La legalidad vigente

Suelo echar a temblar cuando alguien pone la “legalidad vigente” por delante de la razón, de la política, del sentido común y del diálogo. Era bajo la “legalidad vigente” que se realizaron consejos de guerra y juicios preñados de legalidad que condenaron a civiles inermes durante la larga dictadura de Francisco Franco y el puñado de canallas que lo acolitaban (y que siguen en las cúpulas). Era bajo la “legalidad vigente” que la dictadura de Pinochet, o la de Batista, o la de Videla, que se encarcelaba, se condenaba a la muerte civil o se ilegalizaba el disenso en sus países.

Fue bajo la “legalidad vigente” que en este Estado en el que resido –el español- se ilegalizaron hace unos años partidos políticos antes de plantearse hacer política y es bajo la actual “legalidad vigente” que se siguen violando los derechos humanos de los presos condenados por terrorismo que siguen tan alejados de sus casas como condenados a esperar la rendición humillada de una ETA de la que ya muchos jóvenes ni siquiera tienen memoria.

Es “legalidad vigente” la Ley Mordaza, y es “legalidad vigente” el techo de gasto. “Legalidad vigente” es la ley hipotecaria declarada ilegal por la Unión Europea. Bajo la “legalidad vigente” se tortura en algunas comisarías del país, como denuncia año tras año, Amnistía Internacional, y los Centros de Internamiento de Extranjeros (los tristemente famosos CIE) donde se vive en la tortura y bajo detención de hecho corresponde a esa “legalidad vigente”. “Legalidad vigente” es la pírrica fiscalidad a las que están sometidas las SICAV y “legalidad vigente” es que un partido político que ha financiado de manera ilegal sus campañas pueda gobernarnos desde la “legalidad vigente”.

Por eso, me echo a temblar cuando veo que la única respuesta que tienen el Gobierno central ante el referéndum soberanista de Cataluña es la “legalidad vigente”, en manos, fundamentalmente, del Fiscal General del Estado, que es brazo legal del Gobierno aunque este lo quiera disfrazar de división de poderes.

Tiemblo y me enfado mucho cuando veo que la Guardia Civil, un cuerpo del Estado con un largo historial antidemocrático, es el ejecutor de la estrategia de Madrid, que pasa por detener a altos cargos de la Generalitat, por revisar y confiscar material que es parte del ejercicio de la libertad de expresión y necesario para el disenso. Me cabreo al ver cómo la mayoría de los ciudadanos vemos la escalada represiva por televisión, como si de un partido de fútbol se tratara, cuando el mensaje que se está lanzando es tan brutal: quien se mueva de la foto se va al trullo.

Los disensos políticos –por inmensos que sean- sólo se pueden solucionar con política. Pero, para que eso ocurra, hay que tener políticos, y no ‘gerentes’ de partidos que funcionan como empresas que defienden intereses particulares y no entienden –porque no quieren hacerlo- a sus sociedades. Y me enfado porque entonces creo que lo que se quiere –aunque no se confiese- es violencia. Violencia que se calcula en votos, violencia que alimentaría el nacionalismo español tanto o menos como al nacionalismo catalán.

Yo no soy nacionalista ni creo en las identidades atávicas –es lo que tiene haber nacido en territorio de conquistas, haber viajado mucho y haber vivido en muchas patrias que, temporalmente, han sido la mía-. Soy profundamente internacionalista y odio casi tanto los pasaportes, como las fronteras y las banderas (ese pedazo de trapo tan manchado de sangre sea cuales sean sus colores). Pero creo en el derecho a la autodeterminación, creo en la necesidad de mecanismos de democracia más o menos directa que permitan a las sociedades elegir su rumbo. Tengo pasaporte español y no quiero votar sobre el futuro de Cataluña. Es su futuro. Y no voy a escribir qué pienso de la perspectiva de una Cataluña independiente, porque ese no es el asunto que me da terror y me provoca enfado.

Pero no me gusta que sea la “legalidad vigente” la que marque mi destino ni el de nadie porque sé, como bien sabe cualquier totalitario, que la legalidad vigente responde a intereses burgueses, que no hemos participado en su conformación y que no me aguanto a nadie que me cuente el mito de la Constitución y su votación mayoritaria. Política, política y política… que se podría traducir en atornillar a una silla a todos los actores de la demencia plurinacional a la que asistimos y obligarlos a hablar hasta encontrar un mínimo acuerdo que permita seguir adelante… y no este espectáculo que tanto se parece al pasado del que tan poco se habla y por tanto, que es tan fácil de repetir.