzado que rechazará cualquier proyecto “que simplemente diga que el profesorado es autoridad” y que quiere una ley que defienda una autoridad “respetada, ejercida y respaldada”, ha añadido.

Para él, el texto 'popular' “no responde adecuadamente a la situación actual ni a las necesidades reales”, ya que en “apenas” 18 páginas declara y ordena derechos y mecanismos existentes mientras “deja insuficientemente desarrolladas” las condiciones para ejercer “de verdad la autoridad docente”, ha afirmado.

En esta línea, ha reivindicado que una autoridad pública puede reconocerse jurídicamente y que la autoridad docente “se construye mediante prestigio profesional, autonomía pedagógica, confianza social, recursos, formación, respaldo de la Administración y capacidad real para intervenir ante los conflictos”.

Por ello, ha recalcado que esta enmienda a la totalidad no es una oposición a la autoridad docente ni a “una respuesta firme ante la violencia” sino una exigencia al PP para elaborar una ley “más ambiciosa” y que aporte algo “sustancial, que no empobrezca el modelo de convivencia existente y que convierta el reconocimiento formal de la autoridad en protección y apoyo efectivo”.

Además, ha indicado que la condición del profesorado como autoridad pública y la presunción de veracidad en el ejercicio de sus funciones ya las reconoce la legislación estatal y que existen mecanismos de protección jurídica y un marco autonómico de convivencia escolar.

Por ello, ha reclamado que la nueva ley cántabra “debe justificar con claridad qué problemas nuevos resuelve y qué instrumentos nuevos aporta”. “Corre el riesgo de duplicar regulación y aumentar la complejidad normativa sin mejorar proporcionalmente la respuesta de los centros”, ha agregado.

Sobre el respaldo, ha asegurado que “debe traducirse en autonomía profesional, respeto a los criterios pedagógicos, protección frente a presiones indebidas, apoyo jurídico, reconocimiento de responsabilidades, formación útil y condiciones laborales que permitan atender adecuadamente al alumnado”.

También ha reclamado que la ley reconozca que “muchos problemas de convivencia tienen una dimensión estructural”. “No se puede pedir al profesorado que sea docente, tutor, mediador, responsable de convivencia, detector de violencia y gestor de múltiples protocolos sin garantizar tiempo y recursos”, ha concluido.

Preocupación por el informe PISA

Por otro lado, el PRC ha trasladado su preocupación por la evolución de los resultados del informe PISA, en los que los alumnos cántabros bajan sus puntuaciones respecto a los informes de los últimos años, pese a que “nunca se ha invertido tanto” en educación y los profesores “nunca han trabajado tanto” como en esta legislatura.

Fernández ha señalado que, aunque la responsabilidad de estos resultados “no sea exclusiva” del consejero de Educación, Sergio Silva, éste “tiene mucho que contar y, sobre todo, tiene mucho que corregir”.

“En este momento la caída es muy preocupante a nivel nacional y de Cantabria. Esperamos que el consejero ponga una solución para que estos resultados, sin ninguna duda, cambien”, ha manifestado.

Al respecto, ha destacado que “los mejores resultados se han dado cuando el Partido Regionalista, por primera vez en su historia, ha tenido como responsabilidad la educación de Cantabria”.