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El PRC retira su iniciativa sobre el polígono para ampliar el futuro Centro de Datos Altamira y exige garantías medioambientales y jurídicas

Reunión del portavoz parlamentario del PRC y el alcalde de Villaescusa con los afectadas por la actuación del polígono de Solía.

elDiario.es Cantabria

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El Grupo Parlamentario Regionalista retirará “por responsabilidad” la proposición de ley registrada el pasado 22 de junio para modificar el Plan de Ordenación del Litoral (POL) e incorporar una nueva Actuación Integral Estratégica Productiva (AIEP) que facilite la creación del polígono industrial de Morero-Solía 'Federico Cobo', entre los municipios de Villaescusa, El Astillero, Piélagos y Camargo “con las máximas garantías jurídicas y ambientales”.

Así lo han dado a conocer esta tarde en declaraciones a los medios de comunicación el portavoz parlamentario, Pedro Hernando, y el alcalde de Villaescusa, el también regionalista Constantino Fernández, quienes han señalado que la proposición de ley “no garantiza suficientemente la necesidad de información ambiental, de información territorial y de participación ciudadana y del resto de las administraciones que requiere una actuación de ese tipo”.

“No estamos dispuestos a pasar 15 años en los tribunales porque alguien, por no haber hecho bien las cosas desde el inicio, acabe recurriendo esa actuación”, han manifestado tras comunicar esta decisión a los afectados con quienes se han reunido esta tarde en el Parlamento y tras la marcha que secundaron el domingo más de un centenar de personas en contra de la misma.

Precisamente, esta proposición de ley debería de haberse debatido en el Pleno de este lunes. Sin embargo, el PRC aplazó su debate y finalmente la retirará a primera hora de este miércoles.

Aunque ambos dirigentes regionalistas han reafirmado su apuesta por la creación de un espacio industrial en la zona, han subrayado que este proyecto “debe abordarse desde la participación y el consenso, con las máximas garantías jurídicas y ambientales”.

“Es prioritario conseguir un proyecto ambientalmente escrupuloso y jurídicamente inatacable para no arriesgarnos a pasar 15 años en los tribunales de justicia por carencias y fallos en la tramitación”, han reiterado.

El PRC registró a principios de verano una proposición de ley con el objetivo de impulsar la modificación del POL necesaria para adecuar este espacio a futuros usos industriales y logísticos.

Los regionalistas “optaron por esa vía” al entender que “ofrecía mayores garantías” que la modificación del POL a través de enmiendas a otras leyes “sin relación directa con la materia”, como la de transporte marítimo o la de vivienda, “tal como pretendía hacer el Partido Popular”.

Sin embargo, tras analizar “detalladamente” la actuación con los propietarios de los terrenos, asociaciones conservacionistas, colectivos afectados y ayuntamientos, especialmente el de Villaescusa, Hernando ha abogado por revisar la vía elegida inicialmente.

“Para el PRC, esta actuación era y sigue siendo prioritaria, pero debe contar con todos los estudios previos necesarios, los mecanismos de participación y los parabienes legales para que la tramitación sea exhaustiva, garantista e irreprochable desde el punto de vista ambiental y jurídico”, ha recalcado.

En este sentido, el portavoz del PRC ha apostado por analizar si son necesarias las más de 63 hectáreas inicialmente previstas y estudiar la posibilidad de permitir otros usos dentro del ámbito de actuación, entre ellos los agrícolas y ganaderos, el desarrollo de viviendas o la creación de zonas verdes.

Por su parte, el alcalde ha recalcado la necesidad de suelo industrial en el municipio, existente desde 1983, pero “que no se ha llegado a desarrollar”, ha señalado.

Al respecto, ha detallado que el Ayuntamiento puso en marcha el año pasado una modificación puntual con el anuncio del centro de datos Altamira, modificación que “sigue adelante” para que los vecinos del barrio La Frontera “tengan una seguridad jurídica y no tengan que estar vendiendo sus parcelas para irse a comprar una vivienda fuera”.

“Apoyamos ese futuro centro de datos, apoyamos que se desarrolle el suelo industrial, pero con una seguridad jurídica y ambiental”, ha incidido.

Pelota en el tejado del Gobierno

A partir de ahora, los regionalistas esperan que sea el Gobierno de la 'popular' María José Sáenz de Buruaga quien presente un proyecto de ley específico, “acompañado de los informes, análisis y procesos participativos necesarios y exigidos por la propia normativa del POL y la de evaluación ambiental”.

“Ahora la pelota está en el tejado del Gobierno y esperamos que tramiten una ley con todas las garantías, porque es mejor hacer las cosas bien que hacerlas a toda prisa”, han precisado.

Finalmente, Hernando y Fernández han subrayado su disposición a colaborar para conseguir que el espacio industrial entre Villaescusa, El Astillero, Piélagos y Camargo “sea una realidad cuanto antes y sirva para completar el corredor de actividad económica entre Santander y Torrelavega, con una dimensión adecuada al interés general y al de todos los vecinos afectados en los diferentes municipios”.

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